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Violencia contra líderes políticos ha aumentado un 15,7% en 2021: MOE

La entidad aseguró que esta situación se da en época preelectoral. Líderes sociales continúan siendo los más vulnerados en Colombia.

Durante el primer semestre del 2021 la Misión de Observación Electoral – MOE—, registró un total de 247 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en todo el territorio nacional.

La entidad manifestó que preocupa el aumento del 15,7% en las agresiones y del 106% en los hechos letales contra líderes políticos, frente al primer semestre del año anterior.

Además, dijo, continuó en ascenso la violencia contra líderes sociales que representan el 52% de los hechos violentos, según su informe.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “estas cifras resultan preocupantes, pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Por lo que la situación debe ser señal de alarma para las autoridades, de cara al cierre del 2021 y a los procesos electorales del 2022”.

La MOE indicó que ha sido enfática en la existencia de una relación entre la violencia contra los liderazgos y los hitos del calendario electoral.

La entidad precisó en su informe que casi un tercio de los hechos de violencia contra líderes se concentraron en los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. Asimismo, la violencia se recrudeció significativamente durante el primer semestre del año en los departamentos de Cesar y Nariño.

Al respecto, Pamela San Martín, coordinadora de la investigación de la MOE, indicó que “se requiere de la intervención urgente de autoridades del distinto orden territorial para proteger la vida de los líderes y lideresas en todo el país”.

Prenden las alarmas las regiones en las que se aplicaron los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET—, pues según los datos en 15 de ellas tuvo lugar el 54% de los asesinatos registrados en el país, siendo los líderes sociales los más afectados.

La directora de la MOE señaló que “es necesario tener en cuenta que los candidatos a la Cámara de Representantes para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz —CTEP—, surgirán de las diferentes organizaciones y liderazgos sociales que operan en el territorio. Siendo necesario que con miras al proceso electoral se adopten medidas interinstitucionales dirigidas a garantizar las condiciones de seguridad para su participación en la política electoral”.

Los liderazgos sociales son quienes sufrieron más afectaciones durante el año, con un 52% de los hechos registrados (128), concentrando también el 54% de los asesinatos contra líderes y el 52% de las amenazas.

“De cada dos líderes agredidos durante el 2021 en Colombia, uno fue social. Este contexto evidencia patrones de accionar violento, que más allá de disuadir el accionar de los líderes sociales por medio de intimidaciones, buscan silenciar su voz”, señaló Pamela San Martín, coordinadora de la investigación.

La MOE precisó que al hacer una revisión al componente étnico de las afectaciones a este tipo de liderazgo, los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca concentraron el 76% del total de las agresiones contra líderes afro e indígenas. Los liderazgos indígenas fueron los más afectados con 37 agresiones en su contra, de las cuales, el 35% fueron letales.

“Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado en el 2021, pues concentraron el 42% de los hechos, el 33% de los asesinatos y 50% de los atentados, con un total de 103 vulneraciones”, se lee en el informe.

Para Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio a cargo de la investigación, “este contexto enciende las alarmas para el último mes del 2021, en que tiene lugar el inicio de la propaganda electoral en espacio público y en medios de comunicación social, lo que pone a los candidatos al Congreso de la República en un contexto de mayor visibilidad y por ende, de mayor riesgo. Panorama que también tendrá lugar en el 2022”.

Con respecto a los líderes comunales, en el primer semestre del 2021 se presentaron un total de 16 hechos de violencia, de los cuales más de la mitad corresponden a asesinatos y atentados. En el informe la MOE destacó la disminución de la violencia contra este tipo de liderazgos en el primer semestre del año. 

De igual manera, la MOE reiteró su preocupación sobre el constante ascenso en el número de hechos letales contra lideresas, que se incrementaron en un 30,8% en los seis primeros meses del 2021, frente al primer semestre del 2020.

Sobre esto, Alejandra Barrios expresó que: “es necesario que el Gobierno nacional y los gobiernos locales, establezcan rutas de prevención y protección para atender la violencia contra las lideresas, que tomen en consideración sus condiciones y contextos específicos, a partir de políticas diferenciales”.

En cuanto a las agresiones en contra de los liderazgos LGBTI, estas también han ido en aumento, al pasar de 0 agresiones en 2019, a 2 en el 2020 y a 4 en 2021, dos de ellas asesinatos; siendo la primera vez que se registran asesinatos en el primer semestre.

“Para la MOE es fundamental visibilizar la situación y alertar sobre la urgencia de adoptar medidas diferenciales, encaminadas a garantizar el óptimo desarrollo de estos liderazgos”.

Ante este contexto, la Misión de Observación Electoral indicó que es necesario repensar los mecanismos de protección que están siendo empleados sobre los diferentes liderazgos, a fin de encontrar alternativas viables que generen una mayor efectividad.

Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia, sostuvo que “resulta necesario  fortalecer la intervención del Ministerio Público en las investigaciones penales sobre hechos de violencia contra líderes y lideresas, a fin de garantizar el debido proceso y fortalecer, transparentar y democratizar el debate judicial”.

Lo anterior, dijo, a través del establecimiento de un diálogo institucional y un flujo de información constante entre la Procuraduría y la Fiscalía, sobre las noticias criminales abiertas que buscan esclarecer hechos de violencia contra líderes y lideresas.

Esto último —precisó— sin dejar atrás “la necesidad de transitar hacia la protección colectiva, complementaria a la individual, que permita hacer más eficientes las acciones y los recursos empleados”.

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