Un juez de Barranquilla decidirá este viernes si envía o no a la cárcel a los tres capturados por el escándalo del Mintic: el empresario Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación'; el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y el vicepresidente de Rave Seguros, Juan José Laverde.
Dos testigos claves de la Fiscalía tendrían información sobre los recursos que se destinaron para el proyecto de llevar internet a más de 7 mil escuelas públicas rurales de 15 departamentos del país y de cómo se adjudicó dicho contrato.
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Los testigos son Robert Antonio Gómez, representante legal de FunTIC y Alfredo Amín Jesús Yaber, quien habría asesorado a tres de las empresas que conforman Centros Poblados.
Gómez reveló que desde el principio la Unión Temporal sabía que no contaba con la capacidad financiera para asumir el proyecto y por este motivo se habría respaldado en varias empresas. Esta gestión habría sido adelantada por Emilio Tapia, Yaber y alguien llamado Mauricio, quien sería reconocido en la costa.
El testigo habría detallado además cómo lograron adjudicarse el contrato, y aseguró que quienes asesoraron y representaron realmente a esas empresas habrían sido Alfredo Yaber y el sujeto llamado Mauricio.
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