No cesan las voces de rechazo en el Caribe por la crítica situación que se vive en torno al megaproyecto del canal del Dique, ante la millonaria deuda que tiene el Gobierno nacional con la sociedad Ecosistemas del Dique, encargada de las obras.
En las últimas horas, líderes sociales y los gremios del Atlántico se sumaron a la lluvia de reacciones que piden a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) retomar los pagos pendientes con el concesionario, cuyo monto alcanza los $508 mil millones.
“¿Qué le ha hecho el sur del Atlántico al presidente Petro cuando se niega a que las obras del canal del Dique avancen? Al paralizarse estos giros, la empresa Sacyr (que conforma a la sociedad) queda con las manos atadas para seguir haciendo obras de protección en el sur del departamento del Atlántico”, dijo el vocero de esta subregión, Gustavo de la Rosa, a EL HERALDO.
El hombre indicó que la comunidad se siente “burlada” por parte del Gobierno al enviar la semana pasada una comisión compuesta por funcionarios de la ANI para recorrer los puntos críticos que se deben intervenir y unos días después los pobladores se enteran, a través de este medio, que los trabajos podrían paralizarse a partir del 30 de noviembre por falta de recursos.
“Vemos con buenos ojos la intervención del señor Contralor General de la Nación que le ha pedido a la ANI que explique las razones y los motivos por el cual se van a congelar esos recursos para vigencias futuras, cuando es un proyecto que va a tener casi ya dos años de retraso. Hoy vemos que el Gobierno está de espaldas a las realidades que tienen los habitantes de los municipios del sur del departamento del Atlántico”, manifestó De la Rosa.
Un tramo que preocupa
El líder social del sur del Atlántico señaló que, entre los puntos críticos que verificaron la semana pasada, se encuentra un tramo de la vía paralela al canal y que conduce al puente de Calamar (Bolívar) con el municipio de Santa Lucía (Atlántico), que no quedó contemplado en el inventario que la Agencia le entregó a la firma.
“Ahí está un sitio frente a la caseta 6, en ese tramo, donde va a cumplirse 15 años ahora el 30 de noviembre por la ruptura del canal del Dique, que es el tramo del boquete donde se tiene que construir una de las esclusas que tienen que hacerse. Hay la preocupación, ya que ese trabajo tiene 15 años y hay filtraciones, ya la jaula metálica que se hizo se ha ido destruyendo por la corrosión”, detalló.
Advierten protestas
El vocero de la comunidad aseguró que tenían la expectativa de que se avanzara con los trabajos de mitigación de riesgo a la par con los estudios ambientales, por lo que temen que se vuelva a presentar un retraso en el cronograma.
“Hoy los habitantes del sur del Atlántico le hacemos un llamado a todos los alcaldes de los municipios de Suan, Santa Lucía, Manatí, Repelón, Candelaria y Campo de la Cruz, porque si no nos tocará irnos a las vías de hecho, bloquear la vía para reclamarle al Gobierno cómo le pone más talanquera y más traba a una obra que lo que hace es proteger a los municipios del Atlántico y de Bolívar para que la gente pueda vivir tranquilamente”, indicó el líder social.
Impacto en la competitividad regional
Por su parte, el presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, hizo un llamado al Gobierno nacional para encontrar soluciones pronto a la problemática que preocupa a la región.
“El incumplimiento del Gobierno nacional en los pagos al concesionario encargado de la rehabilitación del canal del Dique genera una profunda preocupación por dos razones: primero, porque llevaría a la suspensión de las obras de dragado, lo que pondría en riesgo de inundaciones a las poblaciones ribereñas; y segundo, porque afectaría directamente la navegación fluvial en esta importante arteria del país, con un impacto negativo en la competitividad regional”, manifestó el dirigente gremial.
Aquí: El Caribe pide acciones por “nuevo golpe” a las obras del canal del Dique
Y añadió: “Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional para que se ponga al día con los pagos pendientes, que ascienden a cerca de medio billón de pesos, y cumpla con el cronograma de vigencias futuras establecido en el contrato suscrito con el concesionario, garantizando así la continuidad de este proyecto vital para el desarrollo sostenible de la región Caribe”.
