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Aplazan para febrero la subasta de Electricaribe

El Gobierno anuncia otro aplazamiento para el cierre del proceso y argumenta que caída de Ley de Financiamiento impacta negativamente los activos.

Por: Lupe Mouthón @lupemouthon
Barranquilla

El Gobierno anuncia otro aplazamiento para el cierre del proceso y argumenta que caída de Ley de Financiamiento impacta negativamente los activos.

Cuando faltaba solo un mes para la realización de las subastas dentro del proceso de búsqueda de un nuevo operador para el servicio de energía en la Costa Caribe, el Gobierno nacional anunció un nuevo aplazamiento en el cronograma que ahora irá hasta febrero de 2020.

Es así como las tres subastas programadas para el 3, 6 y 12 de diciembre de 2019, se realizarán los días 26 (mercado completo) y 28 de febrero de 2020 (mercado segmentado). La fecha límite para recepción de ofertas prevista para el 25 de noviembre queda para el 20 de febrero del próximo año.

El argumento que presenta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que intervino a la compañía desde hace tres años, es que la declaración de la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento por parte de la Corte Constitucional afectaría de manera negativa la valoración del mercado de las nuevas empresas que contempla el proceso (CaribeMar y CaribeSol si es segmentado y Nueva Caribe para el mercado completo).

“La variación en la valoración podría ascender a cerca de $500 mil millones; razón por la cual Electricaribe ve la necesidad de prorrogar el plazo de las subastas que adelanta actualmente para la presentación de ofertas vinculantes”, indica la Superservicios en un comunicado.

Son tres los aspectos básicos en los que se afecta la valoración de la empresa: la tasa nominal de renta, la tasa de las megainversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital. Estos tienen un efecto relevante sobre la transacción.

La Superintendencia reitera que la decisión, que fue publicada ayer en la octava adenda al proceso, se tomó “con el fin de tener certeza sobre los aspectos fiscales que se están tramitando actualmente en el Congreso de la República”. Esto tomando en cuenta que el Congreso tramita la nueva Ley que reemplazará a la Ley de Financiamiento, pero que tiene el mismo contenido.

Este anuncio se hizo a pocos días de que se publicara la séptima adenda en la que se establecieron nuevos requisitos para las empresas que ganen las subastas, entre las que están la prohibición de repartir dividendos en los primeros tres años y entregar garantías para cumplimiento del plan de inversiones.

Reacciones

 La medida fue anunciada ayer previamente a su publicación, por parte de la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, la superservicios, Natasha Avendño, la agente especial, Ángela Rojas, y el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, a los parlamentarios de la bancada costeña.

“Le pedí al Gobierno que tuviera dos cronogramas, uno si se aprueba la ley como fue presentada y otro si no es así. En el primer caso, la subasta se podría realizar en enero de 2020 y no se tendría que esperar más tiempo”, dijo el senador conservador Efraín Cepeda.

Agregó que “esta noticia cae como un baldado de agua helada pues se alarga el plazo para la subasta y hay preocupación por la prestación del servicio”.

El senador barranquillero del Centro Democrático, Carlos Meisel, dijo que recibió “con tristeza” la noticia de que la subasta de Electricaribe se aplazaba hasta febrero de 2020.

“El Gobierno da la certeza de que apenas se apruebe la Ley de Financiamiento se reabre la subasta, porque hay unos puntos de esa ley, como la distribución de rentas, los beneficios a las megainversiones que los seis inversionistas interesados necesitan tener la certeza de las condiciones jurídicas, y según palabras del Gobierno la variación del precio de la empresa con o sin ley puede variar en unos $500 mil millones”, señaló el parlamentario uribista.

Mandatarios preocupados

 Por su parte, la gobernadora electa del Atlántico, Elsa Noguera, dijo: “Lamentable la decisión del Gobierno de seguir aplazando la adjudicación del nuevo operador. La Región necesita una solución permanente y estable de manera urgente. Ojalá no sigan dilatando la solución que tanto estamos esperando todos en el Caribe”.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que se debe analizar el argumento que presentó el Gobierno, ya que desde el punto de vista tarifario se presentaría una reducción que afectaría los ingresos de las nuevas empresas frente a las inversiones que deben realizar.

“Una discusión importante es si se iba cobrar el IVA para los bienes de capital, había una incertidumbre muy fuerte por lo que se aplaza hasta que no se sepa cómo va a darse el trámite de la nueva ley que tiene los mismos componentes de Ley de Financiamiento”, agregó el mandatario.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también publicó un comentario en Twitter sobre la decisión: “Es muy triste que el Caribe siga teniendo el peor servicio de energía del país, y justo cuando se asomaba una solución queda otra vez postergada. La gente buena del #CaribeUnido no merece seguir padeciendo un servicio tan malo, mientras las soluciones se demoran cada vez más”.

Siguen inversiones.

 El Gobierno advirtió que pese al cambio en el cronograma continuará apoyando a la compañía intervenida para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe.

En el comunicado de la Superservicios indica que la empresa “continuará contratando y ejecutando su plan de inversiones por más de $800.000 millones que se traducen en obras dirigidas a mejorar progresivamente la calidad en la prestación del servicio”.

Cabe señalar que en el proceso de búsqueda del nuevo operador para Electricaribe hay seis empresas precalificadas, tres son nacionales y tres internacionales.

Nacionalizar la empresa
Fachada de las oficinas de la empresa Electricaribe en el norte de Barranquilla.
Fachada de las oficinas de la empresa Electricaribe en el norte de Barranquilla. archivo

Tras darse a conocer las nuevas exigencias para la empresa o empresas que resultaran adjudicatarias en las subastas, varios expertos consultados por EL HERALDO expresaron su preocupación por los ajustes que fueron publicados en la séptima adenda del proceso.

Dos de los temas en los que los analistas coincidieron en que son fuente de preocupación para los inversionistas son el primer lugar las garantías que se piden para realizar las inversiones que se requieren, que están calculadas en unos $8,7 billones ($3,7 billones CaribeSol y $5 billones CaribeMar) y la regulación tarifaria.

“Esto podría llevar a que los inversionistas no presenten ofertas”, dijo un experto y señaló que esto abriría paso a que se realice la nacionalización de la empresa.

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