La Ley del Montes | SAE vs Triple A, ¿qué hay detrás?

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Danilo Rojas, se convirtió en el primer golpe propinado por un organismo de control a un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro. Rojas es uno de los alfiles más valiosos de Petro en su propósito de entregarle a la comunidad bienes incautados por el Estado, que han sido adquiridos mediante actividades ilícitas. Se trata de un funcionario de absoluta confianza de Petro. De hecho, una vez conoció la decisión del Ministerio Público, Petro escribió en Twitter: 'El que encontró la corrupción en la Triple A es suspendido por órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en la SAE'.

En otras palabras, para Petro, la Procuraduría no sancionó a Rojas por corrupto, sino por luchar contra la corrupción. Pero, ¿por qué la Procuraduría sancionó a Rojas? De acuerdo con Silvano Gómez Strauch, funcionario del Ministerio Público que está al frente de la investigación, la decisión tomada tiene que ver con 'el presunto incumplimiento del contrato de compraventa de acciones de la Sociedad Triple A, que se suscribió entre la SAE y la empresa Alumbrado Público de Barranquilla, hoy denominada empresa K-yena'.

Según la Procuraduría, pudo existir un incumplimiento por parte de la SAE al no entregar sus acciones a la empresa de economía mixta K-yena, en la que el Distrito tiene participación mayoritaria, lo que podría ocasionar el cobro de una cláusula penal por la suma de 59.000 millones de pesos. De esa conducta podría derivarse -según la Procuraduría- un detrimento patrimonial, que es lo que el Ministerio Público quiere evitar.

Curiosamente, Rojas también argumenta que quiere impedir la pérdida de multimillonarios recursos, pues considera que la negociación que se hizo con K-yena estuvo muy por debajo del valor de la empresa Triple A. Por esa razón solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos una valoración de dicha empresa. Mientras ello no ocurra, la SAE -sostiene Rojas- se abstendrá de trasladar las acciones a su cargo a K-yena. Esta decisión de Rojas también contó con el respaldo de Petro, quien pidió investigar si las acciones de la Triple A 'se vendieron por debajo de su valor'.

Luego de recuperar la mayoría accionaria de la empresa en el 2021, con el 82 por ciento, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se puso en la tarea de devolverle a la ciudad la Triple A. 'Barranquilla debe tener su propia empresa de servicios públicos', afirmó.

La suya ha sido una tarea titánica y no exenta de riesgos. El capítulo más reciente tiene que ver con el pulso que sostiene con la SAE, por el incumplimiento en el contrato de compraventa de un porcentaje de acciones de la Triple a la empresa K-yena. El 'golpe de mano' propinado por la SAE de cambiar todos los miembros de la junta directiva de la empresa -hecho ocurrido en la pasada Asamblea Extraordinaria de Accionistas- colmó la paciencia de Pumarejo, quien denunció la intención de la SAE de 'apropiarse irregularmente' de la Triple A. A raíz de esa decisión de la SAE, el alcalde de Barranquilla dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales para denunciar lo ocurrido y hacer valer los derechos contractuales del Distrito.

El motivo de la discordia entre la SAE y la Administración de Barranquilla tiene que ver con el precio de las acciones vendidas a la empresa K-yena, empresa de economía mixta en la que el Distrito tiene una participación mayoritaria. La SAE -en cabeza de su presidente, Danilo Rojas- sostiene que el valor de las acciones se fijó muy por debajo de lo que cuestan. La venta de las acciones se estableció en 565.000 millones, precio al que se llegó luego de un estudio realizado por la firma Deloitte. Es decir, no se trató de una decisión arbitraria, sino que se obtuvo por estudios realizados por una firma especializada. No obstante, la Superintendencia de Servicios Públicos, consideró que él precio de las acciones debería ascender a 2,4 billones de pesos.

La defensa de la Triple A la deben asumir Barranquilla y los habitantes de los municipios del Atlántico. Nadie más. Punto. No es desde Bogotá -ni mucho menos desde España- donde nos van a enviar tablas de salvación. En Barranquilla sabemos muy bien cómo fue saqueada la empresa en el pasado por administraciones corruptas, que hoy posan de adalides de la moral.

No puede la Triple A volver a caer en manejos politiqueras, ajenas a su verdadera vocación de servicio a la comunidad. La Triple A no puede convertirse en un fortín electoral de 'nuevos caciques', que aspiran tener abundante chequera y nómina frondosa para quitar y poner recomendados políticos en tiempos de elecciones. Esa lección ya la aprendimos. Quienes volvieron inviable la Triple A hoy están agazapados, esperando el momento para volver a engullírsela. En esta cruzada por devolverle la Triple A a los barranquilleros el Gobierno Nacional debería ser un aliado. No obstante, llama la atención el trato displicente y grosero que altos funcionarios de la SAE han dado a quienes desde la administración distrital pretenden resolver sus dudas y responder sus requerimientos.

Los grandes afectados por cuenta del deterioro de la Triple A serían sus usuarios, es decir los habitantes de Barranquilla y del departamento del Atlántico. Aunque deben mejorarse algunos asuntos, en lo que tiene que ver con cobertura y calidad del servicio, es indudable que los usuarios de la Triple A están mucho mejor atendidos hoy que hace varios años atrás. Por esa razón, meter a la Triple A -después de haber superado -¡por fin!- el lío de Canal Isabel II e Inassa- en un limbo jurídico y legal podría traducirse en un peor servicio y una mayor frustración por parte de los usuarios. La empresa presta servicios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado a unas 600.000 personas.