El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el periodo del 25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021, resaltó el quinto aniversario del Acuerdo Final de Paz como 'una oportunidad para que los actores involucrados en la construcción de paz y la sociedad colombiana aborden el estado de la implementación, reconociendo los avances históricos, así como los enormes desafíos que persisten'.
No obstante, reitera su preocupación por las amenazas a la consolidación de la paz, especialmente la persistencia de la violencia en zonas priorizadas para la implementación.
Frente a la reincorporación, el secretario general destaca que entre los elementos más importantes del Acuerdo están 'los que crean las condiciones para la transición a la vida civil de excombatientes que dejaron las armas y siguen comprometidos con la paz'.
Durante este periodo, reportó, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó 8 proyectos productivos colectivos y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización aprobó 370 proyectos individuales.
El informe informa además que, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, casi el 59% de los más de 13.000 excombatientes acreditados, incluyendo el 64% de las mujeres excombatientes, participan en proyectos productivos.
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'En estos cinco años, la violencia contra líderes sociales, excombatientes, y comunidades se ha concentrado principalmente en 30 municipios, la mayor parte de ellos priorizados para la implementación del Acuerdo. Después de cinco años, la violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición a la vida civil. Desde la firma del Acuerdo, 303 excombatientes (10 mujeres) han sido asesinados, diez durante el periodo del informe, entre ellos, María Muñoz, excombatiente indígena del Cauca. Aunque el informe resalta que los asesinatos de excombatientes han disminuido en un 27% en el último año, señala también que hay una tendencia creciente de amenazas por parte de grupos armados ilegales contra excombatientes que participan en iniciativas colectivas, afectando sus proyectos productivos y cooperativas', se lee en el comunicado.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 34 defensores y defensoras de los derechos humanos (siete casos verificados y 27 en proceso de verificación). También, se documentaron siete masacres que dejaron 29 víctimas, sumando 56 masacres y 222 víctimas en 2021. Además, La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta que, en 2021, aproximadamente 72.600 personas han sido desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente, afectando notoriamente a comunidades indígenas y afrocolombianas.
Y concluye el documento destacando 'desarrollos importantes en el marco el trabajo de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, incluido el reconocimiento de responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública acusados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Caso 03, conocido como el de 'falsos positivos''.
Este informe será presentado por el representante especial del secretario general en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 20 de enero.
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