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William Dau, alcalde de Cartagena, en su visita al barrio La María, uno de los sectores cercados por la administración.
Suministrada
Bolívar

“Corrupción, la peor pandemia de Cartagena”: Dau

El mandatario denunció este domingo presuntas irregularidades en las que habría incurrido la pasada administración distrital.

Vía Facebook Live, el alcalde de Cartagena, William Dau, y parte de su equipo de gobierno, revelaron este domingo lo que llamaron irregularidades que sus funcionarios y asesores encontraron de la pasada administración distrital.

Explicó que estos resultados son el producto del análisis de los informes finales de gestión de los funcionarios salientes, y lo evidenciado por los secretarios, jefes de oficina y directores de entidades descentralizadas en el recibimiento de los cargos durante los primeros tres meses de su gobierno.

En la primera parte del Libro Blanco “Salvemos Juntos a Cartagena”, como lo denominó, el ejecutivo distrital declaró que la corrupción se lleva el 70 por ciento del presupuesto, 1,2 billones al año, y citó la concentración en contratación con  las Entidades sin Ánimo de Lucro –ESAL- “que hacen de todito”.

“La peor pandemia de Cartagena es la corrupción. Confiamos en que los respectivos entes de control realicen las investigaciones a las que haya lugar”, declaró el funcionario.

El llamado Libro Blanco, derivado del  Libro Azul del imperio británico, es reconocido históricamente como un documento gubernamental utilizado para informar a la opinión y a los órganos del poder público un tema o un problema, fijando directrices o estrategias encaminadas a resolver o afrontar la situación.

Lo hallado

La directora del Dadis, Johana Bueno, se refirió a que en el estado financiero de la entidad encontraron deudas por $285.247.762.455, un flujo de ingresos corrientes que no garantizan liquidez para el pago de obligaciones, algunas clínicas y hospitales presentaban cobros excesivos, duplicaciones en el código único de prestadores de servicios y procesos judiciales con embargos por un valor de 85.996.806.581.

Adicionalmente hallaron contratos sin liquidar con vigencia desde 2017 por el orden de los 35 mil millones de pesos, compras de 34 computadores que no se han podido utilizar al no poder acceder a sus licencias, lo que significa un detrimento de 30.445.049, y a eso se suma la pérdida de documentación que soportaba la sanción a una clínica de la ciudad.

Del Fondo de Pensiones se pagaron retroactivos pensionales a terceros bajo la figura de la cesión de crédito. En 39 casos giraron aproximadamente $8.000.000.000.

A 31 de diciembre de 2019 heredaron de la Secretaría de Educación obligaciones pendientes de pago por valor de $17.444.080.028. Aquí se incluye en su totalidad la nómina de diciembre pasado a docentes y a administrativos de las Instituciones Educativas del Distrito.

Fernando Abello, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), expuso dos casos de contrataciones con las denominadas Entidades Sin ánimo de Lucro (ESAL), que sumaron 1.748'587.588 millones de pesos en la vigencia 2019.

En total son 12 contratos, 7 suscritos con la Fundación Alinaho y 5 con la Cooperativa Multiactiva de Renovación.

En el caso de la Cooperativa Multiactiva, Abello Rubiano reveló que en la contratación efectuada con esa ESAL, 299 millones de pesos fueron suscritos en 4 contratos el mismo día.

Sobre la Fundación Alinaho, en la vigencia 2019 esta ESAL celebró contratos por cuantía de $1.304'173.578 millones. En la revisión encontraron que el 80% de los objetos contractuales son similares y complementarios a emergencia decretada a finales de 2018.

Estado en que la administración Dau encontró la red de bibliotecas de la ciudad.

“En un mismo día del mes de marzo, esta ESAL firmó dos contratos por $91'200.000, mientras que en el mismo día de junio se ganó tres contratos por $1.138'997.078”, dijo el funcionario.

Al referirse a presuntas irregularidades en estos contratos mencionó la falta de publicaciones de los documentos contractuales en el SECOP, no hay evidencias de la entrega de los bienes contratados a los beneficiarios a pesar de haber sido recibidos por el Distrito, ni se  evidencia la gestión de supervisión realizada en el contrato. El 80% de los contratos se adjudicaron en la misma fecha, agregó.

Se dejaron de cancelar beneficios económicos de 1.625 familias pertenecientes al último cuatrimestre del 2019, el cual fue necesario cancelarlo con recursos del 2020, por un valor de $902.400.000.

Armando Córdoba, secretario de Participación Ciudadana. Expuso que para la formulación de la Política Pública de Juntas de Acción comunal, el Distrito realizó convenio con la Corporación Señales de Humo por un valor de $218.000.000, de los cuales aportó $152.600.000, de los cuales no se presentaron informes de ejecución.

El Enlace Distrital de Familias en Acción, Edgar Arrieta, se refirió a la  alta contratación de órdenes de prestación de servicios (OPS), alrededor de 186 durante el 2019, cifra que contrasta con los bajos indicadores en la gestión realizada.

Fernando Abello, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena, en a Facebook Live del domingo.

Con dichas OPS el valor total contratado fue de $2.161.700.000, mientras que en la nueva administración de William Dau toda la operación se realiza con 33 OPS por un valor de $380.400.000.

Explicó que pese a que Cartagena cuenta con un cupo de 81.211 familias potenciales para inscribir en el programa, solo 72.206 están formalmente inscritas. “Lo más grave es que únicamente están recibiendo el incentivo  40.770”, dijo el funcionario, refiriéndose a cifras de noviembre pasado.

Es por esto que más de 31 mil familias inscritas no reciben el subsidio porque se encuentran en condición de retiradas o suspendidas.

En Corvivienda se detectaron presuntas irregularidades en el proceso de postulación de familias a subsidios de Vivienda de Interés Social durante el proceso y administración de la base de datos de los listados de los hogares ganadores del sorteo para la postulación de 1.800 subsidios de vivienda de interés prioritario del proyecto Ciudadela La Paz etapas 3, 4 y 5.

“Presuntamente, las personas administradoras de las bases de datos manipularon el sorteo para beneficiar a 172 personas inscritas, pero no ganadoras del sorteo, desplazando a los legítimamente ganadores”.

Otras presuntas inconsistencias fueron el que los inmuebles asignados a los beneficiarios del subsidio se encuentran habitados por personas distintas a los beneficiados o la vivienda fue asignada a múltiples beneficiarios.

A lo anterior se agregan dos casos de asignación de subsidios de vivienda a dos miembros de un mismo núcleo familiar; una para uso propio y otra arrendada.

 

 

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