En el marco de su estrategia para combatir el robo de agua y garantizar su acceso a las poblaciones del departamento, la Gobernación del Atlántico anunció que en lo corrido del año se han recuperado cerca de un millón de litros de agua con operativos en zonas rurales.
Estas acciones, desarrolladas en articulación con la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la empresa operadora Aqualia, han permitido intervenir más de 120 conexiones ilegales en municipios del sur y de la zona oriental, utilizadas principalmente por grandes finqueros, agricultores y ganaderos para abastecer actividades productivas de manera irregular.
Al respecto, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó el alcance de estos resultados y la firmeza institucional frente a este delito.
“Estos resultados demuestran que hay una acción decidida para enfrentar el robo de agua en el departamento. Estamos hablando de más de 120 intervenciones, más de un millón de litros recuperados y 36 denuncias penales que marcan un precedente claro frente a estas conductas ilegales”, afirmó.
El funcionario agregó que “el hurto de agua tiene un impacto directo sobre la ciudadanía, al reducir la presión en las redes, afectar la continuidad del servicio y comprometer el acceso a un recurso esencial, por lo que el departamento continuará avanzando en la identificación y judicialización de los responsables.
En ese contexto, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, se refirió a la dimensión social del problema y en el esfuerzo institucional que respalda la prestación del servicio.
“Es muy importante tener presente que el gran esfuerzo que ha hecho la Gobernación del Atlántico en inversiones por más de 1,3 billones de pesos es con el único propósito de abastecer y llegar con agua potable a toda la población, mejorar la continuidad del servicio y llevar agua por primera vez a comunidades que no la tenían. El agua potable es salud, es vida, es calidad de vida”, expresó.
Ospina fue enfática en señalar que el hurto de agua termina afectando directamente a la ciudadanía.
“No es posible que estas inversiones se queden en terratenientes o finqueros. El robo de agua no se lo están haciendo a la empresa o a la Gobernación, se lo están robando a la gente. Cada litro que se pierde es agua que deja de llegar a las familias”, advirtió.
Además, hizo un llamado a la corresponsabilidad colectiva para proteger el recurso hídrico y garantizar su uso adecuado.
De manera paralela, la administración departamental informó que se han interpuesto 36 denuncias penales contra responsables de estas prácticas ilegales, quienes enfrentan procesos judiciales.
Uno de los casos más representativos se registró en el municipio de Luruaco, donde en una línea de conducción de aproximadamente 8 kilómetros que abastece al corregimiento de Santa Cruz, fueron detectadas 27 conexiones ilegales. Estas derivaciones reducen el bombeo de agua de 22 litros por segundo a solo 5 litros por segundo, generando fallas en la presión e interrupciones en el suministro.
De igual forma, en zona rural de Manatí se identificaron 33 conexiones ilegales en fincas privadas. En esta zona, el hurto de agua asciende a cerca de 1.500 metros cúbicos diarios, generando pérdidas estimadas en 2.000 millones de pesos y afectando a más de 40.000 habitantes.
Daños en la infraestructura
El coordinador operativo de Aqualia, Julián Pacheco, explicó que el impacto que pueden tener estas conexiones ilegales generan impactos estructurales sobre el sistema de acueducto.
“Las derivaciones clandestinas, especialmente sobre tuberías principales, alteran el equilibrio hidráulico del sistema, provocando caídas de presión, intermitencias en el servicio y dificultades para garantizar continuidad, especialmente en las zonas más alejadas”, indicó.
Mencionó que “la manipulación inadecuada de redes de agua tratada puede comprometer la calidad del recurso y aumentar las pérdidas operativas, afectando la eficiencia del sistema”.
Reiteró que se continuará fortaleciendo estos operativos en todo el territorio, con el objetivo de proteger el agua como un bien público esencial y asegurar que llegue de manera legal, continua y de calidad a todos los hogares del departamento.
