Uno de los retos de la justicia ordinaria el próximo año es el juicio del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, quien ha sido señalado por la Fiscalía de pertenecer a una organización delictiva que funcionaba dentro de la corporación.
Según la Fiscalía, entre 2013 y 2016, junto con el también magistrado Leonidas Bustos, 'promovieron y dirigieron una organización criminal' a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero.
De acuerdo con las investigaciones, lo primero que quedó claro es que presuntamente Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para 'manejar los casos' con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.
Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.
Andrade y Odebrecht
Asimismo, se encuentra el escándalo de Odebrecht, el cual será investigado por el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa Quintero.
En este caso, Espinosa conocerá los acuerdos con la justicia colombiana que buscan los directivos de la firma brasileña, además del archivo de la investigación que pesaba sobre las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.
Siguiendo con la misma línea de Odebrecht, el próximo año continúa el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestuctura (ANI), quien hoy se encuentra fuera del país, luego de que la Fiscalía estimara que en su contra no existían motivos para estar detenido.
Andrade Moreno estuvo bajo detención domiciliaria en su lugar de residencia durante un año, y pese a que en las audiencias preliminares la Fiscalía ha dejado claro que el exdirectivo no recibió dineros por parte de la firma brasilera, sí aseguró que hizo lobby, pues es acusado de las múltiples reuniones que, supuestamente, sostuvo con los exdirectivos de Odebrecht y con el exsenador Otto Nicolás Bula, con el fin de adjudicar el otro sí de la Ruta Ocaña-Gamarra-Aguas Claras.
Prieto, Mattos y los Mora Urrea
Otro caso de connotación nacional, es el aval del preacuerdo que busca Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, quien actualmente está recluido en la cárcel Modelo de Bogotá y es señalado de recibir dinero para gestionar ante la ANI la adjudicación de un contrato a la concesionaria Yuma, vinculado al tramo III de la Ruta del Sol.
El 5 de junio de 2018 la Fiscalía General archivó la investigación que pesaba en su contra, por supuestamente recibir dineros de Odebrecht para la campaña presidencial del exmandatario con el que trabajó.
En ese entonces, el abogado Marlon Díaz, quien defiende los intereses de Prieto Uribe, anunció que la investigación penal cesó debido a que los hechos cometidos no estaban tipificados como delitos para la época.
Por otro lado, en los estrados judiciales también se moverá el caso de Edna, Uriel, Alirio y Norberto Mora Urrea, los hermanos que, a juicio de la Fiscalía, serían los testaferros de las extintas Farc. Si bien, en una diligencia llevada a cabo en julio de este año, pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hasta la fecha no se conoce que en la justicia transicional hayan aceptado su solicitud.
Otro caso que está en el tintero de la justicia ordinaria, es el del empresario Carlos Mattos, quien ha sido judicializado en contumacia, debido a que las veces que ha sido requerido por las autoridades no ha asistido, supuestamente, por estar en mal estado de salud.
Mattos, de quien se dice está en España, es solicitado por la Fiscalía para que responda por las presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó al empresario la representación comercial de la marca en el territorio nacional.
Chuzadas
Otro caso que consternó a la opinión pública y que estará bajo la lupa de la justicia ordinaria el próximo año fue el de las interceptaciones ilegales que se hicieron, a juicio de la Fiscalía, desde Cali (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño), en donde se constató que la organización era promovida por altos exoficiales del Ejército, una exfuncionaria del Ministerio de las Comunicaciones e, incluso, salpicó al general (r) Humberto Guatibonza, quien fungió como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Según la Fiscalía, el general habría servido de intermediario en la organización y llevaba 'clientes' para que fuesen 'chuzados'. Guatibonza enfrentará en 2019 su juicio bajo detención domiciliaria, que le fue otorgado por un juez de la República.
