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Doscientas profesionales de la salud se desplazan en alrededor cinco cuadras.
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El Pozón y Olaya en Cartagena, el ‘Wuhan’ de la Costa

La pobreza y la informalidad impiden que sus habitantes cumplan eL aislamiento obligatorio.

El 80 por ciento de los habitantes de los barrios El Pozón y Olaya Herrera de Cartagena sobreviven del mototaxismo, de las ventas ambulantes de verduras y frutas en carretillas. También de los puestos fijos de fritos, o de las ventas de sopas  en las puertas de sus casas.

En opinión de Ricardo Chica, catedrático de la Universidad de Cartagena, esta es una de las causas por las que un alto porcentaje de los pobladores de estos dos sectores incumplan la medida de aislamiento obligatorio para prevenir el coronavirus.

El Pozón, con 295 casos, y Olaya, con 392, registran los mayores casos en la ciudad.

“Es demasiada gente que vive del día a día, que resuelve su situación económica en la calle. Este elemento recurrente constituye un factor que puede incidir para que la gente salga de sus casas a ganarse la vida, recordemos que la pobreza histórica de Cartagena oscila entre el 40 y 70 por ciento de la población”, explica.

Los sectores mencionados son habitados en su mayoría por desplazados y migrantes que permanecen en condiciones de hacinamiento. En cada casa conviven hasta dos y tres familias, a las que les toca soportar altas temperaturas climáticas, más los cortes continuos de Electricaribe.

“Hay que tener en cuenta igualmente el aspecto cultural, relacionado con la interacción social que se ve en mucho en los sectores populares de la Costa, que tiene que ver con la ética de la tenacidad, de hacerle resistencia a una situación de precariedad, pobreza y miseria”.

Una de las tácticas –añade– está relacionada con las redes de solidaridad, por eso vemos que los vecinos se ayudan unos con otros, se pasan el plato de comida, cuidan a los hijos de unas y otras, incluso se prestan un poco de aceite de cocina, entre ellos.

Desplome de economía

Según Celis, sin desconocer la falta de disciplina social, el hambre desespera a cualquiera. “No es echarle la culpa a la gente, porque eso lo que hace es encubrir la falta de claridad que las instituciones pueden tener sobre la situación”.

Además, recalca que la pandemia hizo que la economía de la clase media y baja se desplomara. “En Cartagena es tremendamente dramático porque un alto porcentaje vive del turismo extranjero. La ciudad recibió más de medio millón de visitantes en el 2019. ¿Quién está pensando de qué vamos a vivir ahora que pase el virus? ¿Cómo se va a reconfigurar esto si el retroceso es de 15 y 20 años en materia de desarrollo económico?”.

Para dirigentes comunales como Luis Buelvas, delegado de la Junta de Acción Comunal de El Pozón, el gran dilema que ronda a los cartageneros de extrema pobreza es uno solo.

“Sí, le tienen miedo el virus, pero se hacen la pregunta: '¿De qué te quieres morir, de hambre o de coronavirus?' No hay más opciones”. En estos dos populosos sectores, considerados como la ‘Wuhan de la Costa’ por el alto crecimiento de infectados; otro líder como Elber Méndez, presidente de la Junta de Acción Comunal sector Rafael Núñez, considera que ha faltado más ayuda humanitaria.

“Fue un mercado con 11 bolsas de arroz, cuatro latas de atún, cuatro panelas, dos bolsas de leche en polvo, que debíamos gastar en un mes. Ya van más de  tres meses de aislamiento, la gente está desesperada, tiene que salir a  rebuscarse”, añade.

En la familia de Méndez, al igual que en la mayoría de las de El Pozón, la situación es precaria porque todos están desempleados.

Su hermana, que se recuperó de COVID y vive en el barrio Nelson Mandela, los ayuda enviándoles arroz, atún; mientras que amigos cercanos los apoyan de vez en cuando con algunos recursos.

Su papá Apolinar, que se gana la vida en la albañilería, quedó de brazos cruzados desde la pandemia. Ahora viaja en bicicleta todos los días a Turbaco a cuidar unos cultivos. “Le pagan con yuca, ñame, lo que siembran allí”.

Igualmente reciben ayuda de su hermano Edwin, un  vendedor de tinto, casado y padre de tres hijos.

Pero para Méndez otro problema es la crisis de la red de hospitales, que se ha deteriorado aún más con la actual emergencia.

“En el  hospital de El Pozón no hay condiciones dignas para atender pacientes COVID y con otras patologías”, asegura.

En las unidades móviles se realizan las pruebas, pero también se entregan material pedagógico.

Indisciplina social

El toque de queda y la ley seca son dos de las medidas que el alcalde William Dau ha expedido desde el inicio de la pandemia para tratar de contener el virus. Los resultados no han sido los esperados, porque la ciudad registró ayer 99 nuevos casos por lo que la cifra se eleva a 3.696 contagios, mientras que el número de fallecidos asciende a 156.

Parte del creciente número de infectados está relacionado con las rumbas clandestinas y riñas callejeras que la Policía Metropolitana ha tenido que controlar en algunos sectores de Olaya Herrera, pese a que es uno de los seis barrios que se mantienen “cerrados” para tratar de frenar la expansión de contagios.

Los otros sectores que el Ministerio del Interior ordenó intervenir por el alto número de casos de COVID-19 son Nelson Mandela, San Fernando, La Esperanza y La María.

Efigenio Gaviria, presidente de la JAC de Olaya Herrera, sector Rafael Núñez, considera que la indisciplina social ha sido en casos “muy puntuales”.

“No somos todos, desafortunadamente pesa más el estigma”, dice el líder comunal.

Para Buelvas lo malo no es el consumo de licor, sino la conducta de muchos. “¿Por qué no han prohibido la venta de licor? por aquí pasa el camión de la cerveza. Lo malo es la indisciplina, que la hay en todos los sectores populares, pero el estigma lo tiene El Pozón”, asegura.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, desde el comienzo de la pandemia han sido impuestos 19.805 comparendos por violación de las normas sanitarias.

Una de las tareas del Dadis y de las EPS es educar en los barrios priorizados sobre el riesgo de COVID.

Vigilancia en barrios

Marilyn Vivanco, líder del programa de Infecciones Respiratorias Agudas del Dadis, explica que en la intervención integral de los barrios la acogida a nivel general ha sido “positiva”.

“El impacto visual que generamos con los trajes antifluidos y el resto de elementos de bioseguridad ha hecho que la gente tome conciencia sobre el COVID, ya no lo ven como una amenaza lejana, sino una realidad que puede afectarlos a todos”.

Sin embargo, no dejan de presentarse lo que ella llama “casos aislados” entre la población intervenida por temor a la estigmatización, pero también a las falsas informaciones que circulan en redes.

“Muchos creen, y así nos dicen, que el isopo con el que hacemos la prueba está contaminado, que hay ‘un cartel del COVID’, en fin repiten lo que ven en redes o en cadenas. Ahí es cuando entramos a educar sobre el riesgo de la pandemia, hasta que finalmente acceden”.

También les ha ocurrido que hijos se niegan a que a sus padres se les practique la prueba por el temor a que resulten infectados.

La funcionaria asegura que en alianza no solo con las EPS con las que están realizando el trabajo de salud en los barrios, sino con la Escuela de Gobierno, han trabajado en la educación con la comunidad.

“Hay que trabajar mucho en la educación, en la necesidad de que se cuiden, que se laven las manos, que se aíslen”, puntualiza.

El Cerco

En la intervención integral de los barrios a cargo del Dadis, con apoyo de las EPS, participan 200 personas en su mayoría auxiliares de enfermería, bacteriólogos, epidemiólogos, fisioterapeuta y especialistas en epidemiología y/o supervisores, cuya tarea es educar, identificar la población en riesgo y tomar muestras para COVID-19 en los barrios priorizados de Cartagena teniendo en cuenta el alto número de contagios.

“La toma es alrededor de 5 manzanas a la redonda, casa a casa”, explica la directora (e) del Dadis, Johana Bueno.

Otra tarea es identificar a la población de riesgo (mayores de 60 años y/o con patologías de base como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras), añade Marilyn Vivanco, líder del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) del Dadis.

El cerco incluye entre otros tamizaje y toma de pruebas en casos sospechosos y población en riesgo.
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