Trashumancia: así está la movida de los votos en la Costa

En la Región Caribe, Puerto Colombia (Atlántico) lidera el riesgo de trasteo de votos, según datos de la Procuraduría. Le sigue La Jagua del Pilar, en La Guajira. 

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En la Región Caribe, Puerto Colombia (Atlántico) lidera el riesgo de trasteo de votos, según datos de la Procuraduría. Le sigue La Jagua del Pilar, en La Guajira. 

La trashumancia electoral o trasteo de votos es un delito que a partir de 2017 quedó suscrito en una ley que penaliza con cárcel  al ciudadano y al promotor. Esta ley podría ‘estrenarse’ este año, ya que hay elecciones regionales, en las únicas en las que es obligatorio votar en el municipio de residencia.

Pero le pregunto, lector, ¿conoce usted cuándo está incurriendo en este delito? ¿Sabe, realmente, qué es la trashumancia? ¿Le han propuesto cambiar su puesto de votación para apoyar a un candidato en particular?

Le servirá tener claro en qué momentos estaría incurriendo en esta práctica; ya que el próximo 27 de octubre se celebrarán los comicios regionales donde se supone que el ciudadano debe elegir a los gobernantes de su departamento, de su municipio o ciudad, su localidad y además a aquellos que ejercerán control  sobre estos: los diputados y concejales.

Digo se supone, porque en la práctica no siempre ocurre así. En la historia electoral del Caribe, aunque también del país, son muchos los casos en los que el voto de un ciudadano ‘vuela’ a otros municipios distintos a los de su suscripción residencial.

De hecho, por esa característica en Perú le llaman voto Golondrina, haciendo alusión al ave migratoria.

Por ponerle un ejemplo, para las pasadas elecciones regionales,  que fueron en 2015, el Consejo Nacional Electoral anuló 1,6 millones de cédulas en todo el país por el trasteo de votos. (Para esa época al ciudadano solo se le sancionaba, más no se le penalizaba).

Ahora sí, entremos en materia. Empezaré por definir qué es la trashumancia electoral. Es la  práctica que consiste en la inscripción de cédulas para votar en un lugar distinto al que se reside. También se le conoce como trasteo de votos.

La norma describe, en el artículo 389 de la ley 1864 de 2017, que el fraude de inscripción de cédulas es cuando: “Personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular”, así como en otros procesos electorales.

Sin embargo,  el concepto de residencia electoral no se reduce al lugar donde vive el sufragante.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Renato Contreras explicó que si una persona vive en un municipio, por ejemplo, en Soledad, pero trabaja en Barranquilla y vota en esta ciudad, no necesariamente estaría incurriendo en este delito.

De hecho, ejemplificó que una persona, incluso, que viva en Barranquilla y tiene un negocio en Suan podría votar en ese municipio, aunque no resida allá. Puesto que le podría interesar las decisiones del gobernante de dicho municipio ya que le afectaría directamente al tener su empresa en ese lugar.

En el mismo sentido, el magistrado de la misma corporación Pedro Felipe Gutiérrez dijo que no necesariamente siempre que el censo electoral sobrepasa el censo poblacional, es decir, que haya mayor número de votantes que de personas que de población, se está incurriendo en alguna irregularidad. Lo anterior, lo sustentó al explicar que el concepto de residencia electoral le permite elegir  al sufragante en qué lugar votar de los siguientes: a) lugar de residencia (donde vive); b) lugar de trabajo o  c) lugar donde acredite que tiene un arraigo de algún tipo.

“Residencia electoral es más amplio que solo donde vives”, precisó el magistrado Gutiérrez.

Sin embargo, a pesar de ello, los organismo de control y los mismos ciudadanos toman como referencia datos como la inscripción de cédulas, el censo electoral vs el censo poblacional, entre otros,  para hacer un diagnóstico   que permita alerta sobre posible trashumancia electoral. Lo cual, no significa que no tiene valor en el análisis de este fenómeno.

Como expresó el magistrado Gutiérrez, “el incremento  de inscripciones es el referente cuantitativo. La valoración cualitativa es la que hacen los magistrados”.

 

“Detrás de ello hay un grupo de personas interesadas en alterar los resultados en cada municipio y de afectar la democracia”.

Pena y multa 

Ahora, lector, le hablaré  de las penas  y multas que se pagan por cometer este delito.

El magistrado Renato Contreras  hizo un recuento de la legislación que sanciona la trashumancia electoral. Anterior a 2017, se penalizaba al que “por cualquier medio indebido” lograra que personas inscribieran su cédula en un lugar distinto a su residencia. La sanción para el ciudadano era la anulación de su cédula.

Sin embargo, el magistrado Contreras refirió que la sanción se amplió con la ley 1864 de 2017, ya que tanto el que promueve la trasteo de votos como el ciudadano que inscribe su cédula en un municipio distinto al que reside incurrirá en un delito que tiene prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 Contreras puntualizó dos causas que dan lugar a la trashumancia electoral. Probablemente, lector, usted tiene un amigo o familiar que es candidato de un municipio distinto al suyo y le pueda pasar, tal como manifestó el magistrado del CNE, al citar la primera causa: “El ciudadano cree que es una persona digna de apoyo y se traslada hasta determinado lugar para votar por él”.

Pero la segunda  causa, la cual el magistrado calificó como la más peligrosa, es que “detrás de ello hay un grupo de personas interesadas en alterar los resultados en cada municipio, y de esta manera, afectar la democracia local, aprovechándose de las circunstancias de personas, ya no por voluntad de ellas  ni de manera espontánea, sino que se aprovechan de la necesidad ciudadana”.

“La trashumancia electoral afecta la calidad del sistema democrático en el país, es un fenómeno que conduce a la desconfianza en las elecciones y favorece a quien tiene mayor dinero para costear el traslado de estas personas”, manifestó, por su parte, el profesor  de la Universidad del Norte Carlos Guzmán.

Cifras en el Caribe

El HERALDO hizo una radiografía, consultando las bases de datos del CNE, la Registraduría, la MOE, así como el último informe de la Procuraduría sobre trashumancia electoral en la Región Caribe. Le invito a mirar el mapa de riesgo en la Costa.

 Según el informe de la Procuraduría, de 750 mil cédulas que se han inscrito en 15 municipios, el 14%, poco menos de 105 mil cédulas, son potenciales trashumantes.  Y el Atlántico, con Barranquilla y Soledad, encabezan esa lista.

El informe añade que de 118.164 cédulas inscritas en Barranquilla, 16.714 son potenciales trashumantes. Y en Soledad, de 47.896, 12.606 cédulas inscritas son potenciales trashumantes.

No obstante, al comparar el número  de inscripción de cédula para elecciones 2015 con 2019 se evidenciará que el número de inscripción se redujo tanto en Barranquilla como en Soledad. En Barranquilla de 197.333 inscritos en 2015 se pasó 150.901 inscritos en 2019 y el aumento de la población fue de 5,07%. Lo anterior, según el consolidado hasta agosto de 2019 del Consejo Nacional Electoral.  Así mismo, en Soledad, de 64.918 inscritos en 2015 se pasó a 60.142 en 2019 con un aumento de la población de 5,07%

Lo que podría sugerir que tanto en la ciudad como en el municipio atlanticense estaría en riesgo de trashumancia histórica.

En el noveno informe sobre el proceso de inscripción de cédulas Elecciones de autoridades locales 2019 de la Misión de Observación Electoral, MOE,  publicado el 2 de septiembre de 2019 se alerta del riesgo de que exista trashumancia histórica en el país,  según cifras oficiales, “pues tras los procesos electorales 2018, 142 municipios del país tienen más censo electoral que población”.

Al comparar las inscripciones en 2015 y 2019, las autoridades lanzaron una alarma por el aumento de estas. Se destacan los siguientes municipios: Palmar de Varela, con un aumento de inscripciones de 64,74% y Campo De la Cruz, con un aumento de 29,84%.

Los otros municipios que presentaron un aumento de inscripción, aunque en menor proporción, fueron: Manatí, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí.

Según la Procuraduría, en el Atlántico hay 10 municipios con alto índice de riesgo de trashumancia electoral. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral ha recibido denuncias por este delito en los municipios de Soledad, Juan de Acosta, Malambo, Tubará, Santo Tomás, Sabanagrande, Suan y Puerto Colombia.

Según datos de la MOE, al hacer la comparación del censo electoral de las elecciones para la consulta anticorrupción en 2018 con la proyección del DANE para 2019, se evidenció que hay seis municipios en los que hay mayor número de votantes que de población. Estos son: Puerto Colombia, Suan, Santo Tomás, Piojó, Candelaria y Juan de Acosta.

“La trashumancia afecta la calidad del sistema democrático, es un fenómeno que favorece a quien tiene mayor dinero”.

Bolívar

En Bolívar, según el consolidado del CNE,  en 10 municipios hubo un aumento de inscripción de cédulas en este año, con respecto al 2015, llevando la bandera el municipio de Arroyo Hondo. Le sigue Soplaviento y Cantagallo.

Según el último informe de la Procuraduría, Arroyo Hondo, Córdoba, San Cristóbal y Soplaviento presentan riesgo de trashumancia.

Según un informe del Tribunal de Garantías Electorales en Bolívar, desde el CNE se ordenó la práctica de pruebas y se nombró una comisión instructora por la inscripción irregular de cédulas en Santa Catalina , Mahates  , Arroyohondo , Clemencia ,  El Guamo, Magangué, Mompox, Hatillo de Loba, Margarita, San Fernando, El Carmen de Bolívar, María la Baja, Arjona, Turbaná y Turbaco.

Hasta el momento, el CNE ha recibido denuncias de los municipios de Margarita, Córdoba, San Fernando, Santa Catalina y  Morales.

Cesar

En el Cesar, el caso más alarmante se presenta en el municipio de El Copey, donde hubo 5.291 nuevos inscritos, que corresponden a una diferencia porcentual del 178% con respecto a las inscripciones en 2015 cuando el registro fue de 2.962, según datos de la Registraduría.

Así mismo, según el consolidado del CNE, los otros municipios donde hubo aumento de inscripción comparando los años 2015 y 2019 son González, con un aumento de 56,07%; Astrea, con 10,82%, y la ciudad de Valledupar, con un aumento de inscripciones de 32,42%.

El CNE recibió denuncias por presunta trashumancia en  los municipios de El Copey, La Jagua de Ibirico, Aguachica, Gamarra, Tamalameque, Manaure y La Paz, donde se registra una alta inscripción de cédulas.

Y seis en seis municipios, según la MOE, hay mayor cantidad de votantes que de población. Estos son: La Jagua de Ibirico, Becerril, San Diego, Curumaní, Río de Oro  Chiríguaná.

Sucre

De los 26 municipios de Sucre,  cinco presentaron un aumento de inscripción de cédula para las elecciones 2019, en comparación con los comicios regionales de 2015. El municipio más alarmante es Ovejas, donde hubo un aumento de 56,74% de inscripciones de cédulas este año.

Los otros municipios que tuvieron la misma conducta, aunque en menor proporción fueron Majagual, Morroa, San Onofre y Tolú. No obstante, según datos de la MOE,  6 municipios de este departamento tienen mayor censo electoral que poblacional. Esto son: Buenavista, Coloso, Tolúviejo, Ovejas, San Pedro y Chalán.

Ante el CNE han presentado denuncias instauradas por trashumancia en los municipios de Morroa y Chalán.

Magdalena

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, de  las 35.312 cédulas inscritas en Magdalena, 2.588 corresponde a un potencial de trashumantes. Según el Ministerio Público, el Magdalena presenta 8 municipios en alto riesgo por trasteo de votos. Específicamente, Pedraza es el municipio con mayor índice de trashumancia electoral.

Al comparar los números de inscritos en 2015 con 2019, los municipios que aumentaron el número de inscripción fueron El Banco, Sitio Nuevo y la ciudad de Santa Marta.

Ante el Tribunal de Garantías Electorales han presentado denuncias por posible  trashumancia electoral en Fundación, San Angel, Ariguaní, Cerro de San Antonio, Algarrobo, Guamal, Pedraza, Santa Marta, Ciénaga y San Sebastián.

Además, según datos de la MOE, en Pedraza, Concordia, Salamina y Cerro San Antonio hay mayor cantidad de votantes que de población.

La Guajira

El departamento de la Guajira  presenta, según la Procuraduría General, dos municipios en riesgo por posible trashumancia electoral. La Jagua del Pilar es el que mayor índice de riesgo presenta, de hecho según la MOE su censo electoral es mayor que el poblacional y  le sigue el municipio de  El Molino.

Ante el CNE han presentado denuncias por trashumancia en los municipios Hatonuevo, Barrancas y La Jagua del Pilar.

Al comparar los años 2015 y 2019 ningún municipio tuvo un aumento de inscripciones. No obstante, es posible que el departamento sí presente el fenómeno de trasteo de votos de manera histórica.

Córdoba

En el departamento de Córdoba hay 29.362 personas cuya inscripción para votar en las elecciones de octubre es analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por supuesta trashumancia o trasteo de votantes.

De los 155.506 nuevos inscritos, el 18,8% podría ser trashumante, según informó César Augusto Abreo, magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE. Agregó que 26 de los 30 municipios cordobeses presentan esta sospecha de que los políticos trasladaron personas de otras localidades para inscribir su cédula en un sitio que no es su lugar de residencia.

La Apartada y Los Córdobas presentan el caso más crítico. En el primero de los municipios mencionados hay 1.476 nuevos inscritos, de los cuales 846 podrían ser trashumantes; es decir, el 57%.

En los Córdobas, de 2.285 inscritos, 1.148 (50%) tienen una presunta inscripción irregular de cédulas. Otros para tener en cuenta es San José de Uré, donde de 1.235 inscritos, 611 están embolatados; eso es el 49%. Además, en San Carlos, de 2.201, hay 987 (45%) sospechosos; y en Purísima, el 45% de los 1.320 nuevos inscritos.

El funcionario recalcó que en caso de trashumancia, al CNE solo le corresponde anular el registro de esa cédula. “En lo que tiene que ver con las sanciones penales, nosotros tenemos que  correr traslado a la Fiscalía, para que ellos se pronuncien sobre ese tema: si es delito o no”, concluyó.

Expresó que de los 30 municipios cordobeses, siete tienen alerta roja por su alta probabilidad de haber trashumantes; seis  presentan alerta naranja; trece, alerta amarilla, y cuatro no tienen alerta por trasteo de votos. Estos últimos son Montería, Lorica, Sahagún y Tierralta.

El CNE ha recibido 27 solicitudes de revocatoria de inscripción de cédulas, convirtiéndose en el departamento del Caribe con mayor número de denuncias. Y según datos de la MOE, en córdoba no hay ningún municipio que tengo mayor número de votantes que de población.

San Andrés y Providencia

El departamento de San Andrés y Providencia tiene solo dos municipios, de los cuales Providencia se encuentra en un riesgo medio de trashumancia electoral. El informe de la Procuraduría cita que de un total de 295 cédulas inscritas, 141 son potenciales trashumantes. Al consultar una fuente del CNE nos dijo que no se ha registrado ninguna denuncia por trashumancia, pero que continúan haciendo verificaciones e investigaciones; ya que el departamento no suele tener una cultura de denuncia frente a estos actos.

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