
El Juez 27 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a 4 de los presuntos responsables del atentado en contra del exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos.
La Fiscalía imputó cargos a los procesados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, terrorismo, utilización de menores para cometer delitos y tráfico, fabricación y porte de armas y explosivos. Ninguno de los imputados aceptó su responsabilidad en los hechos.
El fiscal antiterrorismo a cargo del caso sostuvo que Ulises Castellanos Beltrán, César Augusto Ramírez Gómez, Nelson Eduardo Aguirre Castañeda y Fernando Collazos Aguirre el 15 de mayo de 2012 participaron en la acción terrorista perpetrada en contra de Londoño Hoyos en la Calle 74 con Avenida Caracas, norte de Bogotá, mediante una bomba lapa que un menor de edad adhirió al vehículo en el que iba el exministro del Interior.
La explosión de ese artefacto causó la muerte del conductor del vehículo José Ricardo Ramírez Rodríguez y del escolta de la Policía Nacional Rosemberg Burbano Ramos. Otras 48 personas, entre ellas el exministro, resultaron heridas.
De acuerdo con lo explicado por el fiscal, gracias a las interceptaciones telefónicas realizadas se ubicó a los responsables de la acción terrorista, que fueron capturadas durante 15 allanamientos y registros practicados en Bogotá y Cali.
El juez de garantías ordenó la reclusión de los 4 procesados en la cárcel La Picota de Bogotá.
Medida de internamiento para menor de edad
Un Juez de menores de la capital del país profirió medida de internamiento preventivo en contra del menor de edad quien presuntamente habría colocado la “bomba lapa” en el atentado contra el exministro Londoño.
La medida de internamiento, una figura similar que normalmente se conoce como medida de aseguramiento para adultos, fue dictada por el juez quien consideró que el menor sería presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, lesiones personales, terrorismo y concierto para delinquir.
La solicitud de la medida de internamiento fue hecha por un fiscal de Infancia y Adolescencia, a quien los padres del menor de edad le autorizaron realizar la práctica de pruebas científicas como una muestra de sangre que será cotejada con pruebas obtenidas en el lugar de los hechos.
El menor no aceptó los cargos.
El juez de menores ordenó a la Policía Nacional extremar las medidas de seguridad del menor en la Escuela de Trabajo El Redentor, donde permanecerá internado por cuatro meses mientras empieza el juicio en su contra.