El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, interpuso este martes ante el Consejo de Estado una demanda contra la Supersalud por la intervención a la EPS Sanitas.
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Para el partido opositor con esta medida incurrió en vulneración a la reserva de ley en materia de procedimiento, falsa motivación, desviación de poder, vulneración a la confianza legítima y al debido proceso, extralimitación de la discrecionalidad, configuración de arbitrariedad, ausencia de expediente y pruebas, afectación al derecho de contradicción y afectación al orden económico y social, entre otros.
Advierte la colectividad política que el Gobierno 'puso en riesgo la atención en salud de 5, 8 millones de colombianos afiliados a esta entidad'.
Córdoba dijo en este sentido: 'Como colectividad no podíamos ser ajenos frente a la grave situación que desde ya propició el gobierno del presidente Gustavo Petro en relación a la intervención de las EPS como retaliación al hundimiento de su reforma a la salud en el Congreso. Como partido de oposición estamos tomando cartas en el asunto, no podemos dejar que se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema, en donde está en grave peligro la atención en salud de millones de colombianos. No permitiremos que se siga actuando con este nivel de arbitrariedad y se pase por encima de la separación de poderes en perjuicio de los ciudadanos'.
Cambio Radical hace énfasis en el documento en aparentes graves inconsistencias y hechos que se presentaron por parte del Gobierno con respecto a la intervención de EPS Sanitas y que 'evidencian las motivaciones políticas de tomarse esta entidad de manera arbitraria'.
De esta manera el Partido opositor observa que se configuraron motivaciones como 'una clara desviación de poder derivada del hundimiento de la reforma a la salud, la aplicación de una medida confiscatoria o expropiatoria de la Asamblea de Accionistas de EPS Sanitas; una falsa motivación, justificada en que en agosto de 2023 la Superintendencia de Salud renovó la autorización de EPS Sanitas por 5 años, sin embargo, en menos de 8 meses señaló que incumplía la ley y no tenía patrimonio para existir; toda la determinación de la toma de posesión se dio en 2 días, en consonancia con la Procuraduría no se evidencia la existencia de expediente, soporte probatorio, ni traslados para ejercer defensa y contradicción; y clara afectación al orden económico por el pánico que genera la intervención a una de las EPS con mayor número de afiliados'.
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La solicitud de la colectividad es que el Consejo de Estado deje sin piso la resolución de intervención de esta EPS que atiende casi 6 millones de colombianos, garantice un debido proceso y 'haga respetar la institucionalidad y la voluntad de los ciudadanos que no quieren la estatización del sistema de salud'.



















