En opinión de Ramiro Manjarrés, representante de CitriAtlantico y Agroribera, una de las prioridades en el sector agroindustrial debe estar enfocado al incentivo de la producción para así velar por la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que el 82% de los alimentos son importados del interior del país.

“Nuestros productos no están debidamente colocados en la plataforma de comercialización final y eso desestimula al producto primario”, aseguró Manjarrés. 

Indicó, además, que la administración departamental debe estimular el proceso de relevo generacional, teniendo en cuenta que cerca del 70% de los productores se encuentran en la tercera edad y tan solo el 2% son jóvenes.

Manjarrés habló sobre la importancia de establecer Alianzas Público-Privadas (APP) para pignorar las cosechas por un periodo de tiempo y colocar dichos productos en los mercados internacionales, aunque se debe destinar parte de este ingreso a amortizar la infraestructura creada.

Asimismo, dijo que se necesita apoyo para las Agencias de Desarrollo Local, “donde se estructura la agroindustria con un componente social y ambiental”.

Para Hernando Baquero, decano de la División de la Ciencias de la Salud en la Universidad del Norte, la administración departamental tendrá que trabajar para atender “el inesperado desempeño” que ha tenido en indicadores de salud pública.

En su opinión, la mortalidad materna debe convertirse en una prioridad, con el objetivo de garantizar todo lo concerniente a la salud materna perinatal, así como la prestación de los servicios de salud para los migrantes y retornados que han llegado a los distintos municipios provenientes de Venezuela.

Asimismo, Baquero indicó que otra tarea pendiente es brindar continuidad en la prestación del servicio de salud en todo el departamento, teniendo en cuenta la inversión que se ha realizado para mejorar la infraestructura de hospitales.

“En muchos corregimientos se necesita que los centros de salud sean adecuados para que la prestación del servicio se cumpla sin interrupciones”, agregó el médico especialista en Pediatría y Neonatología, quien ha sido categorizado como investigador senior por Colciencias.

Por otro lado, Baquero sostuvo que la administración departamental debe “subsanar” la crisis que atañe a los cuatro grandes centros hospitalarios del Atlántico: Cari, Niño Jesús, Juan Domínguez Romero (Soledad) y Departamental de Sabanalarga.

“Lo importante es realizar un análisis exhaustivo y conocer el estado actual de los centros hospitalarios, así como los datos financieros reales. Una opción es liquidar la razón jurídica del Cari, teniendo en cuenta que tiene gran importancia para la red de salud del departamento”, puntualizó.

Jorge Valencia, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, sostuvo que el principal reto de la administración departamental en el sector educativo es mejorar los índices de calidad de los colegios de carácter oficial.

Según Valencia, el trabajo debe focalizarse en las escuelas que se encuentran en los municipios que no pertenecen al área metropolitana de Barranquilla, haciendo énfasis en el sur del Atlántico.

Asimismo, indicó que –durante los próximos cuatro años– la Gobernación debe implementar programas de intervención directa “para mejorar el nivel de competencias básicas de los estudiantes”, así como “aumentar la participación de docentes con maestrías y doctorados en la básica primaria y en las sedes rurales”.

El experto también reconoció que la cobertura en educación inicial y básica ha crecido en los municipios aunque “este avance no ha derivado en mejoras sustanciales en calidad educativa”.

Asimismo, indicó que otro de los compromisos está relacionado con el incremento de la cobertura de la educación superior en los municipios que no pertenecen al área metropolitana de Barranquilla.

Con relación a la Universidad del Atlántico, expuso que se debe trabajar para aumentar los cupos ofertados en programas “que le apunten a las apuestas de desarrollo económico y social del departamento.

Además, fue enfático al indicar que es necesario que la comunidad universitaria suscriba un pacto que permita avanzar en el desarrollo de las actividades curriculares de la alma mater y el fortalecimiento de la formación e investigación.

Reducir las estadísticas de hurto a personas y de celulares son el principal reto para la administración departamental en materia de seguridad, según indicó el coordinador del Observatorio de Justicia, el abogado Dani Oviedo.

El experto indicó que si bien se han reducido los homicidios en el departamento, se sigue presentando un número importante de crímenes relacionados con bandas organizadas: “Es clave reducir esta situación para mejorar el sistema de seguridad, teniendo en cuenta que generan unas dinámicas delincuenciales alrededor”.

Oviedo sostuvo, además, que se deben crear unidades especiales para atender delitos como el hurto y homicidio, por el objetivo de “desarticular las mafias” y mejorar la percepción de seguridad.

El coordinador del Observatorio de Justicia indicó, también, que el abigeato sigue golpeando los municipios del centro del departamento, por lo que las autoridades deben incrementar los controles en este aspecto.

Por otro lado, Oviedo explicó que se deben impulsar los estudios ambientales, sociales y económicos para desarrollar la licitación de la megacárcel, puesto que el hacinamiento en los centros carcelarios del departamento está por encima del doble del promedio nacional.

Por último, sostuvo que es necesario fortalecer los cuerpos de investigación en  el centro del departamento, con Sabanalarga como foco, y los municipios del área metropolitana, puesto que son las zonas del departamento donde se vienen presentando mayores casos de inseguridad.

Aumentar la frecuencia y calidad del servicio de acueducto en los corregimientos y veredas del Atlántico debe ser la prioridad de la administración departamental durante los próximos cuatro años.

Así lo aseguró Rubén Cantero, magíster en Ciencias Ambientales e investigador de la Universidad de la Costa, quien resaltó el avance que se ha logrado en el departamento para incrementar la cobertura.

“Hay que seguir con el mismo impulso. Se avanzó en la cobertura, pero se debe trabajar por mejorar la calidad y frecuencia en este servicio. Una cosa es que el agua llegue a tu casa y otra es que sea apta para el consumo humano”, sostuvo el experto, quien hizo énfasis en que –en muchos sectores rurales del Atlántico– el agua no cumple con los estándares de la normatividad vigente.

Asimismo, indicó que el agua no llega de forma continua a los habitantes de los corregimientos y veredas, aun cuando existen sectores donde cuentan con el servicio de forma regular.

“Eso también va amarrado al alcantarillado, porque cuando contamos con el servicio de agua potable de forma continua en sectores sin alcantarillado, habrá aguas servidas en las vías, lo que atrae vectores que causan enfermedades”, agregó.

Cantero recordó que contar con el servicio de agua potable eleva la calidad de vida de las personas, disminuyendo las enfermedades gastrointestinales y otros indicadores de salud pública.

“Dotar con agua potable a las zonas rurales ayudaría a que no colapsen los centros de salud, porque bajarán las enfermedades en los niños y adultos mayores, principalmente”, finalizó.