La presencia reiterada de motocicletas y vehículos incautados en inmediaciones de la URI de Barranquilla mantiene en alerta a comerciantes y residentes del sector, que han advertido que la zona se ha convertido en un punto de acumulación de automotores relacionados con procesos penales.
Un equipo periodístico de EL HERALDO realizó un recorrido por este sector del Centro de la ciudad y pudo constatar que en los alrededores de la URI permanecen centenares de vehículos, muchos de ellos en estado de abandono, otros que han sido incinerados y expuestos a la intemperie, lo que genera un impacto negativo en el entorno urbano y en la dinámica comercial de la zona.
De acuerdo con el abogado litigante Miguel Mercado, la situación estaría asociada a demoras en los procedimientos para trasladar estos automotores a patios autorizados.
“Hay una falta de celeridad por parte de la Fiscalía al momento de conocer los casos y enviarlos a Chemical, que es el parque automotor encargado. Este es un trámite de policía judicial en coordinación con la Fiscalía que debería hacerse de manera inmediata”, precisó.
El jurista agregó que, aunque en algunos momentos los vehículos son retirados, el problema persiste debido a que el espacio vuelve a ocuparse en menos de cinco días.
“Esto lo desalojan, pero a las dos o tres semanas vuelve y se reactiva. Se convierte prácticamente en un cementerio de motos frente a los predios de la URI”, afirmó.
De igual manera, el abogado Mercado también cuestionó la falta de control institucional frente a esta situación: “Los agentes de tránsito pasa tomando fotos a carros mal parqueados, pero frente a este cementerio hacen caso omiso. Esto no es una situación de hoy, lleva meses”.
Además, advirtió sobre posibles riesgos en materia de seguridad por la acumulación de estos automotores en vía pública.
“Esto es una bomba de tiempo. Por cuestiones de seguridad, aquí podrían dejar algún artefacto y generar una situación grave. Es un tema que no se está viendo con la seriedad que requiere”, enfatizó.
Por su parte, Luz Marina Betancourt, comerciante del sector, añadió que la situación ha generado afectaciones directas a los negocios.
“Ya hemos interpuesto derechos de petición y hasta tutela, pero no nos han hecho caso para enfrentar esta situación y darle solución a la mayor brevedad. Aquí hay locales que necesitan recibir materiales y no hay cómo acceder, la gente ya no quiere venir a comprar ni alquilarlos para negocio”, manifestó.
Asimismo, la comerciante reconoció que aunque los funcionarios de la URI han retirado parte de los vehículos en diversas ocasiones, la problemática es constante.
“Ellos se los llevan y uno piensa que ya se solucionó, pero en la tarde eso vuelve y está lleno otra vez”, anotó la mujer.
Frente a este panorama, los afectados hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la administración distrital para que articulen acciones que permitan el traslado oportuno de estos vehículos hacia los patios autorizados y se evite que el sector continúe siendo utilizado como depósito temporal.
Defensa de la Fiscalía
Desde la Fiscalía General de la Nación seccional Atlántico, que se encarga de la administración de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), se reconoció que existe esta problemática, la cual se debe a limitaciones logísticas y a la ausencia de un espacio adecuado para la disposición temporal de los vehículos incautados.
Según lo indicado, actualmente no se cuenta con un área transitoria donde puedan ser resguardados estos automotores mientras avanzan los actos urgentes dentro del proceso judicial, lo que obliga a mantenerlos de manera provisional en vía pública.
“Carecemos de un área donde podamos mantener provisionalmente los vehículos que son incautados en procedimientos. Mientras se realizan los actos urgentes y se ponen a disposición del fiscal, estos permanecen bajo custodia”, explicaron.
Este proceso puede tardar entre tres y cinco días, tiempo en el que los vehículos permanecen en las afueras de la URI hasta que el fiscal correspondiente emite la orden de traslado hacia los patios autorizados.
Sin embargo, la dinámica operativa hace que este plazo no sea suficiente para evitar la acumulación, teniendo en cuenta el flujo constante de casos que ingresan diariamente a la unidad.
En promedio, la entrada de motocicletas es significativamente mayor que la de automóviles, lo que incide directamente en la ocupación del espacio disponible en vía pública y en la celeridad con la que se genera nuevamente el caos.
De acuerdo con los registros de la URI conocidos por este medio, mensualmente se reciben alrededor de 200 vehículos, entre motos, motocarros, carros particulares y taxis.
A esto se suma que, en muchos casos, el traslado hacia los patios autorizados no se realiza de manera inmediata una vez se cumple el tiempo procesal, debido a limitaciones logísticas relacionadas con la disponibilidad de grúas y la necesidad de agrupar varios vehículos para efectuar un solo movimiento.
Esta situación provoca que, en algunos casos, los automotores permanezcan más tiempo del previsto en el sector, incrementando la percepción de abandono y desorden urbano.
De igual manera, se evidenció que la acumulación de motos y carros no corresponden exclusivamente a vehículos que han sido incautados, sino que también se ve agravada por la presencia de automotores particulares que se parquean en la zona, incluidos los de algunos funcionarios del ente investigador.
“Gran parte de la congestión corresponde también a vehículos de particulares, funcionarios y Policías que parquean en la zona, lo que termina agravando la situación en la vía”, reiteraron.
En ese contexto, se ha optado por realizar jornadas de evacuación periódicas, las cuales permiten despejar parcialmente el área y mitigar el problema: “Hemos logrado despejar en algunas ocasiones, pero esto vuelve y se llena rápidamente. Es un ciclo constante por la dinámica de los procedimientos”.
Otro de los factores que incide en la acumulación, de acuerdo con la entidad, es la naturaleza de los casos asociados a estos vehículos, en su mayoría relacionados con procesos que requieren verificación técnica antes de ser puestos a disposición de la Fiscalía.
Es de anotar que mientras se surten estos procedimientos iniciales, los automotores deben permanecer bajo custodia, lo que incrementa la presión sobre el espacio disponible.
A nivel interno se reconoce que esta situación también representa un riesgo operativo, teniendo en cuenta que la URI maneja casos de alta complejidad y requiere mantener condiciones adecuadas de seguridad y movilidad en su entorno.
La presencia constante de vehículos en vía pública podría dificultar, incluso, eventuales procedimientos de evacuación o reacción ante situaciones de emergencia.
En ese sentido, también se coincide con la preocupación expresada por la comunidad frente a posibles riesgos de seguridad derivados de la acumulación prolongada de automotores en un mismo punto.
Desde la Fiscalía se anunció, además, que se han adelantado gestiones con entidades distritales para buscar una solución estructural que permita descongestionar el sector.
Entre las alternativas planteadas se encuentra la habilitación de un patio transitorio, que funcione como un espacio formal para el almacenamiento temporal de los vehículos incautados. Este lugar permitiría trasladar de manera inmediata los automotores desde la URI, evitando su permanencia en vía pública mientras se adelanta la definición de su situación jurídica.
“La solución es contar con un espacio donde puedan resguardar de manera temporal. Eso permitiría liberar la vía pública y evitar que esta situación se siga repitiendo”, puntualizó.
