ESE UNA, un enfermo que “sí se puede salvar”: nueva interventora

La médico Marjury Díaz Céspedes, agente interventora de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), ha vivido dos meses intensos. Desde el pasado 2 de enero asumió las riendas de la entidad con un proceso de diagnóstico de un ‘paciente’ al que muchos han referenciado como terminal.

Con este proceso ha podido identificar muchos de los males que sufre la entidad y en entrevista exclusiva con EL HERALDO entregó por menores del funcionamiento de la red pública de salud del departamento, que arrastra una deuda superior a $14 mil millones con el talento humano y que cada mes se agrava más por un déficit cercano a los $6 mil millones.

“A mí me notificaron desde el 28 de noviembre de la designación y el proceso de empalme se realizó sin inconveniente. Nos acompañó la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la delegatura de medidas especiales; a través de este proceso se estableció un plan de trabajo y el cronograma para sacar adelante la entidad”, explicó la interventora a esta casa editorial.

Su llegada fue convulsa por la salida de Freddys Socarrás de este cargo. Cabe recordar que los sindicatos no estuvieron de acuerdo con la decisión y hasta enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que no procediera con el nombramiento de la nueva interventora.

“Desde mi perspectiva o mi experiencia, considero que las fallas más sensibles se encontraban tanto en la atención de pacientes y el talento humano, así como en el componente financiero”, agregó.

Díaz Céspedes aseguró que una de las prioridades en este periodo ha sido la recuperación de la confianza por parte del talento humano para mejorar los niveles de atención y operación. Puso de presente que gran parte del personal se encontraba “desmoralizado” y “desmotivado” por la creciente deuda de salarios.

En ese sentido, recalcó que los salarios del personal asistencial se encuentran por debajo de la media en la ciudad, lo que genera mayor presión.

“Nuestros auxiliares de enfermería estaban muy por debajo de los honorarios que estaban en el resto de la región. Lo que hicimos fue incrementar el valor por hora de estos profesionales para equilibrarlos un poco y garantizarles medianamente algunas condiciones. Encontramos que el de menor reajuste estaba en el 5 % y el de mayor podía estar en un 15 % de incremento”, anotó.

Agregó que una de las ‘enfermedades’ que golpeaban a la ESE UNA era la baja prestación de servicios: “La mayor parte de nuestros servicios estaban muy solos, estaban desocupados. Tenemos 24 unidades de cuidados intensivos y llegamos a tener solo 4 o 5 pacientes; todas las sedes estaban con unos niveles de ocupación que no superaban el 30 % y eso no es viable para nadie”.

Por eso adelantaron conversaciones con EPS como Mutualser, Coosalud y Nueva EPS para que los pacientes fuesen remitidos a la ESE UNA y así poder rentabilizar la capacidad instalada con la que cuenta la red pública de salud del departamento.

“Revisaron nuestras sedes y tarifas para definir cómo se puede fortalecer el direccionamiento de pacientes por parte de los aseguradores. Desde ese momento se han incrementado y hemos superado el 70 % de ocupación. Eso se tiene que empezar a reflejar en lo financiero. El promedio aproximado para ver esta recuperación financiera es de 6 meses; esperamos que en julio se empiece a notar”, recalcó.

A pesar de todo este trabajo, Díaz Céspedes recalcó que las alertas se encuentran encendidas por la situación de la sede del Juan Domínguez Romero, ubicada en el municipio de Soledad.

“Era de las sedes con mayor desocupación, pues no superaba el 20 %. Realizamos la reapertura de 10 camas de hospitalización de pediatría que estaban cerradas. En este momento estamos trabajando en la reapertura de las 10 camas de cuidados intensivos que es una área que tiene toda la dotación”, mencionó.

La interventora anotó que esta sede es la más moderna y a mediados del año anterior se presentó el cierre de varios de sus servicios: “Estaba cerrada esa UCI. Estaban cerrados otros espacios que no se compadecen realmente con la inversión que se hizo y con el tamaño que tiene esa infraestructura”.

Desde el inicio de su funcionamiento, la ESE UNA tuvo que cargar con cinco contratos que le eran totalmente desventajosos. A la fecha ha logrado terminar dos de ellos, de tal manera que el servicio farmacéutico pasó a ser operado de manera directa así como la prestación del servicio de laboratorio clínico. Ahora están en la lucha jurídica por terminar el tercero, correspondiente al servicio de UCI de la sede de Sabanalarga.

“Estamos en el proceso de terminación unilateral de ese contrato. Es un espacio que se tenía en arriendo y que estamos solicitando su recuperación por vía jurídica, porque nuestro interés es que todos los servicios sean prestados de manera directa por parte de la institución”, anotó.

Todos esos ajusten han ido ayudando a reducir el desangre de la entidad: “Aproximadamente unos 80 millones de pesos mensuales estamos ahorrándonos en relación a los contratos, porque hemos tenido otros temas de austeridad del gasto también y estrategias de costo que nos han permitido disminuir un poco esos gastos”.

La interventora, que terminaría su labor en agosto, tiene claro a la fecha el gran déficit total de la empresa, el cual asciende a 140 mil millones de pesos. Pese a todo ello, cree que el enfermo se salvará y podría quedar sano del todo.

“El enfermo está crítico pero no está muerto y eso es algo muy importante. Considero que está en proceso de afianzamiento y hay que darle un poco más de tiempo; hay que revisar la experiencia, el grado de madurez, que se haya tenido en el momento de la fusión de toda la estructura”, puntualizó.

Durante la intervención, la ESE UNA ha presentado cinco proyectos al Minsalud, dos de ellos ya han sido aprobados. El primero de ellos ha sido un proyecto de fortalecimiento institucional por 3.800 millones de pesos. Adicionalmente, un proyecto para ser la sede de formación de los profesionales que se encargarán de la estrategia en salud mental para el Atlántico. Adicionalmente, se encuentran en mesa de trabajo el resto de actividades. La ESE UNA cuenta en este momento con 900 trabajadores vinculados por OPS.