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Contraloría se toma la sede de Electricaribe por caso de subsidios

El ente fiscalizador tomó la decisión para establecer si hay detrimento en el manejo de los subsidios por $78.500 millones que dejó de otorgar la empresa a los usuarios.

La Contraloría abrió indagación preliminar contra Electricaribe por los subsidios de 2015 y 2016 por $78.500 millones del Fondo de Energía Social (Foes) que en vez de otorgar a los usuarios más pobres de la Costa, los usó para disminuir sus pérdidas.

La idea es “revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados”, indicó el ente de control en un comunicado.

La actuación permitirá, además, cuantificar el monto del daño al patrimonio estatal que se habría dejado de cuantificar durante el período los primeros cuatro años de esta década.

“La medida se aplica luego que la Contraloría verificó que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas”, señaló la entidad fiscalizadora.

EL HERALDO reveló en primicia hace un mes los hallazgos de la Contraloría en el sentido de que Electricaribe utilizó más de $78.500 millones que le giró el Gobierno para subsidiar alrededor de 600.000 usuarios, en un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal.

El hallazgo fue detectado por el organismo de control luego de analizar un promedio de 800.000 facturas mensuales expedidas durante los años 2015 y 2016, para un total de 19 millones de facturas revisadas aproximadamente.

En julio pasado, fuentes de la Contraloría le dijeron a este medio que no solo los españoles de Gas Natural Fenosa, dueños de Electricaribe, tienen responsabilidad en los hallazgos del Foes, sino que la intervención, que asumió la empresa a mediados de noviembre pasado, también tendría su parte, pues no se han producido cambios en la política de subsidios.

No obstante, el interventor de Electricaribe, Javier Lastra, aseguró a este diario en los primeros días de agosto que desde el 31 de este mes se harán los ajustes al ‘software’ que produce las facturas para que los subsidios del Foes les lleguen a los usuarios de estratos más bajos y no se los siga “embolsillando” la empresa aún tras la intervención.

En respuesta, el exministro de Minas Amylkar Acosta advirtió que el Foes está rezagado en los giros y que la única manera de resarcir a los usuarios es “reintegrándoles la sisa que se les aplicó descaradamente”. Pone de presente además que la aplicación de los subsidios está supeditada a que el Ministerio de Hacienda gire “y este hace rato está colgado con las empresas: el Foes cerró con déficit el 2016, en el 2017 pasará lo mismo y el monto aforado en el proyecto de Presupuesto para el 2018 solo alcanzaría para tapar el hueco”.

Un ejemplo de cómo se producía la desviación del Foes es que a un usuario se le aplicaba un descuento por subsidio de solo 19,78 pesos, cuando tenía derecho a 1.978 pesos, resultantes de multiplicar su consumo de 43 kilovatios por hora por los 46 pesos que establece la ley. Y para cuadrar las cuentas y favorecer la disminución de las pérdidas, la empresa restaba los 1.958 pesos de diferencia al ítem de ‘aporte empresa’. De todo esto el usuario no se percataba, ya que la compañía presentaba en las facturas del usuario los valores del beneficio Foes de forma global y no discriminada. Cabe anotar que no a todos los usuarios afectados se les restaba la misma cantidad, dado que cada usuario reporta un consumo distinto.

Comisión se “toma” instalaciones de Electricaribe

Una comisión de la Contraloría General de la República se encuentra en Barranquilla con el fin de realizar una indagación preliminar a Electricaribe por aparente uso indebido de subsidios. EL HERALDO conoció que la comisión está encabezada por el contralor delegado de Minas y Energía, quien vino a pedir cuentas a la filial española. La comisión, integrada por 10 funcionarios, llegó desde las 7 de la mañana del lunes. Se pudo establecer que un grupo de investigadores del ente de control viajará hoy a la capital de la República con parte de la información compilada. El otro grupo se queda recopilando las pruebas y toda la información requerida para seguir con el proceso, el cual tardará unos dos meses aproximadamente. Aunque no fue posible dialogar con alguno de los integrantes de la comisión, quienes se reunieron ayer con el agente interventor, Javier Lastra y otros directivos de la compañía eléctrica, se conoció que el ambiente estaba un “poco tenso”. Los resultados de la indagación preliminar se conocerán en 60 días aproximadamente.

La reunión se llevó a cabo en el piso seis del edificio Ejecutivo 2, en la calle 74 #56-36, un nivel antes de la oficina de Lastra, ubicada en el séptimo piso. El ambiente era aparentemente tranquilo, pues muchos de los funcionarios estaban laborando en sus puestos de trabajo, mientras que la comisión recopilaba las pruebas para determinar el posible daño patrimonial sufrido por el Ministerio de Minas y Energía. Esta indagación preliminar es para determinar el monto real del “detrimento padecido por el erario estatal para los años 2010 a 2014”. Fue designada Juanita De la Hoz Guerra para dar impulso y proyectar las actuaciones, así como para practicar las pruebas que deban surtirse en desarrollo de la indagación.

 

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