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Ley del Montes | Redes... ¿sociales o antisociales?

El uso y abuso de las redes sociales desbordó a las autoridades, que no saben qué hacer con este nuevo fenómeno.

Política

El uso y abuso de las redes sociales desbordó a las autoridades, que no saben qué hacer con este nuevo fenómeno.

Vuelve y juega. El tema del manejo de las redes sociales se ha convertido en uno de los más recurrentes a la hora de analizar los efectos de su uso, pero sobre todo de su abuso, en especial en estos tiempos electorales de tanta intolerancia y polarización política.

En efecto, ya no se trata de mirar con lupa la estrecha relación que tiene todo lo que se dice en las redes sociales con delitos tipificados con absoluta claridad en el Código Penal, como la injuria y la calumnia, sino de aventurarse a medir los alcances que tendrían los insultos en la integridad psicológica o mental de quienes se consideran ofendidos. Es decir, de lo que se trata ahora es de establecer hasta dónde estaría permitido insultar a nuestros contradictores o adversarios.

El jueves de la semana pasada la Corte Constitucional volvió a ocuparse del espinoso y complejo asunto, al pretender dirimir los conflictos que se generan al garantizar el derecho universal a la libertad de expresión con el que asiste a quienes desean vivir “sin humillaciones”. ¿Es tan ilimitado el primero como para atentar contra la integridad física y mental de quienes son sometidos al escarnio público de manera sistemática, al considerar quienes ofenden que su libertad de expresión no puede verse limitada o afectada?

En la búsqueda de una mejor comprensión del fenómeno producido por el abuso de las redes sociales, el próximo miércoles empezará en Cartagena el encuentro de la Jurisdicción Constitucional, cuyo tema central será, “Jueces constitucionales y nuevas tecnologías, Libertad y Expresión en Redes Sociales”.

El encuentro, al que asistirán magistrados de las altas cortes y funcionarios de la Rama Judicial, servirá para que entre todos empecemos a entender el comportamiento –para muchos absurdo– de quienes abusan del poder y la influencia que les brindan las redes sociales.

En lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Constitucional, proferido el jueves de la semana pasada, sin que se conozca el texto completo, dos de los magistrados del alto tribunal se pronunciaron sobre los alcances de la decisión.

Los togados José Fernando Reyes y Gloria Ortiz, presidenta de la Constitucional, hicieron referencia a los criterios que podrían llevar a concluir que unos comentarios insultantes afectarían de forma grave “la dignidad de una persona, hasta el punto de humillarla y afectar su derecho a vivir dignamente”.

¿Ello qué significa exactamente? ¿Existe el derecho al insulto en las Redes Sociales? ¿Se puede ofender impunemente en las Redes Sociales? ¿Cuándo un mensaje se considera lo suficientemente denigrante, como para proteger los derechos de la víctima?

Uno de los intelectuales que más ha cuestionado el papel de las Redes Sociales en los tiempos que corren es el filósofo italiano Umberto Eco, quien de forma contundente y certera afirmó hace algún tiempo: “Las Redes Sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas, que primero hablaban solo en un bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un Premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.

De manera que el país asiste, sin duda, a un nuevo fenómeno social, relacionado con nuevas tecnologías y plataformas, que están transformando no solo la comunicación entre las personas, sino de estas con el Estado y con toda la Sociedad. Se trata un proceso dinámico, que trae consigo nuevos conflictos y por consiguiente nuevos retos. ¿Hasta dónde se puede insultar en Redes Sociales?

¿Inmunidad o impunidad parlamentaria?

Amparado en la llamada inmunidad parlamentaria -que les permite hasta mentir a los congresistas del país durante la celebración de sus debates- el senador Gustavo Petro mencionó el nombre de la periodista Ángela Calderón, como contratista beneficiaria de la multinacional brasileña Odebrecht.

La comunicadora no solo desmintió de forma tajante las afirmaciones de Petro, sino que procedió a denunciarlo por injuria y calumnia. Las palabras de Petro en el recinto del Congreso estarían amparadas por la llamada inmunidad parlamentaria, pero no así la forma sistemática en que tanto él como sus millones de seguidores en las Redes Sociales se encargaron de replicar durante varios días sus afirmaciones en el Congreso de la República.

Es decir, ¿lo que afirme Petro -o cualquier congresista, amparado en su fuero parlamentario- puede servirles de patente de corso para injuriar o calumniar de forma impune? ¿Qué derecho les asiste a quienes -como Ángela Calderón- son víctimas de congresistas que tienen el privilegio de la inmunidad parlamentaria, que les permitiría acabar con el buen nombre y la dignidad de cualquier persona? Si ello es así, entonces en Colombia no podríamos hablar de inmunidad parlamentaria, sino de impunidad parlamentaria, algo que es absolutamente inadmisible.

¿Ahora el “tonto del pueblo” es el dueño de la verdad?

En su diatriba contra las Redes Sociales y el papel nocivo que estarían cumpliendo en la actualidad, Umberto Eco se refiere al papel de la prensa tradicional, tan cuestionada hoy en día. “En el viejo periódico, por muy asqueroso que fuese -dice Eco- existía un control. Pero ahora todos los que habitan el planeta, incluyendo los locos y los idiotas tienen derecho a la palabra pública”.

Y es ahí precisamente donde existe el gran lunar de las Redes Sociales, algo que no será fácil de dilucidar por más que todos los magistrados de la Corte Constitucional y de toda la Rama Judicial se pongan muy juiciosos a analizarlos. ¿Cómo ponerle control a las Redes Sociales sin afectar la libertad de expresión? ¿Quién controla? ¿Las grandes plataformas y sus poderosos dueños? ¿Facebook? ¿Google? ¿Y desde cuándo ellos son jueces para censurar, eliminar y limitar la información que circula en sus Redes Sociales? Eco tiene razón cuando afirma que Internet no solo terminó por darle poder “al tonto del pueblo”, como hizo en su momento la televisión, sino que -dice Eco- ahora el tonto del pueblo “es el dueño de la verdad”. En fin, no es fácil abordar el asunto del papel de las Redes Sociales en los tiempos que corren, aunque hay que celebrar el hecho de que la Corte Constitucional haya decidido meterle el diente a tan delicado asunto.

¿Qué hay detrás de la criminalización de la controversia pública?

Aunque -sin duda- no es fácil definir o reglamentar el papel de la Redes Sociales sin llegar a afectar la libertad de expresión, lo que no se puede permitir es el comportamiento impune de quienes hacen parte del “ejército de anónimos”, que se encargan de aniquilar a quienes piensen distinto o estén en una orilla política diferente. Esa conducta criminal sí debe ser condenada de forma implacable y contundente. Destruir en cuestión de segundos el buen nombre, la honra y la reputación de una persona, debe recibir un castigo.

Las tristemente célebres “bodegas”, desde donde salen millones de insultos y ofensas todos los días, deben acabarse, pues resultan dañinas para una Sociedad que requiere con urgencia mensajes de reconciliación, así como de debates con altura. Punto. Criminalizar la controversia pública ha resultado nocivo para un país que está lejos de alcanzar la madurez política.

Estigmatizar al contrario -o peor aún: señalarlo de delitos que jamás ha cometido- no solo lesiona su derecho al buen nombre, sino que en muchos casos podría comprometer su integridad física o su propia vida, cómo ha ocurrido recientemente con varios aspirantes a alcaldías y gobernaciones del país. En una campaña electoral no todo vale, ni todo puede permitirse. Señalar y estigmatizar a los contrarios conlleva a poner en peligro su vida.

¡Qué tal la Niña Tulia demandada por insultar!

Las relaciones interpersonales están sujetas a todo tipo de contradicciones, unas más grandes que otras. Y por esa misma razón es que no todos los insultos deben terminar en los estrados judiciales. ¡Qué tal la Niña Tulia -el célebre personaje de David Sánchez Juliao- demandada porque en medio de la discusión le dijo lo que le dijo a una de las amigas que estaban enfrentadas de pretil a pretil en un barrio de Lorica! Ese tipo de insultos nacen y mueren en esos enfrentamientos. Con el uso -pero sobre todo con el abuso de las Redes Sociales- el insulto trasciende y se multiplica de forma exponencial.

El daño causado en estos casos es mucho mayor. ¿Qué honra y buen nombre puede haber después de que millones de personas -muchas de ellas pagas- difundieron en cuestión de segundos información falsa, injuriosa y calumniosa en contra de una persona? ¿Cómo se puede resarcir el daño causado? ¿La libertad de expresión ampara la conducta criminal del victimario?

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