Hacer cumplir la ley de Servicios Públicos vigente y contar con una Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) operativa, así como garantizar las inversiones y la puesta en marcha de los proyectos energético adjudicados fueron algunos de los temas que se abordaron durante el panel ‘Institucionalidad y desarrollo del sector eléctrico’, en el marco del undécimo foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que se cumplió en Barranquilla.
Durante este espacio, que fue moderado por la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo, estuvieron presentes José Antonio Vargas Lleras, presidente de la Junta de Enel Colombia; José David Name, senador del Partido de La U; Hugo Palacios, ex ministro de Hacienda y Crédito Público, y Manuel Maiguashca, socio de Cerrito Capital.
Ante la posibilidad de una reforma a la Ley de Servicios Públicos por parte del Gobierno nacional, con la que pretende hacer cambios normativos y regulatorios para lograr unas “tarifas justas”, los panelistas analizaron los alcances de este proyecto del cual aún no se conoce un documento oficial.
Coincidieron en afirmar que en el país existen todos los instrumentos jurídicos para hacer cumplir las normas establecidas en leyes como la 142 y 143, que rigen la industria de los servicios públicos.
Enfatizaron que después de 30 años de su creación, son normativas útiles para tomar decisiones en beneficio del sector energético y los usuarios.
En ese sentido, el congresista José David Name señaló que el actual Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no está tomando en serio la política energética en el país. “El Gobierno tiene todos los instrumentos jurídicos para tomar decisiones, pero no las toma”.
Como miembro de la bancada legislativa del Caribe, Name indicó que se podría sacar adelante cualquier normativa. Recalcó que sin un mensaje claro por parte del Gobierno “no se puede lograr una solución”.
Advirtió que hoy las distribuidoras de energía están enfrentando una “situación complicada” con los sectores populares. Aseguró que “esto puede ser realmente una bomba social si no se toman las decisiones necesarias”.
En este punto, el exministro Hugo Palacios mencionó que el problema del Caribe es muy específico y que se debe resolver a través de la regulación.
Para Palacios, la institucionalidad colombiana es lo suficientemente fuerte para que aplique los correctivos necesarios. Advirtió que “la situación actual de la Costa y el desabastecimiento de proyectos para los dos próximos años es una tormenta perfecta que no tiene solución de corto plazo”.
A su turno, José Vargas Lleras aseguró que los precios y las tarifas que tanto preocupan a los usuarios no se definen en “reuniones de hoy, puesto que requiere de planeación con muchos años de antelación y con acciones en la realización de los propios proyectos. Yo creo que ahí está verdaderamente la clave de tener precios sostenibles, tarifas justas, que las industrias, las personas, las comunidades puedan pagar”.
Inversiones y proyectos
“Las cosas que están funcionando bien, que han funcionado bien, deberíamos permitir que siguieran funcionando bien”. Así lo expresó Vargas Lleras en torno a la cantidad de elementos, tanto institucionales como regulatorios, que han venido funcionando correctamente durante estos años.
En su concepto, dicho andamiaje ha generado confianza y seguridad a los inversionistas: “Puedo decirlo con tranquilidad, Colombia ha sido un país modelo a nivel regional y mundial en el respeto a las reglas. Con una comisión de regulación que también ha sido modelo a nivel internacional, por su independencia, su autonomía, por su tecnicismo. Ese tipo de cosas que han funcionado bien, no deberíamos estar pensando en cambiarlas. Esto lo que genera es incertidumbre en el mercado”.
En ese sentido, aseguró que inversiones que han entrado al país en el sector eléctrico nunca se habrían podido hacer con el presupuesto nacional. Remarcó que los proyectos se han logrado gracias a la participación de la empresa privada –nacional y extranjera– “y esperamos que siga siendo así”.
El presidente de la Junta de Enel manifestó que no se debería avanzar hacia un modelo donde el responsable de todas las inversiones en el sector sea el Estado. En ese sentido, afirmó: “Creo que eso es impensable”.
Se mostró alarmado porque los 4.000 megavatios de energía solar adjudicados en las dos últimas subastas no se han ejecutado. “De nada nos sirve que nos adjudiquen 4.000 megavatios, si de esos se ejecuta el 5 % o 10 %. Esto nos genera una situación mucho peor que si no hubieran adjudicado los proyectos”.
Y también señaló que la regulación tiene que ser dinámica, que vaya respondiendo a los nuevos retos que van surgiendo. Asimismo, enfatizó en la importancia de tener una “Creg organizada con todos los miembros escogidos, con personas idóneas, técnicas y capacitadas que puedan funcionar de una manera independiente, en torno a sus periodos fijos, como manda la ley”.
El directivo de Enel comentó que seguir hablando de cambios genera desconfianza y esto va en contravía de lo que se necesita. “Este es un sector que se ha venido desarrollando hasta ahora con las garantías, las certezas, algo de lo que hemos presumido durante todos estos años, a nivel regional y mundial, que es tener un país que respeta, un país que atrae de verdad y que cumple sus compromisos con los inversionistas privados”.
Reforma a leyes
El otro espacio del panel, el senador Name se refirió a la pertinencia de las leyes 142 y 143, en el sentido de que “no han sufrido casi ninguna modificación en los últimos 30 años, desde su creación”.
No ocultó que es necesario que se actualice por la entrada de nuevas tecnologías, “pero de allí a entrar a modificarla sin tener en principio unos textos y conocer sus contenidos no es sano”.
“No vamos a modificar algo que está funcionando perfectamente bien para meternos en una nueva incertidumbre”.
Para Manuel Maiguashca, hablar de una reforma de la ley de Servicios Públicos no es nuevo, ha sucedido varias veces; sin embargo, cuestionó que en esta oportunidad se va a discutir en medio de una “institucionalidad diezmada”.
El experto consideró que un gran logro de las leyes 142 y 143 ha sido la toma de decisiones del sector a través de instituciones especializadas e independientes, como lo es la Creg y la Upme. “Estas instituciones son menos permeables al vaivén político”.
Puso de presente, que en el país hay inversiones de millones de dólares en el sector eléctrico que no dependen de la firma de un contrato, sino que “dependen básicamente de la regulación”.
No obstante, anotó, ante una institucionalidad “mermada” el riesgo de invertir en el sector aumenta. Y, aun así, aseguró, hay mucho interés en el mercado. “Estoy seguro de que todos están viendo proyectos, están listos para la próxima subasta. Este es un sector que tiene ese privilegio y tenemos que cuidarlo mucho”.
Por su parte, el exministro Palacios se refirió a que es necesaria la competencia en el sector público. Aun así, aseguró que la ley contempla que “si no se puede tener competencia en el sector, sería la Creg, como ente regulador, que entraría a garantizar estas competencias”.
En este punto criticó que esté circulando un documento que está relacionado con el proyecto de reforma de servicios públicos que construye el Gobierno. “Uno podría decir que es parte de una campaña perversa para desacreditar lo que la administración está haciendo”.
