Córdoba es un departamento saqueado. No hay una sola dependencia que no esté siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación, que busca destapar una de las peores ollas de corrupción del país. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, está al frente de las pesquisas y en su agenda figura el departamento como una prioridad en la lucha contra este flagelo. 'En Córdoba la corrupción está manchada de sangre', dijo hace unas pocas semanas, cuando dio a conocer los primeros resultados de las indagaciones.
Esta semana, la Fiscalía General volvió a mostrar resultados en Córdoba, al ordenar la captura las hermanas Mara Graciela Bechara de Zuleta y María Fátima Bechara Castilla, propietarias y directivas de la Universidad del Sinú. La primera de ellas se desempeña como rectora de la institución educativa y la segunda es la representante legal de la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia 'George Dahl'.
Otras tres personas también fueron capturadas, entre ellas el representante legal de la empresa Conservación y Desarrollo Forestal (CDF) y un profesor de la universidad de Córdoba.
El caso más reciente que tiene conmovido al Departamento es el de la captura de las hermana Bechara Castilla, quienes hacen parte de una tradicional y muy connotada familia de Córdoba, con vínculos desde hace muchos años con sectores académicos, políticos y empresariales del Departamento. Mara Bechara es la suegra del Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, hermano del senador por el Partido de la U, Musa Besaile. A su vez es tía del Representante a la Cámara por ese mismo partido político, Raimundo Méndez Bechara, hijo de Ilse Bechara y hombre de confianza del senador Besaile. María Fátima se desempeñó como rectora de la Universidad del Sinú hasta el año de 2015.
De acuerdo con la Fiscalía General, en diciembre de 2013 el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, celebró de manera irregular convenios por la suma de 9.575 millones de pesos, que fueron financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento.
El primero de ellos se denominó Caña Flecha, tenía por objeto el desarrollo e investigación aplicado al modelo experimental, sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías, derivadas de la llamada Caña Flecha que se produce en el departamento. El mismo fue celebrado por la Gobernación, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia 'George Dahl'. El costo de este primer convenio fue de 3.000 millones de pesos, pero el avance físico del mismo apenas fue del 30,5 por ciento, según un informe de la Contraloría General.
El segundo convenio -también irregular, según la Fiscalía General- se denominó 'Agroforestal', tenía como objeto la investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en Córdoba. El costo del mismo fue de 765 millones de pesos y su avance fue apenas del 42,5 por ciento, según la Contraloría General.
La principal ficha del saqueo -al parecer- es el ex gobernador Lyons, quien estaría ultimando los detalles para regresar al país con el fin de responder por más de veinte imputaciones, entre las que se destacan concierto para delinquir, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Lyons ocupó la Gobernación de Córdoba entre 2012 y 2015. Llegó al cargo de la mano del senador Musa Besaile, de quien fue abogado en Bogotá, cuando el senador de La U debió afrontar algunas denuncias relacionadas con su función como parlamentario. Lyons ganó la Gobernación con 340.000 votos. El hecho convirtió a Musa Besaile en el 'hombre fuerte' de la Gobernación.
Una vez en el poder, el llamado Fondo de Ciencia y Tecnología del Departamento -que permite el manejo de los recursos provenientes de las regalías- se convirtió en la 'joya de la corona' y la entidad por medio de la cual se giraron los multimillonarios recursos para financiar proyectos, muchos de los cuales no pasaron del papel a la realidad.
La entonces recién creada figura del Fondo de Ciencia y Tecnología, se convirtió en la caja menor de la Administración Lyons para tratar de darle gusto a los políticos, quienes -insaciables y avarientos- se despacharon miles de millones de pesos. Una sola cifra muestra la magnitud del saqueo: entre 2012 y 2013 en Córdoba se aprobaron 1 billón, 32 mil millones de pesos para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Dónde está toda esa plata? Es la pregunta que se hacen los habitantes de Córdoba y de Montería, su capital.
Hablé con un contratista oriundo de Córdoba, cuya probidad, honestidad y transparencia no admite ninguna objeción, quien me contó -bajo absoluta reserva de su identidad- su experiencia a la hora de presentar un proyecto de desarrollo agroindustrial en su departamento. 'Celebro contratos en toda la Región Caribe y quería aportar mis conocimientos a mi departamento. Presenté un proyecto muy interesante y lo primero que me dijeron era que tenía que buscar un 'padrino' político y me presentaron a un diputado, quien de inmediato me dijo que el treinta por ciento del contrato era para el Gobernador. Hasta ahí llegaron mis ganas de trabajar en Córdoba', me contó, aterrado con los hechos, el contratista.
