El trabajo sexual se ha convertido para Jessica* en su método de subsistencia. A pesar de su juventud, la falta de oportunidades laborales la han llevado hasta este extremo para poder garantizar una mediana estabilidad a sus pequeños hijos.
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'Estoy en esto por necesidad. Soy madre cabeza de hogar y vivo sola. No tengo ayuda de mi pareja y debo guerreármela por mis hijos, para mí, por mi techo y mi alimentación', sostuvo la mujer, quien labora en las calles del Centro de la capital del Atlántico.
Cada día trae un nuevo aprendizaje para ella, al punto de que considera a la calle como su gran escuela, la que la ha ayudado a formar su carácter y a convertirse en una mujer más fuerte: 'Algunos clientes me han agredido, he tenido problemas y me ha tocado agredir a otras personas. He estado en la URI, en la UPJ. He tenido muchos problemas en esta vida'.
Yamile* es otra de las mujeres que se 'rebusca' a través de actividades sexuales pagadas. La esquina de la calle 44 con carrera 40 se ha convertido en su 'oficina' durante los últimos meses, hasta donde llegan personas para obtener sus servicios.
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'Uno se tiene que aguantar muchas cosas por necesidad', sostiene la mujer mientras merodea por el parque de Los Enamorados, un espacio que desde hace muchos años dejó de recibir a inocentes niños para convertirse en una pequeña zona de tolerancia.
Martha* es otra de las mujeres que ejerce este oficio en el Centro de la ciudad y sostiene que en más de una oportunidad ha tratado de cambiar de vida, pero las dificultades económicas de su hogar la vuelven a llevar a este camino.
'Hay veces que me salgo y vuelvo a entrar, porque se pone la situación mala. A nosotras nos toca muy duro, a veces nos humillan por plata', sostiene.
Estas son tan solo tres de las cientos de personas que en Barranquilla se dedican a las actividades sexuales pagadas y que serán objeto de una política pública con el fin de transformar las condiciones en que las adelantan y mejorar su calidad de vida.
Dicha iniciativa –liderada por la concejal Heidy Barrera y que se encuentra solo a la espera de la sanción del alcalde Jaime Pumarejo– pretende visibilizar los derechos de las personas que realizan estas actividades de forma física y virtual, con el fin de impulsar la prevención, control y sanción de cualquier forma de violencia o delito sexual.
'Este es un grano de arena para una solución definitiva para estas personas. Hay que prevenir y tomar acciones que permitan la disminución de este tipo de flagelo social. Podemos rescatar y ayudar a salir a las mujeres que no quieren prestar servicio de actividades sexuales, hacen parte de las 600 mil mujeres que habitan la ciudad', sostuvo la cabildante perteneciente al Partido de La U, quien recalcó que estas herramientas también permitirán que las jóvenes no recurran a estas prácticas.
Barrera indicó, además, que a través de esta iniciativa también se busca atacar una problemática social y de salud pública en la capital del Atlántico 'Nos llamó la atención la gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual que portan las mujeres que realizan estas actividades.
Esto termina siendo una problemática en la ciudad, sin contar las situaciones que hay con la niñez, porque muchas se ven obligadas a dejar solos a sus hijos y muchas veces son abandonados en la calle', agregó.
Puso de presente que, de acuerdo con las caracterizaciones realizadas en la ciudad, alrededor de dos mil mujeres desarrollan actividades sexuales pagadas. El 74 % de esta población se encuentra entre los 20 y 44 años, mientras que el grupo etario entre 45 y 55 años también cuenta con una participación importante.
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¿Qué contempla?
El proyecto de Acuerdo sostiene que la creación de esta política pública permite avanzar en intervenciones integrales que involucren a otros actores y esfuerzos institucionales que permitan articular estrategias y herramientas para su implementación.
Otro de los objetivos de la iniciativa es construir una hoja de ruta que permita ampliar las condiciones de seguridad de las personas que realizan estas actividades, así como disminuir los diferentes tipos de discriminación y estigmatización contra estas personas.
Esta política pública deberá ser, además, garante de la generación de oportunidades labores y acceso al derecho a la salud, así como la implementación de programas de educación escolar –por medio de modelos flexibles– y el desarrollo de jornadas de inspección para el cumplimiento de la normatividad ambiental e higiénico-sanitaria.
A través de este proyecto se busca el mejoramiento y caracterización del espacio público y entornos de los establecimientos y zonas de concentración de esta actividad, sin dejar de lado la promoción de la salud física, mental y sexual de las personas que desempeñan este oficio.
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Lo que viene
Dentro de los próximos seis meses, la Secretaría de Gestión Social con el acompañamiento de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género deberán liderar el proceso de construcción de la política pública.
Posterior a ese plazo, la administración distrital tendrá que presentar un proyecto de Acuerdo al Concejo para adoptar la política pública territorial de actividad sexual pagada física y virtual.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de las mujeres.
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Visión humanitaria y de asistencia social a esta población
En el segundo debate, esta iniciativa obtuvo el respaldo de 16 concejales. Su voto positivo estuvo impulsado por la intención de convertir a Barranquilla en un referente de asistencia social a los trabajadores sexuales, con una visión humanitaria que también tenga impacto en sus familias.
El concejal Antonio Bohórquez, del Polo Democrático, sostuvo que el propósito inicial es que se brinden opciones a la comunidad para que no se tenga que recurrir a las prácticas sexuales.
'Lo hicimos con el propósito claro de que no se estimula el trabajo sexual desde ningún punto de vista', indicó el cabildante, quien fue ponente de la iniciativa. Agregó que 'esta población es víctima de agresiones y no le está llegando la oferta institucional como corresponde'.
Para el concejal Samir Radi, la importancia de este proyecto radica en que permite redignificar las herramientas que tienen las personas que ejercen estas actividades para mejorar su calidad de vida.
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