Un nuevo capítulo se escribe en el caso de la tutela interpuesta por Samuel David Tcherassi Solano y otros contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la decisión de invalidar las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, realizadas el 5 de julio de 2012, debido a las irregularidades que detectó la Super en ese proceso.
La Fiscalía General de la Nación ordenó la 'radicación especial' para el trámite de la denuncia penal que la Superintendencia interpuso contra el juez 22 Civil Municipal de Barranquilla, Abelardo Tercero Andrade Meriño y la secretaria del Juzgado, Leda Guerrero De la Cruz, por los presuntos delitos de prevaricato y falsedad ideológica en documento público, dentro de la tramitación de la tutela.
La Superintendencia considera que los dos funcionarios tendrán que explicar varias de las actuaciones en el trámite de la tutela, pues la entidad encontró que el informe secretarial de ingreso del recurso está fechado el 6 de diciembre y el Juez 22 Civil expidió la providencia el 12 de octubre. Según la Super, esto significa que primero se admitió la tutela y casi dos meses después se hizo el ingreso.
En enero pasado, el Juez 22 falló la tutela a favor de Tcherassi, dejando sin piso las decisiones de la Superintendencia en cuanto a la invalidación de las elecciones. Dos semanas después, Carlos Murgas y César Lorduy impugnaron el dictamen del Juez, correspondiéndole a la Juez Sexta Civil del Circuito, Ana Sulbarán Martínez, el estudio del caso.
Al ser consultado sobre la decisión de la Fiscalía, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dijo que es una gran noticia para la justicia, la ciudad y la comunidad en general, pues la entidad ha logrado probar varias irregularidades, como por ejemplo, que hubo fraude en el reparto de esa acción de tutela.
'La Fiscalía deberá investigar lo que ocurrió en el reparto y desenmascarar a quienes manipularon el sistema y quiénes son sus actores intelectuales, igual que procesar a quienes constituyeron las 1.500 S.A.S. de manera irregular', manifestó Robledo.
Sin embargo, el Superintendente insiste en que 'hay que esperar el resultado de las investigaciones y confiar en la justicia, que más temprano que tarde, terminará probando lo que hemos denunciado desde hace varios meses'. Agregó que el despacho del Fiscal General tomó esa decisión de radicación especial, seguramente, 'advirtiendo la importancia de este caso, la gravedad de los hechos denunciados y la contundencia en las pruebas'.
Sobre impugnación. Por otro lado, el fin de semana también se conoció una comunicación del Consejo Seccional de la Judicatura, dirigida a la Juez Sexta del Circuito, quien debe decidir, en segunda instancia, sobre la impugnación del fallo de tutela del Juez 22 Civil Municipal presentada por Carlos Murgas y César Lorduy, como miembros de la actual Junta Directiva de Cámara de Comercio.
En la comunicación le piden a la Juez informar si ese despacho solicitó un concepto jurídico a la Procuraduría General de la Nación sobre actuaciones internas de la Oficina Judicial de Barranquilla, concretamente, sobre el acto de reparto de la acción de tutela contra la Superintendencia.
Para el Consejo Seccional de la Judicatura este tipo de conceptos es algo novedoso procesalmente, pues la Procuraduría no es parte en este tipo de actuación tutelar.
La Juez Sexta tiene hasta el próximo 14 de marzo para decidir sobre la impugnación.
Por Denis Contreras Mercado
