Personerías del país apoyan demanda por altas tarifas de energía
La demanda contra las resoluciones de la Creg fue presentada por la Alcaldía de Barranquilla ante la sección primera del Consejo de Estado
La Personería distrital de Barranquilla anunció que ha coadyuvado la demanda interpuesta por la Alcaldía de Barranquilla contra las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que reglamentaron el incremento de las tarifas de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
En este proceso también participan los personeros de Santa Marta y Riohacha, en conjunto con la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), que agrupa a más de 1.100 personeros de todo el país, que en el mismo sentido han rechazado las altas tarifas de energía.
“Consideramos que es de vital importancia que se suspendan las resoluciones citadas, y que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la Resolución 010 del 30 de enero de 2020 y la Resolución 078 del 24 de junio de 2021 proferidas por la Creg, en pro a una solución de fondo al asunto tarifario que tanto aqueja a la región”, sostuvo el Ministerio Público.
Esta acción, de acuerdo con la Personería, se desarrolla en cumplimiento de sus tareas legales y constitucionales como garantes de los derechos humanos. Además, reiteró que la energía es un servicio público esencial no solo desde el punto de vista legal, y constitucional sino también convencional.
“Para nadie es un secreto que nuestra región Caribe está pasando por una crisis no solo económica sino social, en cuanto al tema energético, debido a que se están pagando tarifas más altas que en regiones como Bogotá y otros sectores de la región Andina, y esto va en contravía precisamente del principio de progresividad y de no regresividad de los derechos humanos”, agregó la Personería distrital, que es liderada por Miguel Álzate Álzate.
La demanda contra las resoluciones de la Creg fue presentada por la Alcaldía de Barranquilla ante la sección primera del Consejo de Estado. Dicha decisión fue tomada tras una cumbre de mandatarios regionales para analizar la problemática.
Posteriormente, la Alcaldía de Santa Marta y la Defensoría del Pueblo se unieron al pedido de “equidad” y “comprensión” frente al componente de pérdida considerado por la Creg.
