El proyecto de reforma a la justicia sigue generando polémica en el país debido a que el Gobierno nacional pretende eliminar algunos delitos penales con el objetivo de acabar el hacinamiento en las cárceles del país.
{"titulo":"¿Es compatible la reforma a la justicia con clamor por seguridad de alcaldes?","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/es-compatible-la-reforma-la-justicia-con-el-clamor-de-seguridad-de-los-alcaldes-976671"}
Luego de radicar el pasado lunes ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley que reforma la justicia y humaniza el sistema penitenciario y carcelario del país, el Ministro Néstor Osuna, ha salido a explicar los puntos que han generado polémica del texto que presentó.
Este jueves, durante la Audiencia Pública, convocada por la Comisión Accidental para el Seguimiento Vigilancia y Control a la Situación Penitenciaria y Carcelaria de Colombia, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que para el 2023, el sistema penal y penitenciario va a gastar 3.1 billones de pesos en el sostenimiento de las cárceles.
De acuerdo con el ministro, actualmente hay alrededor de 120.000 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y aseguró que 'cada uno le cuesta al Estado en promedio $ 2.6 millones por mes, más de lo que ganan muchas familias colombianas. Con ese dinero podríamos hacer algo mejor que haber llegado a esa crisis del sistema penitenciario'.
{"titulo":"'Reforma a la justicia no está en contraposición a nuestra propuesta'","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/alcalde-jaime-pumarejo-su-llegada-palacio-dijo-que-quien-no-sea-un-peligro-para-la-sociedad"}
Así mismo, indicó que 'actualmente las cárceles, en lugar de resocializar y preparar a las personas para reintegrarse a la sociedad, lo que hacen es perfeccionar las formas de delinquir con técnicas cada vez más sofisticadas, audaces y crueles'.
Cabe recordar, que en varias oportunidades, Osuna, así como el presidente Gustavo Petro, han manifestado que la reforma a la justicia debe tener como pilar que los centros penitenciarios y carcelarios, deben asegurar que la resocialización sea un proceso efectivo para erradicar la reincidencia y no sean convertidos en universidades del delito.
