¿Operan hoy dos curadurías urbanas N° 1 en Barranquilla?
EL HERALDO tuvo acceso a una serie de documentos relacionados con este proceso
Se conocen nuevos detalles de la batalla jurídica que se ha disputado desde octubre del año anterior por el control de la Curaduría Urbana N°1 de Barranquilla, luego del concurso de méritos que se realizó para la designación de un nuevo curador en propiedad.
EL HERALDO tuvo acceso a una serie de documentos relacionados con el proceso que fue adelantado por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fue ganado por Guillermo Ávila Barragán.
El primero corresponde a noviembre del año anterior, cuando Armando Guijarro presentó una reclamación contra el resultado de la prueba de conocimiento, en la cual obtuvo un puntaje de 2853.
Sin embargo, la Universidad Nacional confirmó el puntaje, que no le permitió acceder a los siguientes filtros: “Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno”.
Ante dicha negativa, Guijarro presentó una tutela en diciembre de 2020 ante el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla. Este tribunal negó la medida provisional de suspensión de dicho concurso y, posteriormente, rechazó la solicitud por improcedente.
Interviene veeduría
En abril del presente año, en escena apareció Walter Ortegón Bolívar, quien se desempeña como presidente de la Fundación Veedurías del Atlántico.
En una comunicación dirigida a Función Pública expuso una serie de supuestas irregularidades en el proceso de verificación de requisitos de Guillermo Ávila.
Empero, la entidad indicó que la certificación aportada por dicho candidato cumplía con los requisitos exigidos.
A su turno, el abogado Osvaldo Marrugo Ortega –en calidad de representante de Armando Guijarro– presentó una solicitud a la Supernotariado para la revisión de la hoja de vida de Ávila, aduciendo que no cumplía con el requisito mínimo de experiencia requerido, “siendo este un motivo de exclusión del concurso”.
Cabe destacar que ambas peticiones fueron hechas por el certificado expedido por la empresa Urb Plan Proyectos y Estudios Ltda., donde se desempeñó como gerente general por más de 6 años.
Ante la solicitud del abogado Marrugo, Función Pública respondió que la certificación sí cumple con los requisitos de la norma.
Es importante señalar que mientras avanzaba la resolución de estas querellas, las entrevistas para curador urbano fueron suspendidas en dos oportunidades en la ciudad, con el fin de garantizar la transparencia.
A finales de junio se publicaron los resultados de la entrevista, a la cual se presentaron solo dos de los 3 aspirantes. De esa manera se conformó la lista de elegibles, de acuerdo con el puntaje acumulado en el proceso.
Nueva tutela
En julio de 2021, el abogado Alberto Pérez –representando a Armando Guijarro– presentó una nueva tutela para frenar el avance del proceso del concurso público “sin examinar de manera detallada y ecuánime” la hoja de vida de Ávila.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla también declaró dicha acción como improcedente ante “la existencia de otro mecanismo de defensa judicial idóneo y la inexistencia de un perjuicio irremediable”.
Presentan denuncia
Guijarro presentó el 2 de agosto una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Guillermo Ávila y Francisco Amézquita por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y prevaricato por omisión.
En su momento, la Fiscalía notificó que la actuación se encontraba en etapa de indagación, en “aras de brindar claridad a los hechos jurídicamente relevantes puestos en conocimiento”.
La designación
A pesar de dicha denuncia, la Alcaldía de Barranquilla –a través del decreto 0156 de 2021– designó a Guillermo Ávila como curador urbano N°1 de Barranquilla.
Empero, Guijarro presentó una nueva impugnación ante la Sala Dos de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, que ratificó la improcedencia de la acción de tutela.
Posesión
El 7 de septiembre, Ávila Barragán asumió como curador urbano N°1 de Barranquilla ante las autoridades competentes, tal como quedó establecida en el acta que fue aprobada por Adalberto Palacios, en su condición de secretario Jurídico, y tiene la firma del alcalde.
Tras este paso, la Alcaldía envió una comunicación a Jaime Fontanilla, en la cual lo informa sobre la posesión del nuevo curador urbano N°1 y lo conmina al cumplimiento de la instrucción administrativa expedida por la Supernotariado para el proceso de empalme.
Ese mismo día, Guijarro envía una comunicación a Fontanilla, en la cual le solicita “aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al nombramiento de Ávila” por existir un pleito pendiente.
Y el 8 de septiembre, Fontanilla solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad debido a la investigación penal que se adelanta en contra de Ávila.
“La posesión es una flagrante violación a las normas que rigen el concurso”, expuso Fontanilla, quien anunció su decisión de abstenerse a tramitar la solicitud de empalme y entrega de documentación.
El empalme
Guillermo Ávila y Jaime Fontanilla intercambiaron cartas sobre el proceso de empalme y entrega de documentos.
La primera fue enviada por Ávila, quien solicitó dar inicio al proceso de forma urgente para “garantizar la continuidad del servicio público de otorgamiento de licencias urbanísticas”, entre otros.
Fontanilla respondió a dicha solicitud a través de otro documento, en el cual declaró que había decretado la excepción de inconstitucional con respecto a la situación presentada con el acto de posesión.
Ante esta situación, el secretario distrital de Planeación, Juan Manuel Alvarado, solicitó a Karina Cabrera –quien se desempeña como superintendente Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras con Asignación de Funciones como Delegado para Curadores Urbanos– que “tome de las medidas necesarias para que no se afecte la prestación del servicio de los curadores urbanos en la ciudad de Barranquilla”.
En diálogo con EL HERALDO, el abogado Alberto Páez –en su condición de apoderado de Armando Guijarro– ratificó que el concurso de méritos fue demandado debido a que se encuentra en curso una acción penal contra Ávila por “sospechas creíbles” en la documentación presentada para avalar su experiencia, lo que configuraría la presunta comisión de delitos de falsedad documental y fraude procesal.
“El interés está en que dicho concurso cumpla con la transparencia, publicidad y debido proceso que exige la ley y la Constitución. Hay que proteger la legalidad por encima de intereses particulares”, expuso el jurista.
Páez también indicó que la Fiscalía General de la Nación le ha dado prioridad a este tipo de casos, aunque por reserva del sumario no puede revelar los avances.
Por último, dijo que “Ávila nunca debió ser designado como curador por la Alcaldía, ya que tenía pleitos pendientes por resolver de una magnitud importante”.
El apoderado fue enfático al sostener que dichos avances “demuestran el interés de la institucionalidad en el caso concreto”.
