El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, adelanta el borrador de una resolución por medio de la cual se dictarían lineamientos de carácter transitorio para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Específicamente, con la empresa Air-e —que se encuentra intervenida y en proceso de liquidación— y otras compañías intervenidas.
En el “Proyecto de Resolución: suspensión de seguimiento a planes de inversión y pérdidas” se advierte que las dificultades financieras y operativas de los comercializadores de energía del régimen transitorio, entre ellos Air-e, ponen en riesgo la prestación del servicio eléctrico.
El documento resalta que, según informes de XM —Administrador del Mercado de Energía Mayorista—, a septiembre de 2025 los comercializadores del régimen transitorio adeudan cerca de 2,2 billones de pesos al mercado mayorista. Esta situación pone en riesgo sistémico la continuidad del servicio en la región y afecta especialmente a los estratos 1, 2 y 3, que representan más del 55 % de los usuarios.
“Que XM adicionalmente señala que, de persistir esta situación, aproximadamente seis (6) agentes estarían siendo afectados de manera directa y veintitrés (23) agentes más se verían impactados en un segundo nivel de manera indirecta, lo que configura un escenario de riesgo sistémico para el mercado de energía en general. En consecuencia, se hace indispensable adoptar lineamientos que permitan fortalecer las capacidades para mantener la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario de electricidad”, se lee en el proyecto de resolución.
Es por esta razón que en el artículo 2 establece que, para darle un “respiro financiero” regulatorio temporal, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) debería, en un lapso de 30 días, suspender por dos años los efectos tarifarios asociados al seguimiento de los planes de inversión y reducción de pérdidas de las empresas sujetas al régimen transitorio.
Es decir, que durante esta suspensión temporal las empresas no serían penalizadas por no cumplir con las metas de inversión o reducción de pérdidas.
Mientras que en el artículo 3 de este borrador se estipula que las comercializadoras del régimen transitorio —como Air-e o su reemplazo— podrán reducir el plazo para recuperar los saldos pendientes de la opción tarifaria, siempre y cuando el costo final al usuario no supere el último valor tarifario publicado.
En este caso, “las empresas deberán informar mensualmente a la Creg y al Ministerio de Minas sobre cómo aplican esta medida”, concluye el borrador.
