Una fuerte polémica ha generado la firma de un acta de concertación entre el Gobierno y el Comité Distrital del Paro de Buenaventura, Valle del Cauca, para crear un 'corredor por la vida y por la paz' en el puerto del Pacífico.
En el documento se señala que habrá un mecanismo de veeduría de los vehículos que circulen por esta zona portuaria y que la Policía inspeccionará sellos de garantía, seguridad de las tractomulas y la carga.
No obstante, se señala que esa revisión tendrá 'acompañamiento' de 'máximo 10 delegados del Comité de Paro, garantizando que estos realicen un registro audiovisual.
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'La inspección documental y ocular ejercida por la Ponal será acompañada por máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro Nacional - Buenaventura, garantizando que estos realicen el registro fotográfico o fílmico del procedimiento. También se contará con la presencia del Ministerio Público como garante de dicho procedimiento', se lee en el acuerdo.
Al respecto, el exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, 'trinó': 'Con la firma del acuerdo con el Comité Distrital del Paro de Buenaventura, el Gobierno ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional, otorgando a los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga, legalizando el bloqueo y tolerando el mal llamado 'corredor humanitario por la vida y la paz', donde se podrá transitar en las horas y por las vías que ellos determinen. Quedan prohibidas las exportaciones y perdido cualquier asomo de autoridad'.
{"titulo":"Bloqueos derivados del paro han obstaculizado la recuperación del país","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/bloqueos-derivados-del-paro-han-obstaculizado-la-recuperacion-del-pais-820933"}
A su vez, el expresidente y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, criticó en la red social: 'Sustitución de la autoridad legítima: El Paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados. Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia'.
En respuesta, el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados, aseguró que el Ejecutivo 'no ha cedido un centímetro de institucionalidad' y agregó que la veeduría ciudadana está en el marco de la ley y que la inspección de la carga será ejercida de forma exclusiva por la Policía.
