En los últimos años, la demanda de energía en Colombia ha venido aumentando alrededor de un 2,7 % anual, impulsada por factores como el crecimiento económico, la expansión urbana y la puesta en marcha de nuevas tecnologías.
Con la llegada de la movilidad eléctrica y la creación de centros de datos —que podrían representar hacia 2035 cerca del 5 % de la demanda regional— están presionando aún más el sistema eléctrico.
Frente a esta situación, los expertos coinciden en que, aunque la demanda nacional crece de forma sostenida, la capacidad instalada no ha aumentado al mismo ritmo ni cuenta con suficiente tecnología de respaldo para atender los picos críticos.
XM, operador del mercado eléctrico, advierte que, de no entrar a tiempo nuevos proyectos de respaldo térmico e hidráulico, en combinación con una fuerte sequía por El Niño, el país podría enfrentarse a racionamientos.
Al analizar la oferta de energía firme frente a la demanda proyectada, expertos advierten que Colombia podría enfrentar un déficit de capacidad desde 2028. Aunque la demanda no crece a tasas extraordinarias, el balance energético se ha vuelto cada vez más estrecho, lo que eleva el riesgo de racionamientos incluso desde 2026 y 2027.
Así lo mencionó Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), quien aseguró que, según el operador del sistema, para evitar apagones en los próximos dos años sería necesario mantener las plantas térmicas en operación durante unas 40 de las 52 semanas del año. “Es decir, estamos muy apretados y muy justos en capacidad”, señaló.
En ese sentido, dijo que es necesario avanzar en la nueva subasta lo más pronto posible, pese a los muchos interrogantes que la rodea. “Le corresponderá al próximo gobierno activar un plan de choque: identificar qué proyectos pueden entrar rápido, acelerar la expansión de capacidad y garantizar que podamos transitar el próximo cuatrienio sin apagones”, expresó el líder gremial.
Cabe destacar que, de acuerdo con datos oficiales de XM, entre 2021 y 2025 solo ha entrado en operación una fracción de la capacidad proyectada para cada año. Para el 2021 solo ingresó al sistema el 7%; en 2022 el 27,5%; en 2023 el 17,5%; en 2024 el 25,3% y, para 2025, se anticipa que el ingreso será inferior al 10%.
Se suma a este escenario el que más del 55% de los proyectos de transmisión eléctrica están retrasados. Incluso hay obras con rezagos de hasta 13 años en la infraestructura de transmisión y solo el 28% de la nueva capacidad de generación avanza sin trabas.
El resto de los proyectos, aseguran los expertos, enfrenta “cuellos de botella” como los permisos ambientales, conflictos sociales, consultas previas, inseguridad.
Esta situación es especialmente delicada si se tiene en cuenta que solo el 8,5 % de los proyectos que deberían iniciar operación en 2025 lo han logrado. Esto evidencia un déficit crítico para la seguridad energética del país.
Al respecto, Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), aseguró que para agilizar la entrada en operación de los proyectos se requiere una acción integral y coordinada del Gobierno nacional que “ataque simultáneamente las barreras territoriales, regulatorias y operativas que hoy frenan la expansión”.
Para ello, la líder plantea cinco acciones prioritarias. La primera de ellas es la presencia estatal en territorio, es decir que sea el Gobierno que lidere directamente el relacionamiento comunitario y garantizar seguridad y orden en zonas con conflictos sociales.
“Se necesita presencia articulada entre Mininterior, Minminas, la Anla, autoridades locales y Fuerza Pública para garantizar condiciones mínimas de avance”, indicó.
Un segundo punto es la regulación de las consultas previas. Para la presidente de Acolgen, es clave que exista una norma que defina procesos, plazos y responsabilidades, para proteger derechos comunitarios sin frenar proyectos indefinidamente.
Asimismo, señaló que es necesario agilizar el licenciamiento ambiental ordinario, en especial las Corporaciones Ambientales Regionales (CARs) que deben fortalecer capacidades técnicas para cumplir los tiempos, asegurando decisiones rápidas sin reducir la rigurosidad técnica.
“Esperamos que los nuevos decretos de simplificación y reducción de tiempos LASolar y LAEólica logren los proyectos solares y eólicos al reducir los tiempos de evaluación de 90 días a 25 días y reduciendo cargas en la elaboración de los estudios de impacto ambiental”, expresó.
Insistió en que la entrada de los proyectos renovables intermitentes como la generación solar y eólica requiere, para mantener la confiabilidad del sistema, contar con respaldo firme —térmico, hidráulico o mediante almacenamiento— y establecer reglas claras que permitan equilibrar la variabilidad natural de estas tecnologías. Sin estos soportes, el sistema corre el riesgo de volverse más vulnerable frente a picos de demanda o caídas inesperadas en la generación.
Otra propuesta es la creación de un “gestor estatal” con el fin de que pueda desbloquear los retrasos por temas de prediales, ambientales o sociales y facilite conectar los nuevos proyectos renovables al sistema eléctrico.
“En suma, acelerar la entrada en operación de los proyectos no es solo un asunto de permisos: requiere presencia en territorio, seguridad jurídica y regulatoria, decisiones ambientales oportunas y una lectura sistémica que entienda que la transición energética solo es viable si renovables y generación firme avanzan juntas”, anotó la presidente de Acolgen.
Más demanda de energía
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, afirmó que hoy en el mundo se habla más de agregación que de transición energética. Esto se debe a que, con el auge de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos, la demanda de energía está creciendo de manera exponencial.
En ese escenario, las fuentes no convencionales de energías renovables (Fncer) resultan insuficientes para atender por sí solas ese incremento, por lo que es necesario aprovechar todas las tecnologías disponibles. “Las Fncer no están llamadas a reemplazar a las fuentes convencionales —hidráulica y térmica—, sino a complementarlas; deben respaldarse mutuamente para garantizar la confiabilidad y la firmeza del servicio de energía”, indicó.
Sostuvo que para responder al crecimiento de la demanda, se requerirían inversiones promedio de $12 billones anuales. “Estas inversiones provienen del sector privado y no dependen del Presupuesto General de la Nación; lo único que exigen son reglas de juego claras, estables, que no estén a merced del capricho del gobierno de turno”, recalcó Acosta.
Para ello, señaló, el primer paso para incentivar la inversión privada es recuperar la confianza inversionista y la seguridad jurídica, “hoy debilitada por los mensajes y el lenguaje hostil a que ya nos tiene acostumbrados el propio presidente Petro, atacando y despotricando contra la inversión y los inversionistas”.
En este contexto, el Congreso de la República debería abstenerse de aprobar la propuesta del ministro de Minas y Energía que busca restarle autonomía e independencia a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), subordinándola al ministerio.
Para el experto, esta iniciativa atenta contra el carácter técnico de la Comisión, al reducir los requisitos de experiencia y experticia de los comisionados y, además, disminuir su número de seis a cinco, poniendo en riesgo la calidad y estabilidad regulatoria que requiere el sector.
Triplicar la capacidad
Ante este déficit estructural en el 2027 es necesario que Colombia triplique su capacidad actual. De acuerdo con cálculos realizados por Óptima Consultores en un estudio para SER Colombia, en los próximos cinco años se requerirán al menos 6.000 MW adicionales de energía renovable y una inversión cercana a 5.000 millones de dólares para garantizar un suministro eléctrico suficiente, competitivo y sostenible.
De acuerdo con Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia, si no se acelera la entrada de nuevos proyectos, el déficit podría materializarse en 2027, como lo indican las cifras del Gobierno.
“La discusión sobre la transición energética va más allá de las tecnologías: se centra en nuestra capacidad real como país para sacar adelante los proyectos y ponerlos a funcionar. Las energías renovables son motor de empleo, inversión, competitividad y desarrollo para las regiones”, puntualizó.
