El próximo miércoles, los alcaldes de los municipios del Atlántico se trasladarán hasta Bogotá para alzar la voz debido a un nuevo capítulo de la crisis energética en la región Caribe. Durante la última semana, la empresa Air-e puso en marcha la medida de cortes diarios de energía por los bajos índices de recaudo, lo que desencadenó en una serie de protestas en el departamento.
Aunque la medida se encuentra suspendida hasta el próximo 5 de agosto, los mandatarios han expresado –en varios escenarios– la imposibilidad de suscribir los acuerdos solicitados por la compañía para evitar su reanudación. Dichos convenios corresponden a que las administraciones locales asuman parte de la deuda de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión.
Los mandatarios han contemplado la socialización de esta problemática ante el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Congreso.
En diálogo con EL HERALDO, varios alcaldes del departamento se refirieron a los planteamientos que harán durante dichos encuentros en la capital del país. Sin duda, un paso clave para avanzar en la adopción de una solución estructural a esta problemática y así evitar futuras afectaciones en el orden público y el suministro de agua potable, entre otros aspectos.
Óscar Avilés, alcalde de Polonuevo, aseguró que el Gobierno nacional tiene que tomar las riendas de esta situación y adelantar una negociación con Air-e con relación a las deudas vigentes de los barrios subnormales y las zonas de difícil gestión.
“Esto puede terminar en un estallido social. Nuestro sentir es que la empresa Air-e quiere poner a la comunidad en nuestra contra, al querer obligarnos a pagar la factura de las personas que no les pagan. Esa no es la solución. Los alcaldes de turno no tenemos la potestad para usar el recurso público de esa manera y por eso no podemos firmar los acuerdos que han propuesto”, expuso el mandatario local.
Indicó que ha sido puntual con el pago del servicio de energía, pero que se ha podido detectar una alta deuda por parte de la ESE Centro de Salud de Polonuevo: “Hemos adelantado una mesa de trabajo para que haya un acuerdo de pago”.
Además, Avilés recalcó que se ha sumado a esta cruzada debido a que los cortes de energía pondrían en riesgo el suministro de agua potable para el municipio, en el sentido de que la planta de tratamiento se encuentra en una de las zonas referenciadas por la compañía por bajo recaudo.
A su turno, el alcalde de Galapa, Fabián Bonett, cuestionó la posición de la empresa Air-e debido a que busca que asuman responsabilidades de “deudas impagables” a través de convenios. Si bien recalcó que se deben proteger los derechos de la comunidad, esto se debe hacer a través de “soluciones justas y equitativas”.
Por eso indicó que ha solicitado una audiencia con el presidente Gustavo para abordar “problemáticas” como el servicio de energía eléctrica en el municipio: “Este servicio ha presentado serias deficiencias que afectan la calidad de vida de nuestros habitantes y el desarrollo económico de la región”.
Puso de presente que la falta de energía ha afectado “gravemente” el bienestar y la dignidad de nuestra comunidad más vulnerable. En ese sentido, recalcó que “aunque Air-e es una empresa privada, presta un servicio público esencial y su interrupción pone en peligro la vida y la salud de nuestra gente”.
Ameth Juan Hanna, alcalde de Luruaco, sostuvo que la solución a esta problemática está en manos de la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Son los únicos que pueden ponerle un freno a los problemas de orden público que se pueden suscitar a raíz de las medidas que ha adoptado la empresa Air-e. Es una presión para que los alcaldes respondan por una deuda impagable, una deuda que no hemos generado nosotros”, dijo el mandatario.
(Le puede interesar: Acuerdan plan de obras para ejecutar en el municipio de Candelaria)
Fue enfático al sostener que se encuentran dispuestos a brindar el acompañamiento necesario a la compañía para la recuperación de la cartera, pero que “no reconoceremos deudas de terceros ni vamos a hacer acuerdos de pago por consumos distintos a los de las instituciones públicas municipales”.
Apoyo de congresistas
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, ha expresado su respaldo a la ofensiva que han lanzado los alcaldes de los municipios en búsqueda de soluciones concretas a esta crisis energética en el departamento.
“Es una crisis social que se ha recrudecido en el departamento. En el acuerdo del Ministerio de Minas con la empresa Air-e hay varios puntos rescatables, pero lo que no se puede permitir es que se deje la responsabilidad en los maltrechos bolsillos municipales”, indicó.
El congresista mencionó que es positivo que se propongan modificaciones a los contratos de suministro de energía y la variación del cálculo del indexador para la tarifa de energía. Recalcó que estas propuestas se han venido barajando desde distintos espacios con antelación y pueden constituirse en una respuesta a las deficiencias estructurales en el sector.
En ese sentido, recalcó que a esta discusión se deben integrar a todos los integrantes de la cadena energética para construir soluciones mancomunadas: “Es una solución que pasa por la Creg, que pasa por el Ministerio de Minas, que pasa por el Presupuesto General de la Nación”.
E indicó que si bien se ha avanzado en los nombramientos de los expertos comisionados en la Comisión de Regulación de Energía y (Creg), este proceso se ha venido cumpliendo “a pasos de tortuga”.
Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez aseguró que los alcaldes del Atlántico no están solos y que hará parte de las mesas técnicas en Bogotá para “trabajar mancomunadamente y detener tanto atropello hacia la ciudadanía”.
La importancia de actualizar el indexador
Una de las medidas planteadas por el Ministerio de Minas corresponde a una propuesta de resolución que se presentará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para “deflactar” los precios de los contratos bilaterales de energía.
Dicha modificación se haría a través de la corrección de la inflación del Índice de Precios del Productor (IPP) artificial que ocurrió durante los años 2021 y 2022.
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, explicó que en 2022 se detectó que uno de los factores que estaban contribuyendo a elevar las tarifas de energía era el indexador debido a que el Dane había modificado la metodología para su cálculo. De esa manea pasó de 4.7 % entre los años 2018 y 2019 al 34.32 % en el mes de mayo de 2022.
“Este índice afecta a varios cargos de la fórmula tarifaria: al precio de la energía, a la transmisión y a la distribución e indirectamente a las pérdidas reconocidas”, recordó.
El experto indicó que si bien se había acordado recalcular dicho indexador, la falta de ‘quorum’ en la Creg ha imposibilitado tomar dicha decisión.
Las alcaldías son solidarias con la deuda de barrios subnormales: Air-e
Jussi Faroy, director de Negocio de Air-e, sostuvo que la empresa no es la única responsable del consumo de energía de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión. En ese sentido, aseguró que las alcaldías deben asumir una corresponsabilidad y asumir parte de la deuda por el consumo de energía.
“Durante cuatro años, la empresa se ha encargado de afrontar esa situación en los municipios. En muchos de estos barrios, las alcaldías son solidarias con la deuda de los barrios subnormales”, explicó.
Indicó que con algunos municipios se han logrado acuerdos preliminares que se encuentran en revisión para la posterior firma.
“En la medida que vayamos avanzando en estos acuerdos, en el sentido que los municipios sean corresponsables con esas deudas, que durante cuatro años le había tocado asumir a la empresa”, mencionó.
Enfatizó que el costo de la energía se ha incrementado en el mercado y eso ha conllevado a adoptar medidas que permitan una mejor distribución de la energía disponible: “Nosotros no generamos energía, debemos prepagarla. Si no tomamos medidas, podemos ser sujetos de limitación de suministro para toda la región”.
Asimismo, destacó que “la calidad del servicio de energía ha mejorado un 70 % en la región. Es decir, las inversiones han sido muy efectivas. Y es que hemos estado enfocados en invertir para mejorar el servicio, porque sabíamos que era fundamental para conseguir un buen recaudo; pero en algunas zonas no se ha logrado”.
