El proyecto de ley “Quiéreles, porque no hay NadaQueCurar” dio un paso decisivo en el Congreso después de superar la plenaria y la Comisión Primera del Senado y quedó a la espera de que la Mesa Directiva fije fecha para el último debate. Si se aprueba, Colombia tendría por primera vez una ley diseñada específicamente para prohibir y sancionar las prácticas de conversión, procedimientos que, aunque cambiaron de nombre y se escondieron, siguen vigentes en distintas regiones del país.
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Danne Belmont, directora de la Fundación GAAT y sobreviviente de estas prácticas, comenta que “en Colombia todavía se siguen torturando principalmente personas de los sectores LGBT para intentar cambiar y corregir nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género”.
El tema llegó al Congreso después de un trabajo conjunto de sobrevivientes, organizaciones sociales e investigaciones que revelaron el alcance de estas prácticas. Exorcismos, golpes, restricciones, baños forzados, electrochoques y hasta intervenciones hormonales obligadas hacen parte de los testimonios que han salido a la luz desde hace al menos cuatro años.
No obstante, el panorama es más complejo de lo que parece pues muchos de estos lugares no operan como instituciones formales pues funcionan en grupos espirituales sin personería jurídica, en comunidades laicas, en centros que se presentan como tratamientos para adicciones o, incluso, en manos de profesionales con títulos válidos, pero realizando prácticas no avaladas por la ciencia.
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Cuando algunas denuncias empezaron a ganar visibilidad, varios de estos espacios cambiaron de nombre o de fachada. Para Danne, eso fue un punto de quiebre: “Cuando se hizo muy visible este tema, varios de estos lugares empezaron a cambiar incluso la forma en la que se nombraron. Ya no hablaban abiertamente de terapias de conversión, pero las seguían haciendo”.
¿Qué propone esta ley?
El proyecto crea una categoría clara para que la Policía y la Fiscalía identifiquen y tramiten denuncias sobre prácticas de conversión. Define estas acciones de manera amplia para cubrir la variedad de escenarios en los que se dan, sin depender del nombre del centro o de la manera en que se presenten.
Belmont explica por qué esta amplitud es necesaria: “No hay cómo denunciar formalmente porque esto no está tipificado. Que a ti te hagan un exorcismo, que te sometan a electrochoques o que te obliguen a una terapia hormonal para ‘quitarte lo homosexual’, hoy no tiene un canal de investigación claro”.
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El proyecto también serviría para sancionar malas prácticas profesionales. La psicología y la psiquiatría internacionales son explícitas al no existir evidencia científica que respalde intervenciones destinadas a “corregir” la orientación sexual o la identidad de género.
La carrera contra el reloj
El proyecto llega a plenaria en un momento en que la agenda legislativa es estrecha. Eso preocupa a las organizaciones que han trabajado en la iniciativa.
“Nos preocupa que los tiempos del Congreso hagan que ocurra lo mismo que con el segundo proyecto: que no lo agenden y se hunda sin ser discutido”, señala Belmont.
El 29 de septiembre, Día Internacional contra las Prácticas de Conversión, varias redes de sobrevivientes realizaron acciones públicas para pedir al Senado que priorice la discusión.
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Lo que vendría después
Para la directora de la Fundación GAAT la aprobación sería un punto de partida, no un cierre debido a que falta avanzar en medidas de reparación simbólica para sobrevivientes, en rutas claras para acompañar a familias y en la creación de espacios seguros —incluyendo los espirituales— donde las personas puedan hacer preguntas sobre su identidad sin riesgos ni estigmas.
“Ser una persona LGBT no tiene por qué ser una barrera para tener prácticas espirituales. Necesitamos lugares donde se reconozca que la espiritualidad también hace parte de nuestras vidas, sin que eso se convierta en una excusa para torturarnos”.
Si el Senado aprueba la iniciativa, Colombia enviaría un mensaje institucional claro: nadie debe ser corregido por ser quien es. Y el país daría un paso hacia la protección de miles de personas que han enfrentado estas violencias en silencio.
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