La Agencia Nacional de Tierras, en el departamento del Cesar ha sido noticias en los últimos días y no por la asignación de predios que realizan y las acciones de legalización que vienen adelantando sino por las denuncias que existen contra funcionarios de esta entidad por presuntos actos de corrupción.
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Precisamente el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, en una reciente visita a Valledupar, indicó que las denuncias recibidas se han revisado de manera minuciosa por posibles hechos irregulares relacionados con la expedición de resoluciones que acreditan como beneficiarias algunas personas de tierras de título gratuito.
“De acuerdo con la información obtenida se habrían suscrito una serie de actos administrativos entre el año 2023 y 2025, por parte de personas que, al parecer, resultaron beneficiadas de esta resoluciones. Aclaro, resoluciones que hasta donde tenemos información no han sido beneficiarias materialmente”, indicó el secretario de Transparencia.
Asimismo destacó que en las investigaciones realizadas hay al menos ocho personas que tienen beneficios de la ANT, como contrataciones millonarias y asignación de tierras, pero que no tienen el grado de vulnerabilidad para tal beneficio, siendo este un requisito fundamental.
Ante estas afirmaciones la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT) de la ANT, indicó que las informaciones que están circulando públicamente descontextualizan el trabajo de esta la dependencia.
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Señalan que las 11 denuncias a las que se ha hecho referencia “corresponden a distintos casos que se encuentran en fase de investigación preliminar. Estas no se refieren a una sola persona, y su existencia es una prueba del control interno en acción, no una confirmación de actos de corrupción. Ahora bien, en Colombia existen 10.035.329 1 millones de víctimas del conflicto armado y millones de personas más en condición de vulnerabilidad socioeconómica”.
Destacan que: “Tener un contrato de prestación de servicios con una entidad no elimina la condición de vulnerabilidad de una persona ni la excluye de ser un potencial beneficiario de los programas del Estado, siempre que cumpla con los requisitos legales. En caso de evidenciarse esta clase de situaciones, cada caso será evaluado individualmente para garantizar que no existan conflictos de interés o inhabilidades, conforme al estricto marco legal. La OIGT reitera su política de cero tolerancia contra la corrupción. Llegaremos hasta las últimas consecuencias en cada investigación, garantizando el debido proceso y aplicando la ley con toda la contundencia”.
