Luego de ratificar que acata las medidas cautelares dictadas por el Juez 22 Civil Municipal en el caso de la tutela interpuesta por Samuel Tcherassi Solano y otros, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo anunció ayer que presentará los recursos y peticiones de nulidad en contra de las actuaciones del togado, por considerarlas 'abiertamente ilegales'.
En su visita ayer a Barranquilla para conocer la situación en torno a la Cámara de Comercio, Pablo Felipe Robledo reiteró su posición en el sentido de que un juez de rango municipal no puede conocer de tutelas contra una entidad del orden nacional descentralizada por servicios, como es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio. Según sus declaraciones, dicha competencia la ostenta solamente un juez del circuito.
Ante esta circunstancia, el Superintendente anunció que presentará denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el juez 22 Civil Municipal, Abelardo Andrade Meriño, por los posibles delitos de prevaricato, fraude procesal y falsedad en documento público.
En ese sentido, el funcionario recordó que en su momento él y otras voces cuestionaton la competencia del Juez. Inclusive, recordó que la semana anterior la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial le envió una comunicación al togado, donde le pedía que devolviera la acción de tutela, tras reconocer que hubo un error en el reparto del recurso jurídico.
Adicional a lo penal, presentará denuncia disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico por las presuntas irregularidades ocurridas en el trámite de la acción de tutela contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia frente a las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, realizadas el pasado 5 de julio. En ellas, la SIC declaró inválidas dichas elecciones, ordenó la depuración del censo y la realización de nuevos comicios, que habían sido programados para el próximo 20 de diciembre.
Sin embargo, el juez Andrade Meriño, en el auto admisorio de la tutela y con el decreto de medidas cautelares, fechado el pasado 12 de octubre, ordenó la suspensión de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia en septiembre y octubre pasado.
Las dudas del Súper. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, también advirtió sobre algunas dudas que surgen relacionadas con el trámite del recurso jurídico presentado por Samuel David Tcherassi y otros.
Para el funcionario del orden nacional, resulta extraño que el auto admisorio fuera dado a conocer casi dos meses después de que el Juez lo firmara y tres días después que se le pidiera devolver la tutela para repetir el reparto.
'Lo que debe preguntarse la ciudadanía es que en un caso tan sonado, tan publicitado, de tanto interés y de tanta importancia para la ciudad de Barranquilla, si es verdad que esa providencia se hubiera proferido el 12 de octubre, día en que la justicia estaba en paro, por qué ese Juez no le había contado a la ciudad que él había suspendido ese proceso electoral. A nosotros nos parece que ahí hay una situación bastante irregular y que seguramente el Juez dijo haber proferido esa providencia el 12 de octubre, para evadir la instrucción de la Dirección Ejecutiva de regresar el expediente', expresó el Superintendente en su visita a EL HERALDO.
Según dijo Pablo Felipe Robledo, hay dudas que con relación a la actuación del togado y muchas las sospechas sobre el trámite de la tutela.
El funcionario aseguró que tienen en su poder los pantallazos del sistema de la Rama Judicial que muestra que no reportó ningún movimiento en ese expediente, pues le venían haciendo un seguimiento a dicha acción de tutela, dada la importancia para la Cámara de Comercio de Barranquilla y la ciudad.
'Si es verdad que el Juez la profirió ese día (el 12 de octubre, al día siguiente de ser presentada por los supuestos afectados con las decisiones de la SIC), cómo es posible que un Juez de la República permitió que en esta ciudad se debatiera durante dos meses si era o no competente, cómo es posible que haya sabido que se abrieron elecciones, que se había depurado el censo, que se hayan programado unas elecciones y el Juez no hay dicho nada. Por esa razón no creo que la resolución haya sido expedida el 12 de octubre', aseguró Robledo.
Depuración del censo. El Superintendente de Industria y Comercio avaló el proceso de depuración que adelantó la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio siguiendo las directrices de la Junta Directiva Provisional, en cumplimiento de lo ordenado por la SIC.
Los resultados de la depuración del censo indican que de los 5.806 afiliados a Camcomercio de Barranquilla, solamente 2.166 cumplen los requisitos para detentar dicha condición, y por ende 3.640 fueron desafiliados por no cumplir los requisitos establecidos en la ley y los estatutos, según depuración del censo electoral efectuado por la Junta Directiva Provisional de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Por Denis Contreras Mercado
