BOGOTÁ. El representante Óscar Campo, de Cambio Radical, denunció este martes que el fracaso del programa de sustitución de cultivos del gobierno del presidente Gustavo Petro ha alimentado la violencia en el Cauca.
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Petro, indica el parlamentario, “ha frenado el proceso y abandonado a las comunidades que creyeron en el cambio. El reciente secuestro de 57 militares en el norte del Cauca es un hecho alarmante, pero no aislado. Este tipo de actos violentos se enmarcan en un contexto más amplio de incumplimiento institucional y debilitamiento del Estado en zonas donde persisten las economías ilegales”.
Agrega en este sentido el legislador opositor que “la apuesta del Gobierno por reemplazar la hoja de coca con oportunidades reales se quedó en la retórica. Han asfixiado el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y fallado también en su renegociación”.
Así mismo, el congresista aseguró que se congeló el presupuesto de 2025 por baja ejecución: “Desde el 18 de diciembre de 2024 hasta el 30 de abril de 2025, más de 75.000 familias campesinas que se acogieron a este programa no recibieron los recursos que les prometieron”.
Y concluyó que en el Cauca y Catatumbo “han sido afectadas más de 4.000 y 2.000 familias respectivamente. A nivel nacional, se perjudica tanto a las familias que siguieron con el PNIS de 2017 como a las que renegociaron su proyecto bajo el actual Plan de Desarrollo. De las cerca de 65.000 familias que aceptaron la propuesta de renegociación, solo 5.800 recibieron insumos parciales, y ninguna ha ejecutado su plan de inversión completo. En el Cauca, la situación es aún más crítica: no se registra ni una sola familia con cumplimiento pleno”.
Finalmente, expuso que a nivel nacional, “de las más de 73.000 familias activas con derecho a un proyecto productivo de ciclo largo, (son proyectos diseñados para que las familias que sustituyen los cultivos ilícitos, puedan tener ingresos legales sostenibles a largo plazo) solo 511 han recibido todos los pagos. En el Cauca, de las cerca de 3.609 familias, ninguna ha recibido la totalidad de los beneficios”.
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“El abandono institucional no solo perpetúa la economía ilegal, sino que deja a las familias en manos de los violentos. Las mentiras e incapacidad del Gobierno en la sustitución no son nuevas: en 2023 solo ejecutaron el 19% de los $769 mil millones del PNIS, y en 2024 redujeron el presupuesto a $50 mil millones para alcanzar el 92% de la ejecución presupuestal”, concluyó.
