La violencia urbana y la consolidación de estructuras criminales como los Pepes y los Costeños tienen en alerta máxima a las autoridades en el Atlántico de cara a la jornada electoral que se cumplirá el próximo 8 de marzo para la elección del próximo Congreso de la República y la definición de candidaturas presidenciales en tres consultas.
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La Misión de Observación Electoral (MOE) ha lanzado una serie de advertencias frente al impacto que las dinámicas delincuenciales tendrían en la degradación de las condiciones democráticas en el departamento.
Barranquilla fue categorizada con riesgo extremo por factores de violencia, mientras que Repelón y Soledad se ubicaron con riesgo medio. En estos territorios se han evidenciado “nuevas gobernanzas armadas”, que corresponden a la imposición de normas de comportamiento, la administración de justicia informal, la regulación de mercados ilegales y legales, el cobro de impuestos y el ofrecimiento de protección, entre otros aspectos.
“La violencia urbana ha adquirido mayor autonomía; en ciudades como Barranquilla ya no son simples extensiones del conflicto rural, sino escenarios con estructuras criminales propias que controlan economías locales y negocian directamente con actores nacionales”, se lee en el informe de la MOE, que fue construido en conjunto con la Universidad del Norte.
Al respecto, Natalia Brochero Delgado y Ana Lucía Cely Angarita, investigadoras de dicha alma mater, expusieron que la coerción que han logrado grupos criminales como los Costeños, los Pepes y el Ejército Gaitanista de Colombia en la forma como las personas ejercen su voto está arraigada a prácticas barriales en Barranquilla.
“Desde hace cinco años, Barranquilla y su área metropolitana han venido registrando el aumento de dinámicas como la imposición de fronteras invisibles, toques de queda y la exigencia del pago de la cuota de seguridad (extorsión), que son ejercidas mediante un control barrial para gestionar rentas ilícitas”, expusieron las expertas.
Por su parte, en la Alerta Temprana Electoral emitida en octubre de 2025 por la Defensoría del Pueblo se referenció a todos los municipios del Atlántico en riesgo electoral. Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo están clasificados bajo acción urgente, mientras que Barranquilla y el resto del departamento se catalogaron como acción prioritaria.
“En el Área Metropolitana de Barranquilla, los Costeños y los Pepes mantienen confrontaciones entre sí y con el EGC por el control de rentas ilícitas. Estas estructuras imponen fronteras invisibles, decretan toques de queda y controlan economías barriales mediante préstamos informales tipo gota a gota”, expuso el Ministerio Público.
A eso sumó que “asimismo, ejercen violencias basadas en género y prácticas discriminatorias como mecanismos de control social, además de amenazar a servidores públicos y líderes sociales reconocidos”.
En la misma línea, la Defensoría aseguró que los grupos de crimen organizado han consolidado sus finanzas ilegales por medio del cobro de extorsiones. A eso se suma el control barrial mediante la imposición del denominado “pago por seguridad comunitaria”.
“Es exigido bajo amenazas contra la vida y la propiedad de quienes se resisten. Esta situación ha derivado en el cierre de establecimientos comerciales y en la restricción de rutas de transporte público”, agregó.
Es de anotar que, según la entidad, ante el poder creciente de algunos grupos armados y su capacidad de cooptar procesos sociales y políticos, se prevé una mayor infiltración de estas estructuras en candidaturas locales, “con el propósito de consolidar control político y económico en los municipios, cuyo financiamiento puede ser instrumentalizado para el lavado de activos”.
Violencia silenciosa
Luis Trejos, docente de la Uninorte, fue enfático al sostener que, en distintos territorios del país, los grupos armados ilegales han entendido la dinámica electoral no como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer su control social.
“La realización de jornadas de votación con unas bajas tasas de homicidios aleja la amenaza de intervención de autoridades, pero con este telón de fondo, otras actividades como la extorsión y el confinamiento prevalecen y atemorizan a la comunidad”, relató.
De esta manera, aclaró que “existe coerción por parte de los criminales mediante paros armados, que no desplazan a la gente, pero la atemorizan, y es que, por efectos de aprendizaje criminal, los grupos han privilegiado otras modalidades para ejercer su control sobre las comunidades”.
Alejandro Blanco, investigador de la Universidad Libre, sentenció que, en estos comicios, el crimen organizado busca pasar de ser un actor violento a un poder político y económico: “Quieren utilizar este proceso como medio de financiación y de legitimación, en la medida que controlan en varios lugares en el marco del espacio público”.
El experto puso de presente que, históricamente, las alertas en el departamento se asociaban a prácticas de fraude. Sin embargo, el análisis de la MOE para 2026 pone sobre la mesa un cambio sin precedentes.
“Barranquilla es el epicentro de esta preocupación, siendo clasificada en riesgo extremo por factores de violencia. Esta alerta no es menor. Implica que la capacidad de grupos armados para coaccionar e intimidar puede alterar de manera contundente la libertad del voto y el derecho a ser elegido”, dijo.
A eso se suma, de acuerdo con el experto, que “la extorsión como impuesto ilegal llegó al terreno electoral y esto crea un campo de juego desigual. Los candidatos con menos visibilidad, por miedo, pueden quedar automáticamente excluidos de competir en libertad en amplias zonas del departamento”.
Riesgo de abstención
Arturo García Medrano, experto en seguridad, mencionó que este escenario genera una condición de prevención en un amplio sector del electorado, especialmente a partir de los acontecimientos registrados en las últimas semanas en el departamento.
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“En el Atlántico se ha evidenciado un incremento de la violencia asociada a la presencia y permanencia de organizaciones criminales —al menos 6 o 7— que han venido modificando el panorama durante enero y febrero de este año”, mencionó.
Por eso expuso la necesidad de fortalecer la estrategia de protección de la sociedad civil y del sistema electoral para evitar que se incremente la abstención en los municipios reportados por la MOE y la Defensoría del Pueblo.
“En los dos primeros meses de 2026 se ha evidenciado una situación alarmante relacionada con amenazas latentes de organizaciones criminales que tienen arraigo en determinados sectores del Atlántico. Estas estructuras buscan influir tanto en candidaturas locales como en procesos de participación ciudadana, lo que podría limitar ostensiblemente la participación y generar un aumento en la abstención”, agregó.
Y recalcó que “las organizaciones criminales no están actuando selectivamente contra un partido u otro; se trata de una amenaza general contra el aparato electoral, orientada especialmente a afectar la participación de la sociedad civil en los centros de votación de mayor afluencia, particularmente en el Suroriente y suroccidente, donde históricamente se registra una alta concurrencia desde tempranas horas”.
También alertó que en el departamento se han presentado diversos atentados contra puntos de propaganda electoral: “En varios casos, los responsables de campañas se han visto obligados a retirar afiches y borrar propaganda debido a ataques y agresiones. Estas acciones parecen orientadas a sabotear tanto las elecciones de marzo como las consultas de partidos y, posteriormente, la elección presidencial de mayo”.
Poblaciones vulnerables
Los liderazgos de mujeres y de personas de la comunidad LGBTIQ+ están sometidos a un entramado complejo de violencia y políticas institucionales o culturales que amenazan su participación en las jornadas electorales. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo dio a conocer el riesgo que tienen estas poblaciones para participar en los comicios de 2026.
En primer lugar, el Ministerio Público estableció que “los estereotipos y roles de género en la vida familiar, como la sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado, continúa marcando la vida de las mujeres, particularmente de aquellas que desarrollan su ejercicio político en la ruralidad y en el nivel municipal”.
Puso de presente que “el señalamiento o incluso maltrato por desentender las labores domésticas continúa limitando el ejercicio de participación política de las mujeres dado que sus familias les retiran el apoyo emocional y económico”.
Otros factores en la región, como las campañas excluyentes, constituyen una amenaza, dado que “los hombres han ocupado históricamente los espacios públicos y de poder, por lo que se han configurado dinámicas en lo local muy particulares que, por los roles de género asignados a unos y otras, terminan excluyendo a las mujeres”.
En los últimos cinco años, según el Observatorio de DD. HH. de Caribe Afirmativo, se han documentado más de 900 personas LGBTIQ+ asesinadas. Tan solo en 2025 se reportaron 60 asesinatos de personas LGBTIQ+ —especialmente gay y personas trans— “con poco avance en la justicia efectiva”.
La Guajira y Cesar, territorios con mayor riesgo de violencia en el Caribe
Con el fin de favorecer intereses particulares o influir en la conformación de las autoridades, algunos grupos armados despliegan mecanismos de presión en zonas del sur de Bolívar, Cesar y la Sierra Nevada.
Así se detalló en un informe de la MOE, en el cual se clasifica al conflicto armado como una disputa por el control de las poblaciones para estos comicios electorales.
“La presencia de grupos armados ilegales constituye uno de los principales factores de riesgo para el adecuado desarrollo de la democracia a nivel local. Estos actores logran coaccionar al electorado o incidir directamente sobre las candidaturas y su papel puede traducirse en restricciones a la libre circulación, en la alteración de las condiciones de seguridad y en la generación de entornos de intimidación que dificultan o impiden la participación ciudadana en las urnas”, declaró.
Con respecto a esto, los mapas de la MOE identifican a los departamentos del Cesar y La Guajira con el mayor número de municipios con riesgo de violencia extrema o media en la región.
En el caso del departamento del Cesar, hay 17 municipios en alerta, con 2 en riesgo extremo de violencia.
Mientras tanto, en La Guajira son 10 municipios en estado de aviso, con 5 en nivel extremo asociado a riesgo de violencia.
Las gráficas también revelan una intensa actividad minera ilegal en zonas como Bolívar y Córdoba, que puede representar formas de violencia en las comunidades.
