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Aspecto de un debate de la plenaria del Senado de la República, sesionando en el Capitolio Nacional.
Aspecto de un debate de la plenaria del Senado de la República, sesionando en el Capitolio Nacional.
Aspecto de un debate de la plenaria del Senado de la República, sesionando en el Capitolio Nacional. Foto por: Colprensa

Lo que fue y no fue a un año del ‘fast track’

Este es el balance de las leyes y reformas a la Constitución aprobadas durante el periodo de vigencia de este mecanismo legislativo especial.

El titulo es:Lo que fue y no fue a un año del ‘fast track’

Este es el balance de las leyes y reformas a la Constitución aprobadas durante el periodo de vigencia de este mecanismo legislativo especial.

El jueves terminó la vigencia del mecanismo legislativo especial, con el que el Congreso de la República aprobó el paquete de reformas que permitió parte de la implementación jurídica del Acuerdo Final del Teatro Colón, firmado por el Gobierno Nacional y la desmovilizada guerrilla de las Farc.

El también denominado fast track redujo el tiempo de trámite de los proyectos, pues solo se tenían que llevar a cabo dos debates (uno conjunto entre las comisiones de ambas cámaras y posteriormente otro en las plenarias de las mismas). Durante su vigencia, el Ejecutivo pudo sacar adelante cinco actos legislativos (reformas a la Constitución) y cinco leyes ordinarias.

¿Mucho o poco? El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, tras mantener la semana pasada una reunión privada para evaluar el estado de la implementación acudieron a una metáfora: “El vaso está medio lleno, y lo que se requiere ahora es precisamente llenarlo”.

Más allá, lo cierto es que las dinámicas políticas de un año electoral influyeron de manera importante para que se fuera desvaneciendo el impulso con el que, los primeros meses, los parlamentarios aprobaron las normas derivadas del Acuerdo.

Las encuestas empezaron a marcar la agenda y el tema de la paz aparecía, en general, como uno los peores valorados. Fue así que varios parlamentarios fueron desligándose del tema de la paz, algunos porque tuvieron legítimos reparos y otros por cálculo político. 

Uno de los ejemplos más claros fue el de la bancada de Cambio Radical. Luego de que su jefe natural, el aspirante presidencial por firmas, Germán Vargas Lleras, anunciara que se desligaba del proceso de paz, la colectividad hizo lo propio en el Legislativo.

No fue la única. Miembros del Partido de la U, del Partido Conservador e, incluso, del Liberal, mostraron los dientes con el paso del tiempo y el Gobierno tuvo que redoblar esfuerzos para lograr las mayorías, apoyado en una Unidad Nacional que se deshilvana cada vez más rápido.

El anuncio de la Corte

A lo anterior se sumó el visto bueno que la Corte Constitucional le dio a la demanda que interpuso Iván Duque, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, con la que logró que el Congreso pudiera hacer modificaciones a los proyectos de paz presentados por el Gobierno.

Además, se definió que las discusiones y aprobaciones de las iniciativas se podían dar artículo por artículo y no en bloque, como se había previsto para agilizar su trámite.

Ambos hechos se configuraron como el génesis de que del fast track se viera obligado a reducir su velocidad.

Las reformas a la constitución

De acuerdo con el Instituto Kroc, designado por las Farc y por el Gobierno Nacional para hacer el seguimiento al proceso de implementación, hay cinco actos legislativos que fueron aprobados por el Congreso, es decir, son cinco las modificaciones que se le introdujeron a la Constitución Política. Sin embargo, tan solo dos han pasado por el estudio de la Corte Constitucional: el que blindó jurídicamente el Acuerdo y el que creó la JEP.

Cabe recordar, en este punto, que tres de las reformas introdujeron artículos de carácter transitorio: uno crea la Justicia Especial, otro autoriza fundar el partido de la Farc y uno más blinda jurídicamente lo acordado en La Habana. Otras dos modificaciones son permanentes, un parágrafo referente a un cambio en el sistema de regalías para el posconflicto y la reafirmación de que el monopolio de las armas reside en cabeza del Estado.

Reforma de la JEP

El primer acto legislativo aprobado fue el que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, del cual hace parte la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Esta ley macro tuvo como espíritu poner en marcha todo el andamiaje del punto quinto del Acuerdo Final, que versó sobre las víctimas del conflicto y la necesidad de repararlas.

En su estudio de constitucionalidad, la Corte avaló la creación de la Justicia Especial de la Paz, aunque con algunas precisiones y modificaciones.

Puntualizó, por ejemplo, que los terceros civiles y los agentes del Estado, no militares, ya no tendrían la obligatoriedad de ir ante la jurisdicción transicional, sino que era opcional hacerlo.

Para las Farc y para las víctimas de crímenes de Estado esta decisión echó para atrás el mecanismo de justicia especial, pues la verdad sobre lo ocurrido ahora tendrá mayores talanqueras.

Sobre esta reforma, la Corte también indicó que la participación en política de los excombatientes estaba completamente habilitada, en tanto las penas e inhabilidades de los mismos estaban suspendidas.

Para inscribirse a las elecciones, los excombatientes tendrán que acudir, primero, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que les certifique la pertenencia a las Farc y, segundo, donde el Secretario Ejecutivo de la JEP para que este haga lo propio sobre su compromiso de sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Este viernes varios de los jefes del ahora partido político dieron este paso ante la secretaría de la JEP.

La Corte también determinó que, una vez estuviera andando la justicia transicional, los magistrados de este tribunal temporal podrían evaluar si la pena impuesta es compatible con el ejercicio del cargo. Esto se verá en el momento de estudiar caso por caso y, dependiendo de la gravedad de la conducta del procesado, podría derivarse la imposibilidad de seguirlo desempeñando.

El tribunal también dejó claridad sobre aspectos como los delitos de ejecución permanente –que pasarán a la justicia ordinaria– y las tutelas que se interpongan contra las decisiones de la JEP –que serán resueltas por la Corte Constitucional–, entre otras.

Reintegración política de las Farc

Un segundo acto legislativo fue el que habilitó a las Farc para que entraran a la arena política, una vez hicieran entrega del material bélico que estaba en su poder partir de esta norma, por lo tanto, se fijaron todas las reglas para el funcionamiento del partido político surgido de la desmovilización, así como las 10 curules que este último tendrá de manera fija durante ocho años (dos periodos constitucionales):cinco de ellas estarán en la Cámara de Representantes y la otra mitad en el Senado. 

También quedaron establecidos los recursos que la nueva organización partidista recibirá para su funcionamiento. En este caso, la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la reforma.

Blindaje jurídico del Acuerdo

Un tercer acto legislativo fue el que le dio estabilidad jurídica al Acuerdo de Paz. Con esta reforma, durante los próximos tres periodos presidenciales (del 2018 hasta el 2030) ningún Gobierno podrá obviar el contenido del Acuerdo, y deberá cumplirlo de buena fe, tal como lo ratificó la Corte Constitucional luego de que se pronunciara sobre el mismo.

ModificacIón al sistema de regalías

Un cuarta reforma a la constitución que alcanzó a aprobar el Congreso antes de que terminara el fast track, fue la modificación al sistema de regalías. Con esta, se aseguró que los recursos para financiar los proyectos del posconflicto estuvieran asegurados. Al respecto, la Corte Constitucional tampoco se ha pronunciado.

Monopolio de las armas en el Estado

Un quinto acto legislativo fue el que dejó explícito en la Constitución el carácter ilegal de la “promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, encubrimiento o favorecimiento, financiación de grupos paramilitares, de autodefensas y de guerrillas”.

Para muchos, esto era necesario, pues tenía un importante valor simbólico para las víctimas del conflicto. No obstante, otros sectores escépticos criticaron la medida porque reconocía que el Estado colombiano había tenido efectiva participación en delitos de lesa humanidad.

Las leyes ordinarias

Además de los cinco actos legislativos aprobados, el Congreso también alcanzó a sacar adelante un paquete de leyes ordinarias que desarrollaron algunos puntos del Acuerdo de Paz.

Ley de amnistía e indulto

La primera de las leyes ordinarias que aprobó el Congreso fue la de la amnistía e indulto para los excombatientes de las Farc que hubieran estado inmersos en delitos como la rebelión, y de la renuncia a la persecución penal para los militares que estuvieran investigados por delitos menores.

Esta norma fue la garantía para que los guerrilleros iniciaran su traslado a las zonas de concentración en donde se iba a iniciar, a su vez, el proceso de desarme que estuvo monitoreado por el mecanismo tripartito del Gobierno, las Farc y las Naciones Unidas.

Esta norma, no obstante, no ha pasado por el estudio de exequibilidad que el tribunal constitucional debe hacer.

Estatuto de la oposición

Esta norma se aprobó con el ánimo de desarrollar derechos que garanticen la plena participación de los partidos minoritarios.

De esa forma, entre las disposiciones que establece está que los candidatos que queden de segundos en las elecciones para alcaldías, gobernaciones o a la Presidencia, tendrán curules en las corporaciones públicas respectivas (concejos, asambleas y Congreso) .

De igual forma, los sectores que se declaren en oposición, podrán tener derecho de réplica en tres ocasiones: luego de la instalación del Congreso, tras las alocuciones presidenciales y frente a ataques de funcionarios públicos, incluido el Presidente.

Voces de paz

Una ley que también pasó fue la que avaló la participación de seis voceros en el Congreso del movimiento político ‘Voces de Paz’, que representaron políticamente a las Farc, con voz pero sin voto. Algunos de los miembros de ese movimiento  ahora hacen parte de las listas al Congreso del partido político de la Farc.

Otra ley tramitada y aprobada fue la que modificó la estructura de la Unidad Nacional de Protección, esta con el fin de permitir contratar nuevo personal, entre ellos exguerrilleros, para que sirvan en la protección de los jefes de las Farc que requieran esquemas de protección. Durante los últimos días del fast track, el Congreso le dio luz verde al Sistema de Innovación Agropecuaria, que tiene como poner a disposición de los productores del campo, elementos de investigación, innovación y tecnología para que desarrollen sus actividades.

Lo que no se aprobó

El balance de todas estas normas no deja de ser del todo insatisfactorio. Si bien es cierto se aprobaron importantes reformas que permitieron poner en marcha aspectos del Acuerdo de Paz, también quedaron por fuera un importante paquete sobre el que ahora existen dudas. No se sabe cómo se llevará a cabo su trámite para que las mismas finalicen con éxito.

Por ejemplo, en un limbo jurídico quedó la reforma constitucional que creaba las 16 circunscripciones de paz. En su votación final tuvo 50 votos, pero se consideró como inválida para lograr pasar la reforma. Por ahora hay dudas sobre si ese era el límite de votos requeridos o no.

Quedó en el camino (aprobada en comisiones), la ley del sistema de adecuación de tierras y se hundieron los proyectos de la adjudicación de baldíos, la ley del sistema nacional catastral multipropósito, el proyecto que buscaba reformar la ley de garantías en época electoral, la ley que buscaba dar un tratamiento jurídico especial a los pequeños cultivadores y la ley que daba un marco especial de sometimiento a las bandas criminales.

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