Así opera la trama de los predios en Puerto Colombia

Una de las modalidades es el sistema de préstamo a los dueños de los bienes para quedarse con los inmuebles y la otra es la invasión. Fiscalía y Procuraduría investigan el hecho.

Josefina Villareal
Vista de una de las viviendas en Puerto que bajo la modalidad de préstamo continúa sometida a varios procesos judiciales. Josefina Villareal
Barranquilla

Una de las modalidades es el sistema de préstamo a los dueños de los bienes para quedarse con los inmuebles y la otra es la invasión. Fiscalía y Procuraduría investigan el hecho.

La red de préstamos y el cartel de las tierras que se han extendido en Puerto Colombia opera bajo dos modalidades. La dimensión y su estructuración es objeto de investigación en la Fiscalía y en la Procuraduría. Bajo dos líneas investigativas, autoridades buscan esclarecer quiénes están detrás de estas organizaciones.

Desde que EL HERALDO publicó el primer caso se ha generado un alud de denuncias provenientes de este municipio. 

Una de ellas es la historia de Marielis Pérez Corro. Esta ama de casa, oriunda de Puerto Colombia, contó que la muerte de su mamá y las deudas empezaron a colapsar su situación económica, por lo que decidió aceptar un préstamo de $8 millones a principios de 2009. A cambio entregó su casa en hipoteca.

El crédito lo hizo a través de Franklin Pallares Varela, un funcionario de la Alcaldía de Puerto Colombia que actualmente ocupa el cargo de jefe de archivo, pero que en otras ocasiones también se ha desempeñado como inspector encargado de Policía y de Tránsito. No obstante, la hipoteca no se hizo a favor de él, sino de Ahamet Pallares, hermano de Franklin.

El lío

 El problema comenzó, según Marielis, cuando Ahamet le confirió poder especial en calidad de abogado a su hermano Franklin para otorgar una demanda ejecutiva con título hipotecario, lo que condujo al embargo del inmueble. Luego de una decisión del Juzgado Promiscuo de Puerto, la inspección diurna, a cargo de Mirna Camargo, ordenó el embargo. Esta funcionaria hoy está suspendida de su cargo en desarrollo de una investigación de la Procuraduría.

El ama de casa porteña consideró que era una suma “irrisoria” como para pretender el despojo de su inmueble, pero sostuvo que en ese momento no tenía dinero para contratar un abogado que se pusiera al frente de su defensa.

Un nuevo capítulo surgió en marzo de 2012, cuando Franklin Pallares, en calidad de abogado, presentó una nueva demanda, en la que reclamaba el pago de $16 millones, correspondientes a un pagaré.

Esto tomaría por sorpresa a Marielis y a sus hermanos, ya que ella aseguraba que no había firmado dicho pagaré, por lo que sostenía que la rúbrica plasmada en ese papel era falsa. Sin embargo, el trámite continuó y el juzgado aprobó el avalúo del inmueble para rematarlo. La diligencia no se realizó en la fecha establecida, porque el juez tuvo que asistir a una conferencia.

Préstamo envenenado. (1)  Escritura pública en la que está descrito el proceso de hipoteca que hizo Marielis con Ahamet Pallares por $8 millones. (2) Pagaré por $16 millones en el que aparecen las firmas de Marielis y sus hermanos, y que ellos no habrían firmado, según aseguran. (3) Informe de la Fiscalía 58 dirigido al juez promiscuo de Puerto, donde ratifica que las firmas de Marielis y sus hermanos en el pagaré son falsas. (4) Notificación de la Inspección que solicita a Marielis la entrega del inmueble a Ahamet. (5) Orden judicial por falsedad en documento que ordena la individualización de Franklin Pallares.

La situación sirvió para que Marielis y sus hermanos, con un poco de ventaja, buscaran asesoría de un abogado. El jurista presentó al juzgado la prueba de falsedad de documento, evidencia que un informe de la Fiscalía 50 con oficio 0024 confirmó a través de una prueba de laboratorio. El informe de grafología estableció textualmente: “Las firmas manuscritas son falsas; es decir, no son uniprocedentes con las muestras indubitadas”.

Los hechos fueron descritos en la denuncia penal que Marielis hizo en enero de 2014 en la Fiscalía.

A pesar de esto, una nueva notificación de la Inspección de Puerto, con fecha del 21 de abril del mismo año, solicitaba la entrega material del inmueble “por orden del Juzgado Promiscuo municipal y por instrucciones de la inspectora”.

Para ese entonces ya no había ninguna duda. Según Marielis, era evidente que Franklin tenía influencias sobre la Inspección de Policía de Puerto Colombia y sobre la inspectora Mirna Camargo que, a pesar de las pruebas de la Fiscalía, seguía adelante con el embargo. Marielis asegura que tampoco encontraba objetividad en el juzgado. 

La figura del crédito

 Lo que le sucedió a Marielis Pérez también le ocurrió a Ana Teodora Núñez, una mujer que narró una historia similar en la que, al parecer, hubo presunta corrupción que apunta a la Inspección de Policía de Puerto Colombia y que fue publicada por EL HERALDO en la edición del pasado 3 de diciembre.

Cabe destacar que en este caso la mujer asegura que le falsificaron su firma, debido a que —supuestamente— apareció un contrato de arrendamiento en la que Roger Pallares (hermano de Franklin, el funcionario de Puerto) le alquilaba a Ana Teodora su propia casa por $10 millones mensuales. 

El negocio consistió en un pacto de retroventa que tuvo como intermediario a Franklin, pero que se realizó a nombre de Roberto Pallares (papá de Franklin). Por esa razón, Ana Teodora asegura que su caso fue un engaño.

“¿Quién hace una retroventa y luego pide su casa en arriendo por $10 millones?”, reafirmó Ana Teodora Núñez. 

Finalmente un Laboratorio de Documentología del Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística que cotejó la firma de Ana Teodora señaló que hubo discrepancias entre la firma original de la mujer y la firma que aparecía en un documento escritural del inmueble.

Hasta en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Ana Teodora ha dado a conocer su caso. 

Los testimonios revelados por este diario dieron lugar a que una nueva historia apareciera, esta vez teniendo como protagonista a una mujer de apellido Varela, quien prefirió no revelar su nombre. En esta ocasión —según el relato— su préstamo se llevó a cabo bajo la figura de pacto de retroventa.

Este trámite —narra— lo realizaron en una Notaría en Soledad, lugar en el que sus prestamistas pretendían hacerle firmar un pagaré por $25 millones, que la mujer finalmente no firmó. 

Este caso se encuentra en trámite en la Fiscalía 36 y en uno de los informes de las muestras grafológicas se estableció que se encontraron “grandes similitudes” entre las firmas de estudio y las del pagaré.
Habría más casos. La llamada “red de Puerto”  opera bajo la modalidad de créditos.

Las afectadas, en su mayoría mujeres amas de casa, aseguran que, angustiadas por alguna situación económica, de manera consciente acceden a una “ayuda económica” en calidad de préstamo. Como garantía firman hipotecas o transfieren títulos de venta con pactos de retroventa, proceso que no se estaría realizando de acuerdo con la norma.

La mayoría de las versiones entregadas coinciden en que les hacen firmar documentos en blanco, les desembolsan solo el 50% o menos de los créditos. Posteriormente proceden a llenar las hojas en blanco con contratos de arrendamiento, pagarés y escrituras. Y en otras circunstancias, de acuerdo con denuncias en la Fiscalía, llegan a alterar las firmas.

Una fuente de la Procuraduría le dijo a EL HERALDO que bajo esta modalidad hay más de 300 casos en Puerto Colombia. 

El clan pallares

 Un documento de la Notaría Única del Circuito de Puerto da cuenta de más de 100 títulos de hipoteca a nombre de los hermanos Pallares, de su papá y su madrastra.

De acuerdo con información entregada por las afectadas, en la Fiscalía cursan demandas en contra de los miembros de esta familia.

Ante la Fiscalía 36 seccional Atlántico cursa una denuncia de Ana Núñez en contra de Roger Pallares, por la presunta comisión del delito de fraude procesal, estafa agravada y otros. La actuación se encuentra en etapa de indagación.

Mientras que por falsedad de documento, Marielis Pérez instauró una demanda en la Fiscalía 58 seccional contra los hermanos Ahamed y Franklin Pallares. Este último tiene tres procesos en etapa de indagación en la Fiscalía 51 y dos en la 17. 

“La injerencia de Franklin en la inspección de Puerto Colombia y la colaboración de la inspectora oficial Mirna Camargo hace más fácil para ellos la apropiación de los inmuebles”, dijo una de las denunciantes.

Igualmente ocurrió en el caso de la mujer apellido Varela, quien tiene su proceso en la Fiscalía 36 donde cursa una indagación en contra de Franklin y su madrastra Marcila Terán Pelufo, por el presunto delito de fraude procesal en concurso con falsedad en documento.

Este medio llamó a Franklin Pallares para conocer su versión sobre los hechos, pero no respondió las llamadas. 

Los invasores

 Otra situación que enloda a la Inspección de Puerto tiene relación con la apropiación de terrenos. En este caso, después de que un inversionista adquiere un predio aparecen personas que alegan ser dueños, muchas veces con respaldos de amparos policivos que otorga la Inspección. 

Luego de que el pasado 28 de noviembre EL HERALDO publicara una denuncia por ocupación ilegal en Puerto se conocieron más denuncias bajo la misma modalidad.

Uno de los casos que conoció este medio tiene relación con un terreno que Dennys Troncoso compró, en 1998, en la carrera 12 con calle 4 en un sitio llamado Costa Azul, según  su abogado Jairo Bustillo.

invasores.  (1) Documento de la Oficina de Instrumentos Públicos que certifica a Dennys Troncoso como propietaria del inmueble. (2) La Inspección otorga amparo policivo a quienes reclaman el predio que compró Troncoso. (3) Denuncia penal de Dennys en contra de los que reclaman el terreno y contra un funcionario de la Alcaldía.
invasores. (1) Documento de la Oficina de Instrumentos Públicos que certifica a Dennys Troncoso como propietaria del inmueble. (2) La Inspección otorga amparo policivo a quienes reclaman el predio que compró Troncoso. (3) Denuncia penal de Dennys en contra de los que reclaman el terreno y contra un funcionario de la Alcaldía.

El abogado indica que las escrituras con matrícula inmobiliaria 040-301930 demuestran que su cliente es la propietaria del predio y no otras personas que llegaron a reclamar el terreno cuando Troncoso iniciaba un proceso de construcción mediante una licencia otorgada el 14 de agosto de 1998.   

La denuncia que Troncoso hizo a través de la Fiscalía puso en evidencia a “presuntos invasores y a conductas irregulares por parte de una juez, quien otorgó un amparo policivo a las personas que reclamaban el predio, proceso que realizó la Inspección y que falló a favor de quienes aparecieron reclamando el mismo terreno”.

Otro de los casos tiene relación con un grupo de empresarios que decidieron apostar a la construcción de un conjunto residencial en un lote del municipio de Puerto Colombia. Tras tener todos los permisos en regla, empezaron los problemas puesto que aparecieron unas personas para reclamar la posesión del terreno.

Uno de los afectados explicó que el “primer invasor” desistió, sin conocer mayores detalles de su decisión. Otra persona llegó a hacer la misma reclamación y con la intención de suspender las obras en el lote.

“Ellos no se quedaron quietos e iniciaron un proceso policivo de posesión ante la Alcaldía de Puerto Colombia”, explicó. En medio del proceso, según contó, se presentaron una “serie de irregularidades”, debido a la falta de documentos que respalden la posesión por parte de dicho ciudadano.

Entre las anomalías que se presentaron, agregó el representante legal de la sociedad, la funcionaria tomó la decisión de suspender la licencia de construcción a pesar de las comunicaciones enviadas por la Secretaría de Desarrollo Territorial, en las cuales exponen que no cuenta con la potestad para tomar dicha decisión.

“A pesar de que solicitamos su nulidad, la inspectora de Policía Mirna Camargo falló a favor de ellos, contrariando toda la normatividad”, agregó.

En contra de la inspectora

 Desde 1997, según el Sistema de Información  y Gestión del Empleo Público (Sigep), Mirna Camargo ocupa un cargo público. Pero es hasta el 4 de abril de 2013 que se da su nombramiento oficial como Inspector Urbano de Policía. 

Su nombre ha estado relacionado con procesos irregulares de desalojos en Puerto. Una fuente le dijo a EL HERALDO que en la Fiscalía 17 tiene un proceso vigente en etapa de indagación por prevaricato por acción. Igualmente en la Fiscalía 23 cursa una investigación por fraude procesal. La funcionaria también instauró una denuncia por amenaza . 

Asimismo, el pasado viernes la Procuraduría General de la Nación suspendió por un periodo de tres meses a la inspectora.

De acuerdo con el documento del ente de control, la medida que es objeto de investigación está relacionada con “la entrega de posesiones de bienes inmuebles a particulares en el municipio”. 

El fallo de la Procuraduría Provincial de Barranquilla tuvo en cuenta en su decisión las denuncias hechas a través de EL HERALDO por dos afectados en el caso antes mencionado. 

También se consideraron los documentos presentados por Ana Teodora Núñez Madarriaga, habitante de Puerto Colombia, en los que “la inspectora comete delito de prevaricato al no ser competente para tomar decisiones respecto del inmueble que es de propiedad de Nuñez”, siendo que el competente para la decisión es el Juzgado Dieciséis Civil del circuito de Barranquilla, que profirió el despacho comisorio 032 del 13 de diciembre de 2018, el cual se encuentra en revisión ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla. 

En sus consideraciones, el Ministerio Público menciona la existencia de presunta irregularidad por parte de Camargo Ramírez, al posiblemente estar otorgando posesión a personas naturales que deliberadamente ocupan terrenos privados, a través de procesos policivos que carecen de acervo probatorio. 

De acuerdo con la entidad, su permanencia en el cargo “posibilita que se siga cometiendo la falta por la cual se le procesa”.

La Procuraduría dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de la inspectora, la cual –según la ley– tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado.

El término de la suspensión provisional podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.

Este medio contactó a la inspectora, quien aseguró que las denuncias que se han publicado la “han perjudicado moralmente y han afectado su buen nombre”. Agregó que en el caso de Ana Teodora Núñez se trató de una orden judicial por un despacho comisorio. “No fue una decisión mía”. Camargo sostuvo que dará una entrevista, pero en presencia de su abogado.

Fachada de un inmueble que fue hipotecado como garantía de un préstamo y aún se encuentra en litigio para ser recuperado por sus propietarios.
Fachada de un inmueble que fue hipotecado como garantía de un préstamo y aún se encuentra en litigio para ser recuperado por sus propietarios.

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