El trámite de la licencia ambiental y la atención a nuevas consultas previas se han convertido en un ‘cuello de botella’ para el desarrollo de las intervenciones contempladas en el megaproyecto de restauración de los ecosistemas degradados del canal del Dique.
Aunque el cronograma contempla que en el mes de diciembre se dé inicio a la fase de construcción, desde distintos sectores se ha alertado que existe una alta probabilidad de que no se cumpla debido a los mencionados impasses.
Desde la Contraloría General de la República, en el marco de un seguimiento realizado a proyectos estratégicos en el Caribe colombiano, se evidenció que existe una alta probabilidad de que el proyecto tenga “retrasos significativos” en su inicio y terminación, así como mayores costos respecto de lo inicialmente previsto.
En ese sentido, el contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que se trata de un “proyecto de importancia estratégica para la Nación”, por lo que hizo un llamado al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que posibiliten su avance y así evitar una terminación anticipada del contrato.
De esa manera, de acuerdo con el líder del ente de control, se puede evitar una terminación anticipada de este contrato que obligaría a la ANI a pagar al concesionario hasta $ 350.000 millones, sin haber recibido a cambio las obras previstas.
“Es preocupante que luego de firmado este contrato hayan surgido consultas previas adicionales; que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), pese a concepto inicial en contrario, haya exigido ahora el trámite de una licencia ambiental para todo el proyecto y que la JEP haya hecho obligatoria la implementación de un protocolo de sondeo y recuperación de víctimas a lo largo del canal del Dique”, expuso recientemente el contralor Rodríguez.
Además, indicó que desde la estructuración del proyecto se alertó de estos riesgos, aunque la ANI decidió con la adjudicación de este contrato de concesión, “aduciendo que dichos riesgos estaban contemplados en el contrato de concesión”.
Visión de los gremios
Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte, aseguró que existe preocupación en torno a los tiempos necesarios para adelantar nuevas consultas previas y el impacto que tendría para el proyecto.
“Si esas consultas se vuelven demasiado onerosas, pues harán que el proyecto esté en riesgo. Además, toca avanzar en el cumplimiento de los requerimientos ambientales que se ha hecho alrededor del desarrollo de este proyecto de gran envergadura”, explicó.
A su turno, Juan Carlos Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, sostuvo que vienen adelantando seguimiento al proceso de expedición de la licencia ambiental y se espera que en los próximos días se presenten los términos de referencia por parte de la Anla.
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“Estos deben ser consecuentes con la realidad jurídica y financiera de la APP, de lo contrario serán responsabilidad de la ministra (de Ambiente) Susana Muhamad las consecuencias ambientales por el fracaso del proyecto y el riesgo al que quedan expuestos los pobladores”, mencionó el líder gremial.
En la misma línea, indicó que el futuro del Canal del Dique y su área de influencia no debe recaer exclusivamente en el sector transporte y en la APP. Por eso enfatizó en la necesidad de que haya corresponsabilidad de múltiples entidades nacionales, de los gobiernos territoriales, de empresas, fundaciones, y de las mismas comunidades.
“Entre todos se debe construir e implementar una visión inclusiva de la ecorregión al 2050 que complemente el proyecto”, remarcó Oliveros.
Petición de autoridades
En varios escenarios, el gobernador Eduardo Verano ha hecho un llamado para evitar más retrasos en el trámite de la licencia ambiental de este proyecto.
“Es evidente que el cambio climático está afectando directamente a nuestras comunidades y es urgente tomar medidas para mitigar sus efectos. El proyecto debe ser una herramienta para enfrentar estas amenazas y proteger a la población vulnerable”, sostuvo el mandatario.
Ha enfatizado en la necesidad de que “el Gobierno garantice los beneficios sociales y económicos para las comunidades afectadas y que se agilicen los trámites necesarios para iniciar el proyecto lo antes posible”.
A su turno, el colectivo Prodique ha expresado que el trámite de la licencia ambiental conllevaría a un atraso de 18 a 30 meses, lo que conduciría a que el megaproyecto se reinicie a finales del próximo año.
Esto traería como consecuencia, según Prodique, una “degradación y sedimentación acumulativas, ya que cada día que no se implementa el proyecto genera costos adicionales de todo tipo, a nivel ambiental, económico y social”.
Mientras que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha enfatizado que “hay tantos desastres naturales que hemos vivido, en el recorrido del Canal del Dique, que es increíble que tengamos que asumir que hay un nuevo riesgo y una nueva amenaza para el proyecto. Así que vamos a luchar y a defender la región que es lo que nos merecemos”.
Actualidad del proyecto
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguró a EL HERALDO que el concesionario Ecosistemas del Dique viene dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
Explicó que entre las acciones adelantadas se encuentran la actualización de la línea base, la entrega de estudios y diseños en alto nivel de detalle y el plan anual de adquisiciones.
Sostuvo, además, que el concesionario ha realizado una serie de actividades de operación y mantenimiento, entre las cuales se encuentran dragado de mantenimiento, rocería y limpieza de diques y mantenimiento en tramos viales.
Estas acciones se han cumplido “conforme con los niveles de servicio y estándares de calidad definidos en el contrato, que se prolongará por el plazo total del proyecto”.
En ese sentido, en el periodo transcurrido entre octubre de 2023 al 25 de agosto de 2024, el volumen total de dragado acumulado ha sido 718.100 metros cúbicos de sedimentos.
Con relación al trámite de la licencia ambiental, la ANI explicó que el concesionario solicitó los términos de referencia desde finales de junio y posteriormente fue solicitada una información adicional. Actualmente se encuentra a la espera de que se fijen dichos términos para avanzar en la elaboración del estudio de impacto.
“Los términos de referencia son el insumo principal para la elaboración del estudio de impacto ambiental, el cual una vez concluido se radicará ante la Anla para su evaluación y decisión sobre el otorgamiento para la licencia ambiental”, explicó la entidad.
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Asimismo reportó que a corte del 28 de agosto de este año se protocolizó una nueva consulta con acuerdos totales con el CCNC (Consejo Comunitario de Comunidades Negras) Los Olivos de Hato Viejo, para un total de 17 consultas previas llevadas a cabo en el marco de este proyecto: “16 de ellas están en cumplimiento de acuerdos por parte del concesionario de conformidad con lo establecido en el contrato”.
En la misma línea, la ANI dijo que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior llevó a cabo –del primero al 8 de agosto– 6 visitas de verificación a comunidades étnicas ubicadas en los municipios de Calamar, Arroyohondo y Manatí, en atención a ordenes emitidas por jueces de la república.
“A la fecha se espera informe de dicha entidad a fin de conocer si se consideran o no procedente las consultas previas con dichas comunidades”, agregó la entidad adscrita a Mintransporte.
Posibles riesgos
La ANI también expuso que con la solicitud de licenciamiento realizada por la Anla se activó el riesgo público de licenciamiento ambiental, que desprenderían posibles riesgos a cargo del sector público, en materia de consultas previas.
“Con base en lo anterior, una vez cuantificados los efectos, se podrán evaluar los escenarios jurídicos y económicos frente al proyecto”, apuntó.
Protocolo de la JEP
La ANI reportó que, en mayo de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aprobó el ‘Protocolo Arqueológico Forense para el Apoyo de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con Enfoque Diferencial, Étnico y de Género’, así como ordenó su inmediata implementación en el proyecto.
Dicha hoja de ruta establece los parámetros aplicables para facilitar las labores de búsqueda de personas desaparecidas y el desarrollo de las actividades que deben adelantar la Fiscalía o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en este proyecto.
De esta manera se podrán atender los hallazgos de posible interés forense para su exhumación o recuperación.
El impacto de las obras en el Dique
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la APP del Canal del Dique tiene un área de influencia de 435 mil hectáreas, entre área marina y continental.
La ejecución de las obras implica la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas: uno en el sector de Calamar y otro a la altura de Puerto Badel.
El plazo de la concesión es de 15 años, que se divide en tres etapas: la primera corresponde a la preconstrucción, que se extiende a 18 meses; posteriormente se inicia la etapa de construcción (4 años y 3 meses), y operación y mantenimiento (9 años).
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Con la implementación de este proyecto se generarán aproximadamente 60.000 empleos, entre directos e indirectos.
Además, se harán aportes para proyectos productivos, capacitaciones de fortalecimiento comunitario, procesos educativos ambientales y desarrollo de infraestructura comunitaria, entre otros.
