El Proyecto de Ordenanza para implementar la recaudación de una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana en Bolívar, mediante las facturas de energía, ha generado opiniones encontradas en Cartagena.
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Esta nueva contribución tiene como objetivo obtener fondos en Bolívar para dotar a la Policía con equipos y tecnología que les permitan hacer frente a la ola delictiva que afecta a esta región del Caribe.
Según lo aprobado por unanimidad por la Asamblea de Bolívar, se establece que las instituciones educativas públicas del departamento y las entidades de salud oficial están exentas de este pago.
Además, los establecimientos comerciales cuyo consumo de energía no supere los 2.000 Kwh tampoco estarán sujetos a esta carga.
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La responsabilidad recaerá en los usuarios de estratos 3, 4, 5 y 6, así como en el sector industrial y comercial. Esto generó de inmediato la reacción contraria del Consejo Gremial y el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay.
'Es inoportuna, inconveniente y hasta desconsiderada, pues se cobra vía recibo de Afinia que bastante caro que sí llega', dijo Turbay.
Turbay expresó su desacuerdo, mencionando que esta Tasa Especial de Seguridad y Convivencia afectaría los bolsillos de los ciudadanos, ya que se añade al ya elevado costo de la factura de energía proporcionada por Afinia.
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Javier Lastra Fuscaldo, gerente de Afinia, también se opuso al proyecto, argumentando que su inclusión en el servicio de energía no era oportuna, ya que se sumaría a los incrementos debidos a los altos costos energéticos.
'Incluir una tasa de seguridad en el Departamento de Bolívar en el servicio de energía, no es el momento para hacerlo', dijo en su cuenta de X.
Lastra advirtió sobre los mayores impactos en los sectores comerciales e industriales, cuyos costos están relacionados con su consumo energético.
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El proyecto está en espera de la sanción del Gobernador para convertirse en Ordenanza y aplicarse de inmediato.
La Asamblea Departamental defendió su decisión afirmando que esta no fue arbitraria, sino el resultado de un análisis exhaustivo por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Además, aseguraron que no afectaría a los estratos más bajos ni a instituciones educativas y de salud. También mencionaron que la tarifa sería menor en comparación con otros departamentos donde ya se aplica un impuesto similar.
Argumentaron que esta tasa beneficiaría el mantenimiento, vigilancia y seguridad de los parques del departamento, buscando fomentar espacios seguros para la juventud y alejarlos de actividades delictivas que afectan la convivencia ciudadana.
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