Ante la citación a una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para designar al rector para el periodo 2025-2029, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación ha ordenado a este órgano de control que se abstenga de adelantar el nombramiento.
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En el documento se pone de presente que “esta convocatoria se realizó sin atender ni resolver previamente las recusaciones presentadas, desconociendo el deber legal de suspender cualquier actuación que pueda comprometer la validez del procedimiento mientras no exista pronunciamiento expreso sobre las mismas”.
En ese sentido, el Ministerio señaló que existen acciones de tutela en curso interpuestas por los candidatos Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez, en las que se solicita la suspensión del proceso de elección hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos del candidato Leyton Daniel Barrios Torres.
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Además, la cartera advirtió que el CSU no ha respondido al requerimiento del 23 de octubre de 2025, en el que se pedía aclarar las razones jurídicas que sustentan la habilitación de dicho aspirante.
De acuerdo con la cartera ministerial, de procederse con esta citación se podría constituir en una vulneración a los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso, “toda vez que el desarrollo de la sesión anunciada podría tener incidencia directa en las materias objeto de las recusaciones, afectando la garantía de neutralidad institucional que debe caracterizar las actuaciones del Consejo Superior Universitario”.
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En el mismo sentido mencionó que “al tomarse decisiones sobre nulidades procesales sin subsanación alguna podría comprometer la legitimidad y legalidad de cualquier decisión que eventualmente se adopte en ese escenario”.
En la comunicación, el Ministerio recordó que el incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones administrativas y multas sucesivas, conforme a lo previsto en los artículos 9, 17 y 18 de la Ley 1740 de 2014, que regula las funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones de educación superior.
