19 años de cárcel a Francisco Ricaurte por Cartel de la Toga
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia conoció este jueves el monto de su condena por la corruptela de las altas esferas judiciales.
El juez 10 penal del circuito de conocimiento de Bogotá condenó este jueves al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, a 19 años de cárcel por su participación en la “organización criminal” del Cartel de la Toga, dedicado a manipular procesos desde las altas esferas judiciales.
La Fiscalía, que junto con la Procuraduría pidieron la condena del polémico extogado, había solicitado la máxima pena de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.
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Ricaurte fue capturado el pasado 10 de marzo luego de que se entregara a las autoridades en los juzgados de Paloquemao, un día después de que se diera a conocer el sentido de fallo por parte del juez capitalino.
El exmagistrado, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales, se lee en el fallo.
“El exfuncionario intercedió para direccionar decisiones judiciales a cambio de dinero”, acusó por su parte la Fiscalía, que describió además que “en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron”.
De acuerdo al ente acusador, dos de los eventos acreditados como criminales están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández.
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En el primero, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado $1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió $400 millones.
En el segundo hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó $2.000 millones para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron $250 y $290 millones.
Y el tercer caso está relacionado con $30 millones que, al parecer, dio el exgobernador de Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente dilatar un proceso por corrupción.
“Comienza a perfilarse aquello que denominó Luis Gustavo Moreno como una organización criminal, y como se trata de valorar el testimonio de Moreno, no ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna prueba que desvirtúe o haga inverosímiles o no creíbles las aseveraciones que hizo Moreno. (...) Ricaurte y Bustos corrompieron a los demás funcionarios como Camilo Ruiz, Alfredo Bettín y más funcionarios, porque los tenían al servicio de los intereses personales no solo de los intereses de corrupción si no de cualquier tipo de aspiración y de favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, leyó el togado en su providencia.
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Para el juez, los presuntos integrantes de esta organización criminal fueron los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y Gustavo Malo; el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz; el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno; el ex fiscal delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Bettín y el abogado Luis Ignacio Lyons.
Frente al caso de Abadía, el togado señaló en su decisión: “Resulta cierto y probado que Ricaurte y Moreno, integrantes de la organización que data del año 2013 a 2017, con poder de Juan Carlos Abadía a Moreno, como fachada, con intervención activa de Ricaurte, desarrolló el propósito criminal que era favorecer a Abadía para que no se le imputara por un contrato de bibliotecas y archivar dos archivos en su contra que llevaba el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettín, a quien Ricaurte le prometió mantenerlo en el cargo con el compromiso de orientar los dos archivos a favor de Abadía y evitar la imputación”.
En la sentencia se advierte además que al exmagistrado Ricaurte “le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional, pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal. Por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”.
