Ante la alerta lanzada por la Contraloría por posibles afectaciones al sistema eléctrico por el no pago de subsidio a las empresas de energía en el país, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) indicó que el saldo pendiente, a corte de agosto de este año, por subsidios para los estratos 1, 2 y 3 asciende a $1.3 billones.
José Camilo Manzur, director del gremio, sostuvo a EL HERALDO que en el presupuesto del próximo año no se han apropiado recursos por el orden de $700 mil millones por este concepto. De esta manera, el déficit llegaría a $2 billones.
“Las empresas pequeñas no tienen recursos para pagar nómina. Hay empresas pequeñas que el valor de los subsidios superan su saldos de caja positivos”, aseguró el líder gremial.
De acuerdo con Manzur, la situación se agrava debido a la estrechez financiera que existe por los saldos de opción tarifaria.
“En el último corte que tenemos, al mes de julio, esa deuda va en $4 billones. Cada día que se demore la aprobación de la ley que convierte en realidad la promesa del presidente Petro de asumir la deuda, va en contra de los mismos usuarios”, expuso durante un reciente evento en Cartagena.
También puso de presente que, cuando se materialice dicha iniciativa, la reducción tarifaria para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira sería cercana al 20 %, mientras que en Bolívar, Córdoba y Sucre sería cercana al 10 %.
Alerta de la Contraloría
La Contraloría General de la República alertó de un “inminente riesgo “de racionamiento o cesación en la prestación del servicio de energía, debido al retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía.
De acuerdo con el ente de control, esta situación podría generar afectaciones a más de 10 millones de personas en el Caribe colombiano, así como en los departamentos de Nariño, Chocó y Vichada.
La Contraloría aseguró que se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“La vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”, recalcó.
Al respecto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias para que cumplan su papel de garantes y adopten acciones idóneas prevenir la afectación en la prestación de este servicio, evitando así “el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional”.
En ese sentido, aseguró que deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.
El ente de control también expuso que la situación se agrava por la “falta de decisión” del Gobierno con relación al reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de opción tarifaria, que corresponde al congelamiento de las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos.
Otro factor, de acuerdo con la Contraloría, lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas del Caribe”.
Agregó que una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos: “es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”.
La Contraloría recalcó la importancia de garantizar la seguridad y confiabilidad energética en el país. Puso de presente que en el estudio ‘Avances de la Estrategia para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la Región Caribe’ se concluyó que persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental.
“La sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió entonces que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, puso de presente.
Por último, la entidad recordó a las autoridades locales de todo orden que “la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es otro factor que afecta la prestación del servicio”.
Agregó que existen circulares de la Procuraduría y la Contraloría que advierten sobre la gravedad de tal conducta, además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública: “En tal sentido, se realizarán los traslados respectivos a la Procuraduría General de la Nación a efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan”.
