Esta semana en República Dominicana se registró la detención de Antonio y Maribel Espaillat, los hermanos y dueños de la reconocida discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, que se derrumbó el 8 de abril en la madrugada y que cobró la vida de 235 personas y más de 180 resultados heridas. Una de las víctimas fatales fue el intérprete de merengue Rubby Pérez, quien se encontraba cantando cuando el lugar colapsó.
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Ahora se anuncia que tras más de 12 horas de indagación y testimonios, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del distrito nacional dictó medidas de coerción contra los propietarios del lugar que han sido acusados oficialmente de homicidio involuntario.
Se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos a los señalados, un aproximado de 850 mil dólares, así como la presentación obligatoria y periódica antes las autoridades. Los hermanos tampoco podrán salir del país. Con este marco de requisitos los Espaillat recuperaron su libertad y así seguirán vinculados al debido proceso.
La libertad les fue otorgada ya que se consideró que han tenido la voluntad de colaborar en la investigación sobre los hechos. “Aquí hay una realidad, una realidad objetiva, nadie en la calle que cometa cualquier situación, en una medida de coerción tiene que ser declarado culpable o inocente, ese es el gran aprendizaje” dijo la jueza sobre las medidas tomadas.
En la audiencia celebrada hasta la madrugada de este jueves 19 de junio, se presentaron unos 80 afectados o familiares de víctimas en calidad de querellantes. Según el programa El gordo y la flaca, las querellas en contra suman más de 100-.
“Es una burla”
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó como “una burla” a las víctimas dejar en libertad, mediante una garantía económica, a los imputados por el desplome del Jet Set.
El procurador adjunto Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 236 personas muertas y las más de 180 heridas del desplome del techo de la discoteca Jet Set ocurrido el pasado 8 de abril.
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El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El caso fue declarado complejo.
“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.
