El Heraldo
Colombia

Defensor del Pueblo denuncia amenazas a comunidades de Bogotá y paro armado en Chocó

Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo.

 

A la arremetida de la guerrilla de las Farc en las últimas dos semanas se suma la denuncia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre amenazas que presuntos miembros del frente 53 de este grupo armado ilegal han realizado sobre líderes comunitarios de varios barrios del nororiente de Bogotá.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ya le envió un informe de riesgo de inminencia al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en el cual se recogen las amenazas de atentar contra la infraestructura del acueducto comunitario que surte de agua a 14.500 habitantes de los barrios altos de Chapinero y Usaquén.

La Defensoría del Pueblo recibió las denuncias de los dirigentes de la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios (Acualcos), quienes aseguran que desde hace tres semanas vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones por parte de presuntos integrantes del frente 53 de las Farc.

Según información de la comunidad, la Dirección de Derechos Humanos del Distrito ya ha sido informada de las amenazas sin que hasta el momento la Administración Distrital haya tomado medidas para proteger la vida de estos líderes y ni la infraestructura del acueducto comunitario.

Al recordar los anuncios del grupo armado ilegal de realizar nuevos actos de violencia, Otálora Gómez aseguró que el monitoreo realizado por el SAT de la Defensoría detectó que la población civil de los municipios de Pueblo Rico, Apía y Santuario (en Risaralda), Riosucio y Anserma (en Caldas) y Quibdó, Atrato, Cértegui, Cantón de San Pablo, Unión Panamericana y Tadó (en Chocó), está en alto riesgo ante la amenaza de paro armado proveniente de las Farc, a partir de mañana viernes primero de febrero.

“Esta situación afectaría la movilidad, el transporte de pasajeros, carga, medicamentos y productos básicos para la sobrevivencia de la población, por lo tanto la Defensoría del Pueblo le solicita al Ministerio de Defensa y a las demás autoridades competentes, tomar las medidas de seguridad y de protección de los habitantes de la zona, especialmente a niños, mujeres y comunidades vulnerables (indígenas y afrodescendientes)” agregó Otálora Gómez.

 

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