Un tenso ambiente se ha generado al interior del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico a causa de una serie de recusaciones contra algunos consejeros por presuntas inhabilidades para participar en el proceso de escogencia del rector para el periodo 2025-2029.
El ciudadano Giovanny Decola Vásquez presentó una recusación en contra de los cinco consejeros que aprobaron la modificación al Estatuto General para permitir la reelección inmediata de Danilo Hernández, quien se ha desempeñado como rector desde octubre de 2021.
En el documento de 165 páginas que fue conocido por EL HERALDO se recuerda que los votos favorables fueron emitidos por Manuel Fernández Ariza, representante del sector productivo; Wendel Archibold, representante de los docentes; Miguel Antonio Caro, representante de las directivas académicas; Abraham González, representante de los egresados; y Angely Díaz Cordero, representante de los estudiantes.
Indicó que los consejeros tendrían interés directo en el proceso de reelección del rector, contrariando los principios de imparcialidad y transparencia. En ese sentido, recalcó que con su voto “no solo se rompió el equilibrio electoral, lo cual será materia de debate en una eventual demanda de nulidad electoral, sino que demuestra que estos cinco consejeros ya tenían sus cartas marcadas, que no era otro, que el interés por reelegir al actual rector, o posiblemente, hayan intereses ocultos, o cruce de favores entre el Rector y estos Consejeros, lo que constituiría una clara y evidente desviación de poder”.
También se alertó que el Consejo Superior aprobó las vacaciones de Hernández entre el 26 de agosto y el 2 de octubre, “como quien dice: para que se dedique tranquilamente a hacer su proselitismo político”. A lo que agregó que dicha modificación “tenía desde las primeras de cambio, una clara connotación política: favorecer al actual rector, facilitándole su reelección inmediata”.
El ciudadano agregó que tanto el representante de los docentes y el representante de las directivas académicas son “dependientes” del actual rector, por lo que se configura una causal de conflicto de interés.
Otro de los recusados en este documento fue el gobernador Eduardo Verano por un presunto conflicto de interés al “poder, con su voto, ayudar a elegir a un miembro de su gabinete departamental como rector de la universidad del Atlántico”.
Es de anotar que Leyton Barrios es uno de los cinco integrantes de la lista de elegibles y actualmente ocupa el cargo de secretario departamental de Educación.
“Considero los anteriores argumentos como suficientes para que los funcionarios acepten su impedimento, toda vez que nos encontramos ante un trámite irregular con desconocimiento del debido proceso, la independencia y la imparcialidad, que traducen en un interés directo e ilegítimo en las resultas de este proceso; confiando en no tener que recurrir a la acción de tutela ante el juez constitucional para amparar los derechos conculcados y amenazados del suscrito”, se agrega en la recusación.
Por último se solicita al Consejo Superior que requiera el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en este proceso, en el marco de sus funciones preventivas: “Se busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de la comunidad de la universidad del Atlántico con un presupuesto cercano a los 500.000 millones de pesos, genere las acciones de detección y advertencia temprana de riesgos, promoviendo de esta manera el respeto de las garantías de los derechos constitucionales”.
