Comienza un nuevo año, y con él la esperanza de que la crisis del sector eléctrico de la región Caribe encuentre, por fin, una solución para que los más de 11 millones de habitantes de esta zona del país puedan gozar de un servicio de calidad y con precios justos.
A lo largo del 2025, la empresa Air-e –que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira– se mantuvo a flote, pero sin resolver los problemas de fondo que conllevaron a una intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024.
Si bien cuando la Superservicios tomó el mando de la compañía, por la crisis financiera y administrativa que atravesaba, la promesa fue viabilizar una solución empresarial, aún no ha sido posible.
No obstante, en días pasados, el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer una propuesta con la que espera aliviar la crisis financiera de las comercializadoras en la región Caribe.
Se propone pagar los pasivos de Air-e, que ya superan los $2.5 billones, con el recaudo de $8 por kilovatio/hora en el componente de restricciones en la factura de los usuarios de todo el país.
Posteriormente se conoció que se contempla que el cobro solo sea para los estratos 5, 6 y sector comercial e industrial.
Estos recursos, según el proyecto, serían distribuidos entre los agentes acreedores de las deudas acumuladas hasta el 30 de noviembre de 2025.
Esta propuesta, que solucionaría un “grave y real” problema, como lo afirman algunos expertos, no fue bien recibida en algunos sectores, que califican la “maniobra” como inaceptable porque el Gobierno nacional ya se había comprometido en asumir esas obligaciones con recursos públicos.
“Esta fue una promesa del presidente Gustavo Petro que, a la luz de esta propuesta, terminarían pagando los usuarios y no el Estado”, afirmó Tomás González, ex ministro de Minas y Energía, en diálogo con EL HERALDO.
Dijo que esta medida busca resolver un riesgo sistémico que, en buena parte, fue creado por el propio Gobierno al modificar el esquema de garantías, de tal forma que no se pudiera imponer la limitación del suministro a la empresa Air-e.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida, asegurando que esta es una situación que no solo compete a los costeños, sino a todos los colombianos.
“No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica. El problema energético del Caribe no es solo de los costeños. Es un problema nacional”, reiteró el funcionario del gobierno Petro.
De acuerdo con los informes de seguimiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM) presentados por XM, en su calidad de administrador del mercado, se advierte sobre la inminente materialización de un riesgo sistémico debido al incumplimiento de obligaciones financieras por parte de empresas de la región Caribe intervenidas por la Superintendencia.
De esta situación no es ajena Afinia, filial del Grupo EPM que opera en Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y once municipios del Magdalena. La compañía ha logrado sostener la prestación del servicio gracias al respaldo financiero de su casa matriz. No obstante, este soporte no ha sido suficiente para revertir las pérdidas acumuladas.
El propio gerente general de Afinia, Ricardo Arango, reconoció recientemente que la situación financiera de la empresa es “insostenible”, lo que pone en evidencia la fragilidad del esquema actual y la persistencia de los problemas estructurales que afectan la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe.
En ese sentido, expertos han expuesto que tanto para Air-e como para Afinia se visiona un panorama complejo debido a los múltiples factores que han impedido que puedan prestar un servicio óptimo y con tarifas cercanas a las del interior del país.
Entre ellas se destacan la cultura de no pago, la subnormalidad eléctrica —que representa el 92 % del país— y una infraestructura profundamente deteriorada, entre otros aspectos.
¿Cuándo empezó la crisis?
Para entender por qué el Caribe colombiano ha enfrentado una crisis energética durante las últimas tres décadas, el experto en temas energéticos Carlos Diago señaló que es necesario remontarse a los orígenes del sistema eléctrico en Barranquilla y en la región, específicamente, a la década de los 60.
En ese periodo, en Colombia operaban empresas municipales y departamentales de energía; cada departamento contaba con su propia electrificadora, responsable de la distribución del servicio eléctrico.
En el caso de la región Caribe se creó la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), que cumplía un papel clave como entidad de supervisión y coordinación. Aunque las electrificadoras seguían siendo independientes, Corelca se encargaba de la transmisión de la energía hasta las distribuidoras.
En la década de los 80 se consolidó el proceso de interconexión eléctrica entre Barranquilla, Cesar y La Guajira, acompañado por un ambicioso programa de electrificación rural, que permitió llevar el servicio a municipios y zonas no capitales.
En este periodo, recordó Diago, Corelca fue elevada a establecimiento público del orden nacional, lo que le permitió recibir aportes directos de la nación y fortalecer proyectos de generación térmica en Barranquilla, Cartagena y La Guajira, como Termoguajira, que atendía a La Guajira y Magdalena.
Punto de quiebre
Hasta ese momento, la generación se basaba en plantas térmicas con gas natural con la entrada en operación del gasoducto Ballena–Cartagena en 1977. Sin embargo, hacia 1985, el Caribe dejó de ser un sistema aislado al entrar en funcionamiento la interconexión con el interior del país, especialmente con Antioquia. Para el experto, desde ese momento la Costa empezó a reducir su autosuficiencia y depender en gran medida de la generación de las hidroeléctricas del interior, aunque en su momento significó menores costos.
Esta dependencia quedó en evidencia durante la crisis energética entre 1992 y 1993, durante el apagón a nivel nacional producto del fenómeno de El Niño. “Aunque Corelca aún existía, la región se vio obligada a comprometerse a comprar energía firme a proyectos hidroeléctricos del interior del país”.
Con el inicio de operaciones del Mercado de Energía Mayorista, en el año de 1995, inicialmente administrado por ISA, surgió la figura de la comercialización de energía, abriendo la competencia en el territorio nacional.
Para Diago, este fue “el inicio del fin”, porque este nuevo modelo permitió que los mejores clientes, es decir, los grandes usuarios y los de mayor capacidad de pago, fueran atendidos por empresas del interior del país, “dejando a las electrificadoras de la Costa con los usuarios de estratos bajos, muchos de ellos afectados por desplazamientos y sin capacidad de pago, lo que agravó la situación financiera del sistema regional”.
Y añadió: “La crisis se profundizó con la sequía de 1997, cuando el precio de la energía en bolsa se disparó y las electrificadoras no pudieron cumplir con sus obligaciones. Ante este escenario, en el gobierno de Ernesto Samper, la Nación asumió las deudas del sector a cambio de participaciones accionarias en las electrificadoras y en Corelca, lo que significó que la región Caribe perdiera el control de su sistema eléctrico”.
Posteriormente, el Gobierno decidió privatizar las electrificadoras, dando paso al nacimiento de Electrocosta (Bolívar, Córdoba y Sucre) y Electricaribe (Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira), inicialmente en manos de Electricidad de Caracas y Houston Industries, y luego de Unión Fenosa.
“El problema del sistema caribe comenzó cuando lo desmembraron”, afirmó Diago. A diferencia de lo ocurrido con Empresas Públicas de Medellín (EPM) o la Empresa de Energía de Bogotá, que conservaron su integración vertical —generación, transmisión, distribución y comercialización—, en la costa Caribe cada eslabón quedó separado.
“Esta fragmentación debilitó el sistema regional y obligó a los operadores a comprar energía por separado, encareciendo costos y reduciendo la capacidad de inversión”, sentenció.
Posteriormente, con la creación de Electricaribe, las electrificadoras fueron agrupadas nuevamente, pero los problemas estructurales persistieron. Más adelante, el mercado volvió a dividirse en dos zonas: Caribe Sol y Caribe Mar, sin que esto resolviera las fallas históricas del sistema. “Los problemas siguieron siendo los mismos”, sostuvo.
Para Diago, la solución pasa por reintegrar verticalmente el sistema eléctrico del Caribe, a través de una empresa regional de energía que se encargue tanto de la generación como de la transmisión y distribución.
Advirtió que la infraestructura de transmisión en la región está agotada, sin capacidad suficiente para soportar la demanda actual ni futura.
El también experto del sector energético Javier Lastra aseveró que la crisis del sector eléctrico en el Caribe colombiano tiene causas específicas que la diferencian del resto del país.
Coincidió en que uno de los factores determinantes fue la desintegración de Corelca y a esto se suma, afirmó, que por el bajo recaudo las empresas no han podido invertir en la modernización de la infraestructura.
Recordó que, durante la crisis de Electricaribe, se implementó un modelo tarifario diferencial avalado por el Congreso durante el gobierno de Iván Duque, que aumentó los cargos por distribución y comercialización para cubrir pérdidas.
Si bien se pensó que el aumento de las tarifas permitiría obtener los recursos necesarios para modernizar la infraestructura, el efecto fue exactamente el contrario. “En un mercado conformado mayoritariamente por familias empobrecidas y con bajo poder adquisitivo, muchos usuarios no pudieron asumir el costo del servicio”.
Posibles soluciones
Si bien Lastra señaló que las pérdidas de energía y los alivios tarifarios deben financiarse con recursos nacionales, y no cargarse exclusivamente a los usuarios de la Costa, la propuesta del Gobierno de cargar el problema financiero de Air-e a la tarifa afectará mayormente a los estratos 5 y 6.
“Es contradictorio hablar de alivios al bolsillo de los hogares mientras se siguen incorporando nuevos costos al recibo de energía”, agregó.
Otro experto del sector, Lucas Ariza Barrios, aseguró que si ya la región Caribe contó con un sistema eléctrico eficiente, representado por Corelca y sus electrificadoras subsidiarias, la solución sería que cada departamento cuente con su propia empresa distribuidora, al considerar que es más eficiente administrar mercados más pequeños y cercanos al territorio.
“Una distribuidora exclusivamente para Bolívar, otra para Magdalena, otra para Cesar y otra para Atlántico sería mucho más manejable”, explicó.
Al tiempo, planteó la necesidad de contar también con una empresa generadora regional, capaz de producir parte de la energía y comprar el excedente que no se genere localmente.
