Los voceros de los gremios que son citados por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), en la carta que envió a la comisión de comercio de la Unión Europea para que mediara en la controversia presentada por Gas Natural Fenosa (GNF) al Gobierno colombiano, aseguraron que la patronal ibérica no interpretó correctamente el pronunciamiento que hicieron sobre el sector energético nacional.
En la misiva que firma el presidente de la Ceoe, Juan Rosell, se afirma que los gremios nacionales como la Andi, ACM, ACP, Acolgen, Andeg, Naturgas, Asocodis y Andesco, reconocen y reclaman ante el Gobierno la existencia de un 'desfavorable ambiente de negocios' en Colombia.
'Estas organizaciones también requieren de ciertos mecanismos que puedan dar estabilidad legal a las inversiones mineroenergéticas', señala el documento del empresariado ibérico.
Los gremios nacionales aclararon que su llamado al Gobierno y autoridades hacía referencia a la normatividad y decisiones jurídicas en torno al desarrollo de proyectos en el sector.
Sobre esta mención, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) Bruce Mac Master, publicó ayer en su perfil de Twitter que: 'No es correcto uso que le dio Organización de Empresarios españoles en defensa de Electricaribe a comunicado sobre certidumbre jurídica'.
A su vez el gerente seccional de la Andi, Alberto Vives, había señalado que entre los empresarios españoles había 'desinformación', sobre la situación real de la empresa en la Región Caribe, ya que no había cumplido con el plan de inversiones que se le había fijado.
Por su parte, Orlando Cabrales, el presidente de Naturgas, coincidió con Mac Master en que lo señalado en la carta de los españoles y el pronunciamiento realizado por los gremios del sector energético, de minería y gas, 'son temas diferentes'.
Explicó que la carta de los gremios, la cual fue divulgada al finalizar el encuentro Colombia Genera, convocado por la Andi en Cartagena a finales de febrero de este año, tenía como objetivo llamar la atención en cuanto a 'las decisiones judiciales que paran las inversiones o la ejecución de proyectos con el argumento de que las comunidades étnicas no han sido consultadas'.
Pago de deudas
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), indicó que a su gremio lo que le preocupa es la forma como se solucionará el pago de las deudas pendientes que estaban vigentes con los generadores desde antes de la intervención, los cuales superan los $300.000 millones.
'Hay pendientes facturas de pagos bilaterales y también de bolsa, más allá de eso, no hemos dicho (si la intervención) es mala, regular o buena, porque no nos corresponde', agregó.
Debe cumplir
El gerente de Desarrollo de Ciudad, Jaime Pumarejo, también se pronunció sobre la carta enviada por los empresarios españoles a la Unión Europea. Pumarejo aseguró que lo mejor es que haya una intervención de la UE en este caso, porque la legislación colombiana es clara y las empresas extranjeras no pueden prestar un mal servicio.
'Ojalá la Unión Europea intervenga para que Gas Natural Fenosa, antes de estar buscando culpables, se hubiera sentado a buscar soluciones en los últimos años', afirmó Pumarejo. El funcionario advirtió que la empresa eléctrica sabía de los riesgos del negocio, por lo que ellos debieron ser más eficientes en el cobro de la facturación, pero, sobre todo, en la prestación del servicio a los usuarios.
El Gerente de Desarrollo de Ciudad cuestionó la forma cómo la compañía española asumió el proceso, por eso cree que los empresarios españoles deben ayudar a buscar una solución de fondo al problema conminando a Gas Natural Fenosa a trabajar en ello.
'La Región Caribe lo único que espera es un servicio eficiente, a un precio justo, que las controversias por la facturación sean resueltas de una manera prudente en cuanto al tiempo. No importante si es la misma empresa o si llega un tercero, lo importante es que presten un servicio eficiente, a unas tarifas justas', expresó Pumajero.
Pedían certidumbre jurídica
Al finalizar la 6ta. versión de Colombia Genera, los gremios mencionados hicieron un llamado al Estado, el Congreso, las Cortes, los jueces, alcaldes y gobernadores del país para 'trabajar en la construcción de un sistema de estabilidad jurídica que permita contar con reglas de juego claras, que permitan al sector privado jugar su papel en la generación de desarrollo económico y social'.
Expresaron su preocupación por lo que llamaron una 'desarticulación entre las competencias del Estado y las entidades territoriales. Así mismo, por la ausencia de mecanismos que otorguen estabilidad jurídica a las inversiones, la contradicción en los pronunciamientos judiciales y el ejercicio extralimitado de los mecanismos de participación ciudadana'.
Señalaron que si Colombia quería pasar de ser un país de ingreso medio a uno de ingreso alto, 'debía tomar la decisión clara de crear condiciones justas y previsibles para la actividad empresarial, dentro de las cuales la certidumbre jurídica juega un papel fundamental'.
'En suma, solicitamos seguridad jurídica para los actores formales que aportan importantes recursos para el desarrollo económico y social del país, así como todo el rigor frente a los que actúan en contravía a la ley', concluyeron.
