Atlántico y Cesar, con un puntaje de 2,5 en el Índice de Gobernabilidad Local, IGL, se sitúan en un nivel medio alto en la medición que hace el Observatorio de Gobernabilidad de la Universidad del Norte, alma mater barranquillera que acaba de publicar un estudio para identificar las capacidades de los gobiernos y administraciones locales para implementar planes y políticas públicas en sus territorios.
Siguen en el índice (Bolívar, Magdalena y San Andrés harán parte de otro informe) Sucre (2,45, nivel medio), Córdoba (2,34, nivel medio bajo) y La Guajira (2,18, nivel medio bajo).
De acuerdo con Ángel Tuirán, director del Observatorio, 'desde mediados del año pasado se ha venido aplicando el IGL en los departamentos del Caribe colombiano, considerando variables como medición de desempeño municipal, índice de justicia local, estabilidad gubernamental y participación electoral, durante la vigencia 2016 a 2017'.
Los mayores retos en materia de gobernabilidad en la Costa Atlántica, según el documento, están en la medición de desempeño municipal, y en esta los casos más alarmantes son Atlántico, La Guajira y Sucre con 65,2%, 66,6% y 73% del total de sus municipios ubicados en categoría baja de esta medición.
'Lo que esto indica es que gran parte de los territorios tienen precarias condiciones en materia de gestión y logro de resultados, lo que afecta el bienestar de sus habitantes. Este hecho evidencia las debilidades que, en materia de capacidades administrativas, caracterizan a la gran mayoría de municipios del Caribe', indicó Tuirán.
Las problemáticas más recurrentes, destaca el estudio, son las deficiencias en el uso de instrumentos de ordenamiento territorial, baja tasa efectiva de recaudo predial, dificultad para ejecutar recursos propios y de otras fuentes, poco uso de estrategias de gobierno abierto y bajas coberturas en servicios públicos como acueducto, alcantarillado, salud y educación.
El documento señala que en general, los departamentos estudiados presentan serias dificultades para consolidar sus finanzas públicas, situación que se evidencia en altos niveles de desactualización catastral, debilidad en el recaudo de impuestos, elevada dependencia de las transferencias nacionales y condiciones económicas adversas. Estas problemáticas, sumadas a altos niveles de corrupción, violencia y falta de legitimidad institucional constituyen fenómenos que, a nuestro juicio, ralentizan los procesos de construcción de gobernabilidad y democracia en los territorios.
'Las propuestas que hacemos desde el Observatorio son, entonces, avanzar en la actualización de la base catastral: lo cual se podría hacer con el apoyo técnico y financiero de entes departamentales y nacionales; fortalecer la capacidad institucional para la formulación de proyectos y orientar sus procesos de planeación y ejecución hacia la eficiente satisfacción de las necesidades', explicó el director del Observatorio.
Y agregó en este sentido que también es necesario 'consolidar alianzas estratégicas con instituciones de educación superior y promover iniciativas participativas que generen espacios de veeduría y diálogo; y avanzar en la profesionalización de la política local con el objetivo de que emerjan nuevos liderazgos, capaces de contribuir con el mejoramiento de las prácticas políticas'.
