El Heraldo
El laboratorio Novartis es el productor del Glivec, para un tipo de cáncer. Archivo
Colombia

La historia detrás de la pugna para bajar precio de medicinas costosas

Expertos aplauden la declaratoria de interés público del Glivec, droga contra el cáncer. Agremiación de farmacéuticas la califican como “una medida exótica” y advierten que la “discrecionalidad” en este sentido “siempre es una mala política pública”.

Luego de que esta semana el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, anunciara que expediría una declaratoria de interés público para el medicamento Imatinib –usado para tratar ciertos tipos de cáncer, como la leucemia mieloide crónica y tumores gastrointestinales– con el fin de reducir su precio, al no llegar a un acuerdo con la farmacéutica suiza Novartis, se desataron opiniones diversas alrededor.

El tratamiento anual por paciente vale en el país unos $60 millones Norvartis ganó en el país $400 mil millones, entre 2008 y 2014, por este medicamento.

Explicó el Ministro que la medida quiere decir que el laboratorio mantendrá la exclusividad para comercializar el fármaco –utilizado para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica–, pero deberá hacerlo a un precio que será fijado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (conformada por un delegado de la Presidencia y ministros de Salud y Comercio).

La declaratoria se da a raíz de una solicitud en este sentido realizada por la sociedad civil en 2016, por lo que la cartera de Salud, hace dos semanas, se sentó a negociar con el laboratorio para que el precio del medicamento –que Novartis comercializa con el nombre comercial de Glivec– estuviese en un rango similar al que tendría en condiciones de competencia. No obstante, no se llegó a un acuerdo, pero según Gaviria quedaron “en buenos términos”.

Por ello el Ministerio resolvió expedir una resolución que declarará de interés público la molécula Imatinib, “con el objetivo preponderante de reducir su precio”.

Había otra opción que estaba planteada, que era la de la licencia obligatoria, pero Gaviria aseguró que con esta, a través de la cual podrían entrar competidores genéricos al mercado, había “mayores riesgos para la sostenibilidad financiera del sistema de salud”, y que solo se acudiría a ella “en casos de desabastecimiento”.

Ulahy Beltrán López y Jaime Arias Ramírez.

Lo que dice Acemi

Al respecto, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Jaime Arias, consideró, en diálogo con EL HERALDO, que “fue un final bien interesante porque en un momento dado estuvo muy complejo el tema de la patente frente al interés de salud pública, y el ministro tuvo un viraje porque inicialmente hablaba de unas licencias obligatorias, pero al final acudió al mecanismo del control de precios, evitando un conflicto jurídico mayor y un tema difícil en otras áreas de gobierno, como lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio”.

Señaló Arias calificando esta decisión como “un mensaje muy claro del Ministerio” en relación con los medicamentos de alto costo, “en el sentido de que el interés del sistema está por encima del interés que pueda tener en un momento dado una casa farmacéutica”.

Opinión de experto

El médico cirujano, especialista en gerencia de servicios de salud y seguridad social latinoamericana, Ulahy Beltrán López, dijo a este diario que las medidas legales que adelante el Gobierno para garantizar que los colombianos tengan acceso a todos y cada uno de los servicios de salud, que requieren para el tratamiento de las enfermedades que padecen, “resultan bienvenidas porque así el Estado está respetando y está haciendo respetar el derecho a la salud de los ciudadanos de este país, donde históricamente ha venido siendo vulnerado”.

Explicó el también asesor y consultor en salud que en el caso del Imatinib, el laboratorio Novartis mantendrá, en principio, la exclusividad para comercializar dicho fármaco, pero ahora deberá hacerlo a un precio significativamente menor y que será fijado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Y consideró que “el hecho de que el Gobierno colombiano utilice por primera vez esta herramienta jurídica marca un precedente importantísimo en la salud pública de este país”.

Señaló que con esta medida se consigue, además, “preservar la sostenibilidad financiera” del sistema de salud, lo que, destacó, resulta “absolutamente necesaria” para poder garantizarles el derecho a la salud a los colombianos, tal y como lo establecen la Constitución y la Ley Estatutaria de Salud.

Oposición de Afridro

En cambio, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos, Afidro, a través de un comunicado, puso de presente su descontento al indicar que “es una medida discrecional y aleatoria”, y la criticó: “Parece que el Gobierno no cree en su propia política de precios”.

Justificó su opinión al señalando que en Colombia existe una política transversal de precios desde hace varios años, “aplicada y acatada tanto por el Gobierno como por la industria farmacéutica”. Por lo que consideran como inadecuada una declaratoria de interés público para reducirle el precio al Imatinib, “teniendo en cuenta que ya es un producto controlado en su precio, que se encuentra en el POS y sobre el cual los pacientes no han tenido problemas de acceso”.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud.

Igualmente, aseguró que la medida genera un precedente de inestabilidad que, “más allá del buen criterio del ministro Alejandro Gaviria, podría ser utilizado arbitrariamente a futuro”.

Señaló en este sentido que “si no hay razones de interés público para expedir una licencia obligatoria, tampoco las hay para aplicarle un nuevo control de precios”. Y advierten que la aplicación “discrecional” de medidas excepcionales “siempre es una mala política pública”.

Dijo Afidro que adoptar esta decisión es “sembrar una semilla de incertidumbre en la política de precios vigente”; aseguró que hará imposible saber si las reglas generales vigentes son las aplicables o si cada producto farmacéutico, nacional o extranjero, innovador o genérico, “estará sometido a la aplicación de figuras exóticas”. No obstante, reconocen que el Gobierno, al abstenerse de acudir al mecanismo de la licencia obligatoria, “protegió la confianza de los agentes económicos en nuestro régimen de propiedad intelectual”.

Académicos apoyan

Hace un par de días, 104 académicos, abogados y economistas, reconocidos en los campos de la salud pública, propiedad intelectual y comercio internacional, enviaron una carta al presidente  de la República, Juan Manuel Santos, manifestándole su apoyo a la decisión de bajar el precio de este tipo de medicamentos

En la misiva, entre cuyos suscriptores se encuentran Warren Kaplan, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Pauline Newman, célebre profesora estadounidense de derecho, se recuerda que “el Artículo 31 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual permite a los miembros de la OMC, incluida Colombia, emitir licencias obligatorias en cualquier momento por razones de su elección”.

Condenaron, además, cualquier presión ejercida contra Colombia, refiriéndose al documento publicado por el diario norteamericano Huffington Post en el que se advierte que el dinero del plan Paz Colombia se podría ver afectado por este asunto.

“Apoyamos el esfuerzo del Gobierno colombiano para aumentar el acceso a medicamentos asequibles y esperamos que este comunicado ponga fin a cualquier preocupación con respecto a la legitimidad internacional de las licencias obligatorias”, se lee en la carta.

En el congreso de Estados Unidos

Paralelo a esta manifestación, quince congresistas demócratas de los Estados Unidos enviaron una comunicación al representante comercial de ese país, Michael Froman, exigiéndole conocer la posición del gobierno norteamericano frente al caso, debido a las presiones que desde el legislativo de ese país se hicieron llegar contra Colombia.

Hace referencia dicha misiva a que Andrés Florez, encargado de asuntos de negocios de la embajada colombiana en Washington, señaló en documento dirigido a la canciller María Ángela Holguín que “dado el directo relacionamiento que hay entre un grupo significativo de congresistas con la industria farmacéutica en EEUU, el caso de Glivec es susceptible de escalar hasta el punto de crear un inconveniente en la aprobación de los recursos de la nueva iniciativa Paz Colombia, así como una disputa dentro de los términos del TLC”.

Holguín, por su parte, dijo hace unas semanas a EL HERALDO que espera que todo este revuelo no afecte el plan Paz Colombia.

Respaldo de la OMS

La subdirectora de Sistemas de Salud e Innovación de la OMS, Marie-Paule Kieny, dirigió una carta al Minsalud en la que pone de presente que los países miembros de la Organización no tienen limitantes al momento de declarar de interés público un medicamento.

Cada país “es libre de determinar los motivos por los que una licencia obligatoria puede ser concedida en sus leyes nacionales”, y se agrega: “las licencias obligatorias son una herramienta que pueden utilizar los miembros de la OMS donde las patentes se convierten en un obstáculo para el acceso a un tratamiento asequible”. Y recordó que desde el año pasado este producto hace parte del listado de medicamentos esenciales.

Control de precios desde hace 3 años en Colombia

En diciembre de 2013 el presidente Juan Manuel Santos anunció el control de precios a 334 medicamentos adicionales, los cuales se vendían en el país a alto costo. De la misma manera incorporaron al POS 70 nuevos tratamientos.

En promedio la reducción de los precios para los colombianos fue del 40%. Y con esta medida pasaron a ser 546 los medicamentos con precios controlados, pues dos meses atrás ya habían sido objeto de la medida unos 200.

Algunos de estos  medicamentos fueron el Esomeprazol inyectable, un medicamento que se utiliza para la gastritis, que bajó 24%. Hay dos tipos de Insulina que disminuyeron en promedio 50%. El Meropenem, un antibiótico de alta gama para infecciones resistentes, bajó 45%. Y la Quetiapina, para la esquizofrenia, bajó 47%.

Asimismo, se incorporaron al POS 70 nuevos tratamientos como los del cáncer de mama, para el cáncer gástrico, para el cáncer de próstata y el cáncer de colón, que están entre las principales causas de mortalidad en el país.

También se incluyó la extracción de próstata por laparoscopia y la radioterapia de precisión, para los pacientes que padecen de cáncer gástrico, así como medicamentos para tratar la esclerosis múltiple, la depresión, para evitar muertes y secuelas en los bebés prematuros, para la artritis reumatoide, incluido el Adalimumab, uno de los más costosos y más requeridos.

Los cinco más costosos

1. Miglostat (Zavesca) $26.153.000. Para la enfermedad de Gaucher tipo 1 leve-moderada, por la cual pueden aumentar el tamaño del hígado y el bazo. También se usa para la enfermedad de Niemann-Pick C, que altera movimientos oculares, el equilibrio, la memoria o la deglución

2. Ipilimumab (Yervoy) $15.644.444. Para el melanoma o cáncer de piel más avanzado y metastásico

3. Trióxido de arsénico (Trisenox). $15.609.048. Contra el cáncer en la sangre y en la médula ósea.

4. Lenalidomida (Revlimid). $12.061.770. Para el mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la sangre.

5.  Vismodegib (Erivedge). $11.281.769. Para el carcinoma de células basales metastásico o el carcinoma de células basales localmente avanzado.

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