El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, reiteró ayer la “preocupación” de esta oficina por la reforma al fuero militar promulgada el pasado jueves por el Gobierno Nacional.
“En 2012 hubo varios avances del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, la reforma del fuero militar constituye un retroceso”, aseguró Howland en un comunicado.
Desde el inicio de su trámite en el Congreso, la ONU rechazó la forma que fue tomando este acto legislativo, impulsado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, con el objetivo de regular la actuación de los agentes del Estado en servicio.
La enmienda, que reforma tres artículos de la Constitución, dispone que un tribunal penal militar juzgue las infracciones cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, que regula la guerra.
Según el comunicado de Naciones Unidas, la reforma al fuero “contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos”.
Advierte que la “norma básica de referencia”, que debe guiar al Estado colombiano y a los demás es sencilla: “las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de la competencia de la justicia penal militar”.
Y agrega que “la competencia penal militar es excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas por personal en servicio activo”.
Asimismo, recuerda que el sistema regional de protección de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, también ha sido “contundente” al rechazar esta reforma constitucional.
Igualmente, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se refirió al renovado fuero al confiar en que las autoridades colombianas demuestren que las preocupaciones por los recientes cambios aprobados en la jurisdicción militar “son infundadas”.
BOGOTÁ.
EFE
