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A la familia de Hemerson Salas González jamás se le pasó por la cabeza sepultar, a temprana edad (29 años), el cuerpo de su pariente y mucho menos que ese ritual lo harían en suelo extranjero. El joven apenas tenía siete meses de vivir en Barranquilla, pues había llegado desde Venezuela con la intención de poder mejorar su calidad de vida y la de sus parientes.

Pero ese sueño se apagó de momento. Una bala perdida acabó con su vida, la tarde del pasado martes 24 de agosto, cuando fue alcanzado por el proyectil que fue accionado en medio de una riña que se registraba en las inmediaciones del Megacolegio Las Cayenas, a la altura de la Circunvalar, suroccidente de la capital del Atlántico.

La familia de Salas González relató que la pelea se originó en medio de la lluvia que cayó esa tarde. Hemerson desconocía que en varios sectores de la ciudad, cuando caen tres gotas de agua desde el cielo, las pandillas salen para enfrentarse en las calles, con armas artesanales, palos, piedras y demás objetos contundentes.

El desenlace del joven venezolano se suma a los más de 360 migrantes que, entre enero y agosto de 2021, han sido asesinados en Colombia. Según varios estudios, la mayoría de estos homicidios se dan por el desconocimiento que tienen los migrantes de la zona a la que llegan, así como de las distintas dinámicas que se dan en ese territorio de acogida.

Según las autoridades, de esa cifra de homicidios, el 88,1 % de las víctimas son hombres y el 11,9 % son mujeres, siendo Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia los departamentos con el mayor número de casos.

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Vulnerabilidad

Precisamente esta semana, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, presentó un informe en el que revela la grave situación de violaciones a los derechos humanos de la población venezolana que se encuentra residente en Colombia.

El informe ‘Graves violaciones de derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (2019-2020)’ hace un análisis partiendo de las cifras oficiales que manejan la Policía Nacional, Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y los datos del Sistema de Información de Codhes.

El documento también analizó los casos de amenazas, desplazamientos, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, xenofobia, desaparición forzada, delitos sexuales, a los que se debe enfrentar esta población en distintas zonas del país.

Luis Carlos Rodríguez De la Cruz, coordinador del área de migraciones forzadas y refugio de Codhes, indicó que el estudio se realizó con la intención de poder analizar las dinámicas relacionadas con las variables documentadas para poder determinar su incidencia en la población migrante.

'Vimos que en los territorios en donde se asentó esta población había preexistencia relacionada con la actuación de grupos armados y dinámicas muy difíciles. Vemos que la situación de irregularidad incrementa esas vulnerabilidades', señaló el investigador Rodríguez.

De igual manera, el académico expone que en la mayoría de los casos los homicidios se registran con armas de fuego. 'Esto significa que quien comete el crimen, de alguna manera, ejerce un grado de poder, pues no todo el mundo tiene un arma de fuego para resolver alguna situación', dijo.

{"titulo":"Menores migrantes estarían siendo explotados sexualmente en zona de frontera","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/menores-migrantes-estarian-siendo-explotados-sexualmente-en-zona-de-frontera-845459"}

Acciones

En diálogo con EL HERALDO, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indico que en la actualidad son varios frentes en los que trabaja la entidad para minimizar vulnerabilidades a las que están expuestos los migrantes y consisten en visitas humanitarias de verificación y acompañamiento en las comunidades de tránsito y acogida de esta población, para identificar los vacíos de protección y barreras de acceso a sus derechos para planificar las rutas de acción.

'Complementamos con campañas de divulgación para que la población migrante conozca sus beneficios, servicios y rutas de atención; y así, trabajando en incidir ante las autoridades, entidades territoriales, organismos gubernamentales y humanitarios en consecución de esos derechos. Otro frente estratégico es la red de alertas tempranas, que minimiza y previene la violación de los derechos de refugiados, migrantes y otras personas con necesidad de protección', señaló Camargo.

El funcionario también indicó que desde el organismo se le brinda a esta población capacitaciones 'para que tengan claros los derechos y beneficios a los que pueden acceder'. Así mismo, en caso de ser vulnerados sus derechos, 'se le apoya, instruye y acompaña en la formulación y presentación de los mecanismos de protección'.

De igual forma alertó que en los últimos meses 'se ha evidenciado poca gestión y presencia en las zonas donde hay entrada, tránsito y acogida de esta población', por lo que hizo un llamado a todos los organismos del Estado para ayudar a garantizar los derechos humanos de los migrantes.

Homicidios y amenazas

De acuerdo con el informe, entre enero del 2015 y diciembre de 2020 se han registrado 1.933 casos de homicidio en los que las víctimas son de nacionalidad venezolana, siendo los hombres jóvenes y menores de 29 años los mayormente victimizados, y el arma de fuego el mecanismo de muerte más utilizado.

El estudio reveló que en la región Caribe estructuras criminales 'amenazan' y 'difunden' mensajes de odio contra la población refugiada y migrante venezolana.

'En Gaira, Santa Marta, han aparecido mensajes que amenazan a mototaxistas venezolanos, firmados por supuestos miembros del Clan del Golfo. En Atlántico, la Defensoría alertó de amenazas a la población venezolana por parte de estructuras criminales en el suroccidente de Barranquilla, con razones xenófobas y aporofobia', indica el informe.

Fenómeno de desplazamiento

El informe expone otro delicado fenómeno que debe enfrentar esta población y está relacionado con los desplazamientos forzados, que según los investigadores 'muestran una doble expulsión'.

'En primer lugar, la migración forzada por la situación de múltiples crisis en Venezuela; en segundo lugar, como resultado del desplazamiento forzado asociado a experiencias de amenaza, violencia, discriminación o riesgos contra la vida y la integridad que vive la misma población de origen venezolano', sostiene el documento.

Según los registros del Codhes, hay estructuras armadas ilegales en las ciudades que 'han generado desplazamiento forzado intraurbano bajo amenaza a la población de origen venezolano cuando han incumplido con los pagos de arriendo en hospedajes, pagadiarios o inquilinatos de algunas capitales del país'.

Reclutamiento forzado de menores

Los riesgos de reclutamiento de menores de edad provenientes de Venezuela fue otro de los escenarios que analizó la organización.

El estudio determinó que estos crímenes son cometidos por miembros de estructuras delincuenciales, los cuales instrumentalizan a los niños 'para su vinculación a actividades asociadas al microtráfico, tráfico de armas y drogas, campaneros y mendicidad'.

'La victimización por reclutamiento es una realidad nacional con impactos desproporcionados en territorios de la frontera colombo-venezolana y que se desarrolla a ambos lados de la línea fronteriza, pero también llega, incluso, a las zonas urbanas', señala el informe.

El estudio también arrojó que entre 2017 y 2020 se registraron 33 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

{"titulo":"Habilitan oficina para la atención de migrantes en Sincelejo","enlace":"https://www.elheraldo.co/sucre/habilitan-oficina-para-la-atencion-de-migrantes-en-sincelejo-845151"}

Delitos sexuales y desapariciones

El documento pone en evidencia que la tendencia de la desaparición forzada de venezolanos en Colombia ha ido en aumento en los últimos años.

Para el periodo entre enero de 2015 y agosto de 2020, se tiene registro de 836 personas dadas por desaparecidas, siendo Bogotá la ciudad donde se registra el mayor número de casos con 311 registrados, seguido por Magdalena, Valle del Cauca y La Guajira.

'Se encontró que los delitos sexuales a esta población persisten como un fenómeno de especial riesgo para las mujeres'.

Señala la investigación que los delitos sexuales contra esta población 'persisten como un fenómeno de especial riesgo para las mujeres'.

'Los agresores han victimizado a 2.319 personas venezolanas entre enero de 2015 y agosto de 2020, siendo el 88,3 % de las víctimas de género femenino, y el 71 % menores de 18 años', dice Codhes.

Así están los colombianos retornados en la región Caribe

La Universidad del Atlántico y el Grupo de Investigación Interfacultades presentaron los resultados de una investigación que buscaba analizar las condiciones actuales de los colombianos retornados que se encuentran en la región Caribe. El estudio fue dirigido por el doctor y experto en migraciones Adriano Díez Jiménez.

La investigación que se centró en 10 territorios del Atlántico, mayormente del sur del departamento, determinó que los retornados viven con sus familias y la vivienda es propia, a diferencia de Barranquilla y Soledad en el que este patrón cambia por el alquiler.

'El 59,2 % de los retornados cuentan con ingresos familiares que oscilan entre los $400 mil pesos, principalmente en municipios como Sabanalarga, Campo de la Cruz, Ponedera y Repelón', señala el estudio.

Además se expone que las condiciones económicas de los retornados son precarias, bajo la informalidad con largas horas de trabajo y grandes brechas económicas entre hombres y mujeres.

Con relación a la cobertura al sistema de salud, se evidenció que prevalece el régimen subsidiado y el número de afiliados en el nivel contributivo en esta población es menor.